Los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de Economistas de España, Carlos Lesmes y Valentín Pich, respectivamente, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambos organismos para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación e información en el ámbito jurídico-económico para los colectivos a los que representan.
Para Valentín Pich, “con este convenio se busca incrementar la cooperación entre los jueces y economistas que intervienen en los litigios de carácter económico-empresarial, con la intención de posibilitar un mutuo enriquecimiento en el desarrollo de sus funciones que redunden en una mayor agilidad de los procedimientos”.
Entre las propuestas de colaboración definidas en el convenio están:
- La participación y colaboración de miembros de la carrera judicial en las actividades relacionadas con cuestiones de interés común que organice el Consejo General de Economistas y viceversa.
- La organización y realización conjunta de acciones formativas y de difusión en el ámbito jurídico-económico.
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La realización de investigaciones y publicaciones de forma conjunta sobre las actividades que ambos organismos consideren de interés, incluyendo estudios estadísticos en materia jurídico-económica.
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La difusión entre miembros de la carrera judicial y del Consejo General de Economistas de publicaciones y trabajos que la Comisión de Seguimiento estime de interés para ambos colectivos.
Para la consecución de estas actividades se prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por dos representantes de cada uno de los dos Consejos. Así, por parte del Consejo General del Poder Judicial integrarán esta comisión un vocal y un letrado designado por la Comisión Permanente de este Consejo y, en el caso del Consejo General de Economistas formarán parte de la misma dos representantes que designe el órgano estatutariamente competente para ello.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
El Consejo General de Economistas coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 56 Colegios existentes.
La mediación, “clave”en la modernización de la Justicia
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, puso de manifiesto este martes (acto que ilustra la foto superior) la importancia de que las instituciones sigan impulsando la mediación como mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos. La mediación, ha afirmado Lesmes, es “una forma de justicia económica, eficaz y rápida” y, como tal, es una herramienta eficaz para contribuir a la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva.
Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura del Día Europeo de la Mediación, que se ha celebrado hoy en el Consejo General del Poder Judicial y que ha contado con la presencia de la magistrada del Tribunal Supremo y vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Lourdes Arastey Sahún. Asimismo, entre otros, han asistido los vocales del CGPJ encargados de mediación: Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. Este año se conmemora el 21º aniversario de la aprobación por el Consejo de Europa de la Recomendación Número R (98)1 sobre Mediación Familiar, que supuso un hito en el impulso y desarrollo de la mediación a nivel europeo.
En opinión del presidente del Supremo, la mediación es un “elemento clave para la modernización de la Justicia” que contribuye a dar respuesta ante una de las demandas de la ciudadanía, como es la solución de sus conflictos. El desarrollo de este mecanismo, en el que el CGPJ está “plenamente implicado”, es una obligación que viene recogida en la Directiva 2008/52/CE, por la que la Comisión recomendó a los Estados miembros “intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación” y que el Parlamento Europeo hizo suya en septiembre de 2017.
Estas recomendaciones han llevado al Consejo de Ministros a aprobar en fechas recientes un Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación que, entre otras medidas, opta por reforzar la cualificación y especialización profesional de los mediadores. En definitiva, la mediación es una realidad cuyo avance y desarrollo no tiene marcha atrás.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ señala que en las sociedades democráticas modernas, el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se traduce en el derecho a una sentencia legal; es también “el derecho a obtener una solución satisfactoria y eficaz de los problemas”. Los Estados, por lo tanto, deben preocuparse por poner a disposición de la sociedad diversos sistemas de resolución de conflictos, de tal forma que los ciudadanos puedan ocuparse de gestionarlos y, solo cuando eso no sea posible, acudan a la Justicia.
Diálogo y consenso
Tras recordar que la normativa europea no concibe la mediación ni otros procedimientos alternativos de solución de conflictos como “sustitutivos de los procedimientos judiciales”, Lesmes ha señalado que potenciar estas herramientas “y crear servicios para hacerlas realidad, es una vía perfectamente útil, y con resultados contrastados” para alcanzar el objetivo de acceder a la justicia; es decir, para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental.
Mejorando la calidad y los niveles de eficacia de la mediación, ha concluido Lesmes, “estaremos proporcionando a la sociedad una forma de alcanzar justicia basada en el diálogo y el consenso, elementos siempre conformadores de la convivencia pacífica a la que todos aspiramos”.
Desde hace años, el CGPJ ha dado muestras de su compromiso con el desarrollo de la mediación. Prueba de ello son los convenios firmados con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia; la colaboración institucional con las organizaciones representativas de los principales operadores jurídicos (fiscales, abogados, procuradores); o los acuerdos firmados con entidades, organizaciones, asociaciones y colectivos especializados.
El Consejo también ha trabajado en la formación de los jueces en materia de mediación, así como en la información y difusión de este mecanismo mediante la elaboración y distribución de material informativo y divulgativo.
