La participación rondó el 50 por ciento, un resultado "normal" para los referendos de alcance federal.
Los ciudadanos decidieron secundar la opción preferida por el Gobierno, que había rechazado las tres iniciativas y que mostró su satisfacción por el resultado. La ministra suiza de Justicia, Simonetta Sommaruga, se mostró satisfecha y "sorprendida" del claro rechazo a la iniciativa sobre inmigración. "Una aceptación del texto no habría resuelto ningún problema ecológico pero hubiera causado grandes problemas a nuestro país", afirmó.
Los medios económicos también mostraron su satisfacción, dado que rechazaban las tres propuestas porque podían poner en peligro tanto la estabilidad financiera, como la capacidad de maniobrar en el mercado laboral. "Al decir que no a la iniciativa sobre la inmigración, nuestros compatriotas han demostrado que no quieren envenenar más las relaciones con la Unión Europea", afirmó Rudolf Minsch, economista jefe de la principal patronal, Economiesuisse.
Minsch se refería al hecho de que el pasado febrero, se aprobó en referéndum una iniciativa para limitar la inmigración restableciendo cuotas. Precisamente, el gran argumento usado por el Gobierno para rechazar la propuesta fue los problemas que la entrada en vigor de una iniciativa similar a la aprobada en febrero acarrearía para las relaciones con la Unión Europea, ya de por sí muy tensas.
El texto aprobado hace diez meses dio tres años al Gobierno para adaptar las leyes, para lo cual no le queda otra alternativa que renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE, aunque Bruselas ya ha advertido de que dicho principio no es negociable. Esto afecta a programas educativos de intercambio comunitarios, como las becas Erasmus +, asi como a la cooperación científica dentro del esquema de desarrollo e innovación Europa 2020.
La propuesta sobre los privilegios fiscales de los ricos la habían presentado los países de izquierda que entendían que la prerrogativa viola la igualdad fiscal, es una herramienta de evasión fiscal, y una traba a la lucha contra la criminalidad económica. Unos argumentos que no han calado en la población, que ha decidido mantener el statu quo y dejar que sean los cantones los que decidan si mantienen o no este sistema. Según la ministra suiza de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, con esta decisión se ha respetado el federalismo. "El sistema perdurará mientras no haya presión internacional", afirmó.
Con respecto a la iniciativas sobre el oro, sus promotores pretendían "salvaguardar la independencia monetaria de la Confederación", pero el Gobierno y el Parlamento entendían que lo único que hubiera ocurrido si se aprobaba la propuesta era que el BNS tendría menos margen de maniobra para establecer la política monetaria, y que irremediablemente se perderían ingresos.
El rechazo fue claro, dado que los 26 cantones de la Confederación Helvética votaron en contra de la iniciativa con porcentajes superiores al 70 por ciento. Widmer-Schlumpf se felicitó del resultado y recordó que de haberse aprobado la iniciativa habría tenido "consecuencias nefastas no sólo para las exportaciones suizas sino para toda la Economía en su conjunto".
Desde la entrada en vigor en 2002 de los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea −entre los que figura el de libre circulación de personas−, la unión helvética ha visto llegar cerca de 800.000 trabajadores extranjeros, de los que el 75% son ciudadanos comunitarios. Sin embargo, las cifras oficiales desmienten que este flujo de extranjeros haya tenido un impacto negativo en el empleo.
La tasa de paro en Suiza fue el año pasado del 3,2% (un 2,9% en 2012), con una tasa del 2,2% entre los ciudadanos suizos, del 6% entre los extranjeros y del 5,2% entre los europeos comunitarios concretamente.
