Un gráfico publicado coneste motivo muestra el número de recomendaciones específicas por país de 2017 desglosado en áreas generales de reforma. La «Fiscal-estructural» incluye la administración pública, el gasto asociado al envejecimiento de la población y las políticas impositivas; «mercado de trabajo» incluye las políticas salariales, la protección del empleo, la educación y las políticas activas del mercado de trabajo; «mercado de productos» incluye normativa específica del sector, y «entorno institucional» incluye el entorno regulatorio, las contrataciones públicas, el sistema judicial, los procedimientos de insolvencia, las políticas de vivienda y la normativa del sector financiero. Las recomendaciones específicas por país relacionadas con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se incluyen en el gráfico.
La entidad comunitaria explica que las finanzas públicas de los Diecinueve están "limitadas para la aplicación de políticas expansivas" por las elevadas tasas de deuda. De hecho, asegura que, aunque está disminuyendo, la deuda pública total asciende al 90% del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona.
Fomentar el crecimiento potencial
Es por esto que el BCE cree que los países pertenecientes a la moneda única tienen como cometido fomentar el crecimiento potencial o a largo plazo sin comprometer la sostenibilidad fiscal, un reto para el que considera indispensable reorientar la composición de los presupuestos.
Recomienda así que los gobiernos canalicen su gasto público –que representa un promedio del 48% del PIB de la eurozona– hacia las partidas de Sanidad, Educación, e incluso infraestructuras, es decir, hacia categorías que califica como "favorables al crecimiento".
De esta forma, se suma a las llamadas de aquellos que piden mayores inversiones en el bloque, donde, a pesar del "repunte cíclico", existen escasas perspectivas de crecimiento a largo plazo y un gran problema respecto a la deuda.
Por otro lado, el BCE también sugiere la necesidad de aliviar la carga fiscal sobre los trabajadores y las empresas, y gravar la propiedad y el consumo.
Las nuevas recomendaciones se han de considerar en el contexto de una aplicación relativamente insuficiente de las recomendaciones específicas por país en los últimos años24. En febrero de este año, la Comisión llegó a la conclusión de que en la inmensa mayoría de las recomendaciones de 2016 (más del 90 %) solo se habían realizado «algunos» avances, avances «limitados» e incluso «ningún» avance en su implementación, mientras que, solo se habían aplicado «plenamente» un número muy reducido de recomendaciones o se habían realizado avances «importantes» en su aplicación. A pesar del seguimiento específico llevado a cabo por la Comisión Europea, la implementación de las recomendaciones no fue mayor en los países con desequilibrios excesivos, en consonancia con patrones anteriores de tasas muy bajas de avances «importantes» o de reformas aplicadas «plenamente». La insuficiente aplicación de las recomendaciones específicas por país es aún más preocupante si se tienen en cuenta las rigideces y vulnerabilidades que persisten en los países de la zona del euro. La persistencia de numerosas vulnerabilidades se refleja, por ejemplo, en la conclusión de la Comisión de que el número de países con desequilibrios excesivos (Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, Chipre y Portugal) se mantiene en máximos históricos25.
Aunque el grado de aplicación de las recomendaciones específicas por país sigue siendo bajo, las recomendaciones de 2017 se han simplificado más. La Comisión ya redujo el número de recomendaciones específicas por país de 2015 y 2016 para permitir que los Estados miembros se centraran en prioridades macroeconómicas y sociales fundamentales. No obstante, no se observaron mejoras en la aplicación de las recomendaciones. En varios casos, incluso se han suprimido algunas recomendaciones, aunque los países en cuestión no realizaron ningún avance o únicamente avances limitados en la implementación durante el año pasado
