La Comisión Europea llega a las siguientes conclusiones respecto a la situación del Estado de Derecho en España, destacando problemas en el sistema judicial, principalmente la lentitud, la llamada ley mordaza o la demora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y celebra las medidas para mejorar la lucha contra la corrupción:
El sistema judicial español se enfrenta a desafíos en cuanto a su eficiencia, con procedimientos judiciales cada vez más largos. Para abordar esta cuestión, se está preparando un nuevo Código Procesal Penal que tiene como objetivo acelerar el proceso penal, así como un proyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas.
La Comisión Europea considera que en España el uso de medios electrónicos está bien establecido en el sistema de justicia y se están implementando nuevas mejoras, aunque existen problemas en lo que respecta a la interoperabilidad entre los sistemas que se usan en cada comunidad autónoma.
La Comisión ve la actual situación del CGPJ como un desafío, ya que deben nombrarse nuevos miembros – hecho que a día de hoy no se ha producido. También toma nota del debate abierto por la relación entre la actual Fiscal General del Estado y el gobierno, en particular el régimen de nombramiento y su mandato, así como el registro de las comunicaciones con el Ministro de Justicia.
La Comisión indica que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años tanto en la dimensión preventiva como en la represiva. Si bien España no tiene una estrategia general anticorrupción, la Estrategia Nacional contra la Delincuencia grave y organizada, aprobada en febrero de 2019, tiene por objeto mejorar la capacidad de investigación y el acceso a las bases de datos financieros y mejorar la cooperación interinstitucional. Aunque el Código Penal y el Código Procesal Penal fueron revisados en febrero de 2019, existen proyectos de ley para reformar ambas normas.
Como resultado, España ha puesto en marcha una mejora legal marco para la integridad en el sector público, fortaleciendo los mecanismos de integridad en el Parlamento, así como reforzar el régimen de divulgación de activos, conflictos de intereses e incompatibilidades de los altos funcionarios de la administración central del Estado. Ahora existe un plazo de prescripción ampliado para los delitos graves y los delitos relacionados con la corrupción pueden ser sancionados con mayor severidad, incluso con un período más largo de inhabilitación para cargos públicos. Se han propuesto cambios legislativos relativos al cabildeo y al fortalecimiento de la protección de los informantes, y se ha propuesto un proyecto de ley general contra la corrupción, pero aún no se ha aprobado.
En abril de 2019 se adoptó un nuevo código ético para los miembros del Parlamento, que establece una Oficina de Conflictos de Intereses para supervisar su aplicación.
La Constitución consagra los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, así como el derecho a la información. Mientras que los sectores de la televisión y la radio están sujetos a una mayor transparencia, la CE considera que no es el caso del sector de la prensa escrita. La información disponible en el registro mercantil es la misma que para cualquier otro tipo de empresa en España y es difícilmente accesible o comprensible para el público en general.
La Comisión es consciente de que se han planteado inquietudes sobre la nueva legislación en materia de seguridad pública, supuestamente restringiendo la libertad de información y la libertad de expresión.
El proceso de promulgación de leyes prevé suficientes garantías de transparencia y la participación de los interesados, en particular mediante consultas públicas. El marco de transparencia sigue aplicándose y todas las comunidades autónomas tienen ahora su propio marco jurídico en este ámbito. El Gobierno puede ejercer la iniciativa legislativa y su derecho a emitir decretos-leyes, siempre sujetos al control del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo tiene un amplio mandato, que puede ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos. El Gobierno ha estado desarrollando políticas de gobierno abierto con el objetivo de involucrando más a los ciudadanos en el desarrollo de las políticas públicas.
La Comisión Europea publicó su primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. Este informe incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos como negativos en toda la UE. El informe evidencia que muchos Estados miembros han establecido rigurosas normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en la UE. También recoge las novedades pertinentes a raíz de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros a causa de la crisis del coronavirus. Se refiere a los cuatro pilares principales que más inciden en el Estado de Derecho: los sistemas judiciales nacionales, las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática.
Declaraciones de líderes de la Comisión
El informe general sobre el conjunto de los países abarca cuatro capítulos: los sistemas nacionales de justicia, los marcos de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrio.Según la Comisión el objetivo es "preventivo" y lanzar un debate paneuropeo sobre la cultura del estado de derecho en la Unión.
Sin demasiadas sorpresas, los países que salen peor parados son, además de Hungría, Bulgaria, con un largo historial de asuntos de corrupción, y Polonia, cuestionada por sus reformas del sistema judicial o por el trato a la comunidad LGTB.La presentación se adelantó en medio de la polémica entre la comisaria Jourova, encargada del informe desde su cartera de Valores y la Transparencia y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que exige su dimisión, después de que calificara de "democracia enferma" a Hungría en una entrevista con un diario alemán.
