jueves,18 agosto 2022
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El Gobierno espera a lo que diga el TribunalSu español

El canon digital de Rajoy, anulado por la justicia europea

Redacción
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado el llamado canon digital español, que entró en vigor en España en 2012, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy. El fallo establece que la directiva sobre derechos de autor "se opone a que la compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España". El Gobierno declaró que evalúa esta sestencia, a la espera de lo que diga el Supremo

 

Desde 2012 la llamada compensación equitativa por copia privada se sufraga en España con cargo a los presupuestos generales, pero varias entidades de gestiones de derechos solicitaron al Tribunal Supremo que anulara dicha regulación. Este tribunal, a su vez, consultó a la justicia europea que ahora da la razón a las entidades gestoras de derechos. El Gobierno informó que ahora espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo para determinar los efectos de esta interpretación sobre el ordenamiento interno y promover, en su caso, las medidas necesarias.

"El sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas", dice el Tribunal . "A falta de afectación de ingresos concretos —como los procedentes de un tributo específico— a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas".

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que trabajarán "a pleno rendimiento" para hallar "una solución satisfactoria". "Éramos muy conscientes de que había que buscar una solución europea", añadió, además de recordar que la sentencia de la UE afecta a España y Noruega.

El secretario de Cultura del PSOE, Ibán García del Blanco, dijo que se trata de "una decisión lógica que respalda la postura defendida" por su partido ante la reforma del PP. Tras lo que añadió que "queda demostrado que el sistema propuesto era ilegal e injusto".

Las entidades de gestión de derechos de autor que iniciaron el proceso contra el actual canon, celebraron el fallo, al que califican de "un espaldarazo a la cultura", además de avanzar que el Estado "tendrá que responder por los perjuicios causados", que calculan superiores a los 400 millones de euros. Así ,la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), que agrupa a las principales entidades gestoras de derechos de autor, apuesta por utilizar "el modelo vigente en casi todos los países europeos", y reclamó que se compense la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado.

La directora general de Cedro, Magdalena Vinent, dijo que "la sentencia derriba como un castillo de naipes los desarrollos de la ley Lasalle", tras lo que añadió. "Esperamos más diálogo del nuevo Gobierno".

Precisiones del Gobierno 

En una nota publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno precisó lo que sigue:

  • "Cuando se aprobó el Real Decreto-ley de compensación por copia privada, ya se indicó que se trataba de un sistema transitorio hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea.

  • Con ese sistema se regularizaba una situación de inseguridad jurídica, desencadenada a raíz de la sentencia 'Padawan' de 2010, que declaraba fuera de la legalidad el sistema de canon digital (por el que se cobraban tasas indiscriminadas por cada aparato o soporte reproductor). El Gobierno anterior no quiso acometer la reforma, que se le requirió incluso por moción aprobada en Cortes, generando incertidumbre tanto en los ciudadanos como en la industria cultural.

  • La sentencia emitida hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la UE responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el procedimiento en el que enjuiciaba la legalidad del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde ahora al Tribunal Supremo dictar sentencia."

  • El Gobierno en funciones espera este pronunciamiento del Tribunal Supremo para determinar los efectos de la interpretación del Derecho comunitario que realiza el TJUE tienen sobre el ordenamiento interno y adoptar las medidas que, en su caso, resulten necesarias.

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