El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles la prorroga de los ERTE hasta septiembre y la creación del Fondo COVID-19 de 16.000 millones para las comunidades autónomas que financiará el impacto de la pandemia.
El texto, fruto del acuerdo del Diálogo Social, fue defendido por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha instado a la Cámara a “recoger el testigo de los interlocutores sociales” en el apoyo a una norma “de reactivación económica y de compromiso con las personas y las empresas”. El RD, que será tramitado como Proyecto de Ley, establece también medidas específicas dedicadas a reforzar la posición de las compañías electrointensivas
El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy, en sesión plenaria, el Real Decreto Ley 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido, en la tribuna parlamentaria, un texto que es fruto del acuerdo en el marco del Diálogo Social y ha instado a la Cámara a “recoger el testigo de los interlocutores sociales”. El Real Decreto convalidado hoy prorroga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de septiembre, fijando la prohibición de despido, el compromiso de mantenimiento del empleo además de impedir el reparto de dividendos en el ejercicio fiscal correspondiente el ERTE, así como la domiciliación de las empresas beneficiadas en paraísos fiscales.
El RDL 24 contempla, por primera vez, exoneraciones a la Seguridad Social para los ERTE productivos. Además, la titular de Trabajo ha recordado que “la desaparición de los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este momento porque existe la posibilidad, que lamentablemente estamos viviendo, de rebrotes de la epidemia. Por esta razón, y de modo consecuente con la transición hacia la normalidad, el RDL 24/2020 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de rebrote”.
Díaz ha desgranado, también, las medidas que establece el RDL 24/2020 para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas. Se trata de la exoneración en la cotización a la seguridad social, aplicable a partir del 1 de julio de 2020, para aquellas personas autónomas que estuvieran recuperando la actividad; la posibilidad excepcional de acceso a la prestación de cese de actividad en aquellos casos que hubiera existido una caída de facturación de al menos 75% en el tercer trimestre de 2020; y el establecimiento de una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada.
El Real Decreto convalidado hoy por el Congreso recoge, además, medidas específicas dedicadas a reforzar la posición de las compañías electrointensivas. Se crea para ello el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, que implica la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y los distintos oferentes de energía eléctrica en el mercado.
Según ha concluido la ministra de Trabajo en su defensa del texto, el Real Decreto “es una norma de reactivación económica y, sobre todo, de compromiso con las personas y las empresas. Surge en un momento crítico, en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia en alianza con los interlocutores sociales”.
El Real Decreto 24/2020 será tramitado como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados.
El Congreso convalida la creación del Fondo COVID-19 de 16.000 millones para las comunidades autónomas que financiará el impacto de la pandemia
El fondo supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación. Es un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.
El Congreso de los Diputados ha convalidado con 275 votos a favor el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas, que permitirá a los gobiernos regionales financiar el coste de la pandemia y compensar la reducción de los ingresos por la menor actividad económica. Con esta medida el Gobierno da un paso más en su estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales.
Este fondo supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las CCAA al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable, es decir, que las comunidades no tendrán que devolver y tampoco les generará más deuda ni intereses. De hecho, es la Administración central la que asume todo el coste de este nuevo instrumento.
El principal objetivo de este fondo puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero es garantizar que las CCAA cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad a los ciudadanos.
Se trata de una muestra más del compromiso del Gobierno con la financiación de las comunidades y, por ende, con el fortalecimiento del Estado de Bienestar. En concreto, este nuevo fondo evita que el impacto de la pandemia se traslade a las cuentas de las comunidades y las perjudique a la hora de prestar servicios básicos para los ciudadanos.
El Fondo COVID está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. Unos recursos que se reparten en función de criterios técnicos, objetivos y transparentes.
Reparto del primer tramo
Para hacer frente a los efectos de la pandemia sanitaria, más de la mitad del fondo se reparte sobre la base de criterios representativos del gasto sanitario. En concreto, 9.000 millones de euros que se transferirán a las CCAA en dos tramos. El primero de ellos asciende a 6.000 millones y tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades de manera que en el reparto computan los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.
Este tramo de 6.000 millones se abonará a las CCAA mediante una orden ministerial que firmará la ministra Montero en los próximos días.
El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.
El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).
Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.
Más financiación
El Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.
Estos mayores recursos se producen gracias a que el Gobierno calculó la actualización de las entregas a cuenta con una estimación de crecimiento del 1,6% del PIB. Es decir, sin tener en cuenta el impacto de la pandemia. Asimismo, el Gobierno transfirió a las comunidades 300 millones para el Fondo Social Extraordinario y otros 25 millones de euros adicionales para las becas comedor.
En total, incluyendo el Fondo COVID-19, el incremento de los recursos del sistema de financiación y otros conceptos como el Fondo Social Extraordinario, las comunidades recibirán este año 24.532 millones de euros adicionales. De esta forma, el Gobierno ha protegido como nunca antes la financiación de las CCAA en un momento en el que era necesario garantizar el funcionamiento del Estado de Bienestar.
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