El objetivo del nuevo informe sobre el Estado de Derecho es ampliar el conjunto existente de instrumentos de la UE con un nuevo instrumento preventivo e impulsar un debate inclusivo y una cultura del Estado de Derecho en toda la UE. También debería ayudar a todos los Estados miembros a estudiar la manera de superar las dificultades y a aprender de las experiencias de los demás, y enseñar cómo reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en el pleno respeto de las tradiciones y los sistemas constitucionales nacionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «El Estado de Derecho y nuestros valores compartidos constituyen el fundamento de nuestras sociedades. Forman parte de nuestra identidad común como europeos. El Estado de Derecho protege a las personas frente a la ley del más fuerte. Si bien nuestras normas son muy rigurosas en materia de Estado de Derecho en la UE, también nos enfrentamos a dificultades diversas. La Comisión Europea seguirá colaborando con las autoridades nacionales para encontrar soluciones que garanticen los derechos y libertades de las personas en el día a día».
La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: «Hoy subsanamos una carencia importante de nuestro conjunto de herramientas en materia de Estado de Derecho. El nuevo informe examina por primera vez todos los Estados miembros de forma análoga para determinar las tendencias en materia de Estado de Derecho y contribuir a evitar que surjan problemas graves. Cada ciudadano merece tener acceso a jueces independientes, disfrutar de unos medios de comunicación libres y pluralistas, y confiar en el respeto de sus derechos fundamentales. Solo entonces podremos considerarnos una verdadera Unión de democracias».
Didier Reynders, comisario de Justicia y Consumidores, ha declarado:«El nuevo informe sobre el Estado de Derecho representa el inicio de un diálogo abierto y periódico con todos los Estados miembros, de manera que podamos compartir las buenas prácticas y sortear las dificultades antes de que se enquisten. El objetivo es infundir una verdadera cultura del Estado de Derecho en toda la Unión Europea y abrir un auténtico debate a escala nacional y de la UE».
Especulaciones sobre el impacto en el reparto de los 750.000 anti COVID
Algunos eurodiputados opinan que el fondo de los 750.000 millones de euros, estructurado en créditos y transferencias y financiado con la primera emisión masiva de deuda conjunta de la historia de la Unión Europea, todavía puede descarrilar en diversos aspectos, al igual que el marco financiero plurianual (MFP) que debe cubrir desde 2021 a 2027. La suerte final de ambosdepende de la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, donde no se descarta que se intete introducir el llamado mecanismo del Estado de derecho, un instrumento por el cual se puede cortar el grifo de las ayudas europeas a aquellos Estados miembros en los que se registre una violación del Estado de derecho que ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión.
Es un deseo que se atribuye a los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia o Países Bajos, por lo que los Estados miembros señalados en esa propuesta (los que menos respetan el Estado de Derecho), como Polonia o Hungría, tienen el artículo 7 activado por sus ataques.
Riesgo de bloqueo por parte de los "frugales"
El acuerdo del fondo de recuperación puede estar asñi en el alero. Hungría ya ha amenazado con no ratificar el acuerdo si hay normas duras para el control de la situación del Estado de derecho, y Países Bajos ha hecho lo propio si la propuesta final no refleja un instrumento ambicioso. Este miércoles se celebra una reunión de embajadores permanentes ante la Unión Europea en la que podrá tomarse ya la temperatura del ambiente respecto a este instrumento.
Durante la cumbre de julio hubo un momento en el que los ‘frugales’, los países que se oponían a un gran fondo de recuperación que incluyera transferencias, pusieron sobre la mesa el asunto del Estado de derecho. En ese momento fuentes diplomáticas acusaron a estas delegaciones de estar utilizando esa reclamación para mantener así su bloqueo al acuerdo, al que llevaban negándose a sumarse desde hacía días.
Esas acusaciones vuelven a sobrevolar Bruselas. Algunas voces en la capital comunitaria señalan que estos Estados miembros vuelven a usar el Estado de derecho como un freno de emergencia al acuerdo. Para La Haya, Copenhague o Helsinki la jugada sería perfecta: empujar por un mecanismo muy exigente que obligue a Budapest y Varsovia a no ratificar el acuerdo. Al final no habría fondo, y la responsabilidad, a diferencia de en julio, ya no estaría sobre los hombros de los ‘frugales’: el trabajo sucio lo harían otros.
