Con este objetivo se ha creado un grupo de datos abiertos que revisa en estos momentos las bases de datos del Ministerio para abrirlas a la sociedad, además de adaptar los nuevos desarrollos tecnológicos en el sector Justicia a formatos abiertos y reutilizables.
Durante su intervención, la secretaria de Estado ha destacado el Plan 2015 de aceleración de la Justicia en entornos digitales como un instrumento eficaz para favorecer el emprendimiento, mejorar la prestación y ofrecer una Justicia móvil y disponible las 24 horas. La Justicia digital no solo optimiza los procesos y la respuesta dada a los intervinientes en un proceso judicial, también multiplica los efectos sobre el tráfico jurídico gracias a la reducción de incertidumbres y el aumento de la seguridad jurídica.
Otra de las ventajas que ofrece una Justicia digital, según ha explicado Sánchez-Cortés, es la creación de oportunidades de negocio que requieren la implicación de empresas y emprendedores que generen soluciones digitales de futuro tanto en el ámbito público como en el privado. Así, las iniciativas que el Ministerio de Justicia va a desarrollar y demandar en los próximos años necesitarán proveedores tecnológicos que aporten nuevas utilidades o perfeccionen las ya existentes. También la transparencia y el acceso fácil a la información son dos atributos fundamentales que el Plan 2015 incorpora al funcionamiento de la Justicia.
Reglamento Europeo
Sánchez-Cortés ha destacado la nueva cultura de protección de datos personales que aporta la propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobada hace dos semanas y que ahora se tramita en el Parlamento Europeo. Además del refuerzo de la protección de los ciudadanos, incorpora mayor flexibilidad para su adaptación por los distintos Estados miembros y da facilidades para su cumplimiento por las pymes.
Establece también un marco normativo definitivo que armoniza la regulación de diversos derechos como el de acceso, rectificación, borrado -incluido el derecho al olvido- portabilidad de los datos, oposición y el derecho a no quedar sujeto a una decisión basada en el tratamiento automático, incluidas las modernas técnicas de perfilado.
Además, clarifica las obligaciones de los responsables de los ficheros, incluye la garantía de la independencia de las autoridades de supervisión y establece un sistema de resolución de controversias próximo al ciudadano.