Alemania, Francia o España, interesados en el acuerdo, no van a acompañar a Países Bajos o Dinamarca en esa exigencia porque saben que el fondo moriría ahí, en la orilla. No solo eso, sino que los ‘frugales’ tampoco están interesados en mantener un bloqueo total porque no quieren ser los responsables de que el plan no salga adelante: no lo fueron en julio y no lo serán ahora. En cambio, con la situación actual, con un bloqueo doble, tanto por parte de los nórdicos como por parte del este, los ‘frugales’ podrían esperar obtener algo a cambio.
Para Ernest Urtasun, eurodiputado de Catalunya en Comú y vicepresidente de Los Verdes, la estrategia es que el mecanismo sea inoperable. “Está diseñado para que no pueda aplicarse nunca. La presidencia alemana ha pensado en proponerlo para poder decir que hay un mecanismo y que los demás no lo bloquean en el Consejo porque saben que jamás se va a aplicar, creo que esa es la jugada”, señala a este periódico.
El objetivo era tener un acuerdo a mediados de octubre, para que pueda producirse el proceso de ratificación. Lo normal sería que la propuesta alemana se mantenga en pie con pequeños cambios. Bloquear el fondo por el mecanismo de Estado de derecho no entra en los planes ni de la presidencia ni de ninguno de los principales Estados miembros.
El alcance de la propuesta no llega a todos los puntos del Estado de derecho. No se trata de buscar otra vía por la cual castigar a Polonia por su reforma judicial: para eso ya está el artículo 7 de los Tratados, aunque este está demostrando tener unos efectos limitados. Hace años que se habla en Bruselas de buscar otro mecanismo que de verdad sea efectivo y que permita revertir esos ataques contra el Estado de derecho. Y la idea generalizada, especialmente en el Parlamento Europeo, es que el talón de Aquiles de los países que protagonizan estas violaciones, como Hungría o Polonia, son los fondos europeos. Es ahí donde se debería actuar, a ojos de muchos eurodiputados.
La propuesta, que sí señala que “los órganos judiciales deben actuar de forma independiente e imparcial”, subraya que estas condiciones son necesarias, en este marco, para tener una “garantía mínima contra decisiones ilegales y arbitrarias de las autoridades públicas que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión”. No se trata de utilizar los fondos europeos para evitar una reforma judicial en Polonia. El foco de la propuesta es muy concreto: violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto de la Unión. Es decir: se corta el grifo en caso de que una reforma judicial polaca ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión. Pero este es, en realidad, el principio sobre el que ya se basaba la propuesta de la Comisión Europea de 2018.
Sin embargo, en el artículo 3 de la propuesta se produce uno de los cambios más relevantes. Aquí sí que se cierra el foco: la presidencia alemana cambia el texto original y donde antes se señalaba que se debería activar cuando una serie de deficiencias en el Estado de derecho “afecten o haya riesgo de que afecten el principio de buena gestión financiera del presupuesto de la UE” ahora solo se lee que debe activarse cuando afecte “de una manera suficientemente directa”. Ya no vale con que haya un ataque al Estado de derecho que pueda afectar a los intereses financieros, sino que ese ataque debe ser lo suficientemente directo.
25 eurodiputados denuncian la inhabilitación de Torra
En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Charles Michel, y el de la Eurocámara, David Sassoli, 25 eurodiputados denuncian la inhabilitación de Torra, un hecho que consideran que muestra que "ahora mismo ningún político independentista puede tener un juicio justo en España". Además, piden a la UE que "sea honrada con sus palabras" y "defienda la democracia" en Catalunya ante procesos judiciales "altamente politizados" contra políticos y ciudadanos.
"Queremos expresar nuestro rechazo a la represión judicial contra el movimiento por la autodeterminación en Catalunya y nuestra solidaridad con el presidente Torra. Por eso, pedimos a las instituciones de la UE que sean honestas con sus palabras sobre la defensa de la democracia y protejan los derechos de los ciudadanos catalanes", dice la carta.
Entre los miembro de la Eurocámara que firman el texto están los eurodiputados de ERC, Diana Riba y Jordi Solé, y los de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. También la firman miembros de la Izquierda Unitaria como Miguel Urbán y Leila Chaibi, los eurodiputados vascos Izaskun Bilbao (PNV) y Pernando Barrena (Bildu) y los eurodiputados de los Verdes François Alfonsi y Benoit Biteau, entre otros.
Esta carta se ha enviado el mismo día que se ha hecho público que la Comisión Europea adoptará su primer informe sobre el estado de derecho a los 27, un informe que, en el caso de España, menciona como desafíos las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, se hace eco de las críticas y la "discusión" sobre la independencia del ministerio fiscal, teniendo en cuenta que al fiscal general lo nombra el Ejecutivo y que no hay obligación que las comunicaciones entre ambos sean públicas.
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