Las leyes, además, regulan aspectos como el acceso al voluntariado, que se limita para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos, en especial los que tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres.
Con el nuevo texto, que introduce los 12 años como la edad mínima para ser voluntario, se garantiza la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas dependientes en las condiciones acordes a sus circunstancias y determina que no podrá incurrirse en prácticas discriminatorias por identidad y orientación sexual.
Por otro lado, la administración favorecerá a los trabajadores que adapten o reduzcan su jornada para la ejecución de actividades de voluntariado y las empresas y las universidades se convierten en nuevos actores. En el caso de las universidades, la Ley indica que podrán desarrollar fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones de voluntariado. Además, se recoge expresamente que la acción voluntaria nunca podrá ser causa de la extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio.
Asimismo, la Ley establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, que es el que se derivaría, por ejemplo, de una emergencia o catástrofe natural. Se añade el voluntariado paralímpico dentro de la categoría deportiva y el de la protección de animales dentro de la ambiental.
Interlocutor en políticas sociales
En relación a la nueva Ley del Tercer Sector, el proyecto se sustenta en tres pilares: reforzar la capacidad del Tercer Sector como interlocutor de la Administración General del Estado, definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito y configurar un nuevo marco jurídico.
Este nuevo marco jurídico fortalece el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores del Estado en el diseño de las políticas sociales. Este papel del Tercer Sector se canaliza por dos órganos: el Consejo estatal de ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Esto sin perder de vista que la actividad de una entidad en ningún caso puede diluir la responsabilidad del Estado.
Sobre la sostenibilidad, las entidades disfrutarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos y se adecuarán los sistemas de financiación pública manteniendo la estabilidad presupuestaria.
Otra de las mejoras que introduce el proyecto consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, para lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas. En este sentido avanza también la Ley del Voluntariado, pues favorece una adecuada coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local, y de éstas con las propias entidades.
España es el sexto país de la UE en participación de voluntarios habida cuenta del incremento que la implicación social de los ciudadanos ha experimentado durante los últimos años, aumento mayor al registrado por la media europea. Porque España cuenta con alrededor de 6 millones de voluntarios, un 15% de la población, y con unas 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da empleo a prácticamente 636.000 personas.
Estos datos, según el Gobierno, ilustran la importancia de las nuevas leyes, que vienen, además, a reforzar el estatus jurídico y los derechos de las organizaciones, de las personas que dedican parte de su tiempo al voluntariado y de las personas destinatarias de la acción voluntaria. Los proyectos de ley que han aprobado las Cortes son una muestra de un diálogo permanente con las organizaciones y su redacción es resultado de los cauces abiertos de participación.
Opiniones de la oposición
Los principales grupos de la oposición en el Congreso han criticado al Gobierno durante el debate de las enmiendas procedentes del Senado a la Ley del Tercer Sector de Acción Social y a la del Voluntariado que ambas normativas son "insuficientes" y además "invaden competencias autonómicas" en la materia.
Desde el Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez ha criticado el "escaso contenido" y la "nula ambición" de ambas normativas. Así, ha anunciado su voto a favor de la enmienda de la Ley del Tercer Sector porque, aunque no comparte el tema de las "subvenciones nominativas", sí dice ser "consciente" de que las consecuencias de no hacer nada "serían fatales para el sector".
En cambio, el PSOE votará en contra de la enmienda de la Ley del Voluntariado porque, a su juicio, no se ha dialogado con las comunidades autónomas. Así, la socialista ha apelado al "diálogo". "Creo que la próxima legislatura nos dará la oportunidad de hacer mejor las cosas", ha destacado.
El diputado de CDC, Carles Campuzano, ha defendido que la Ley del Tercer Sector "no resuelve ninguno de los problemas reales que tienen" las ONG, a la vez que ha advertido de que la pretensión de fondo es "intentar blindar la concesión de subvenciones". Además, ha avanzado que se abstendrán en la votación de la enmienda por "respeto" tanto a las entidades del Tercer Sector, como a los beneficiarios.
En referencia a la Ley de Voluntariado, Campuzano ha destacado que el trámite parlamentario "ha resuelto mejor el tema competencial", pero ha agregado que va a quedar una ley "confusísima". Asimismo, ha indicado que es una norma que, "desde el punto de vista catalán, choca con el modelo de voluntariado", y ha defendido que "la nuevas mayorías" tendrán que modificarla.
En su intervención, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha criticado que la Ley del Tercer Sector no ha sido "concertada" con las diferentes entidades del sector e "invade" competencias autonómicas y forales, en el caso de Euskadi. Así, ha señalado que es un caso de "recentralización" de competencias y ha manifestado su "inquietud" por ello. A su juicio, se está vulnerando la legislación del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo. "Se contradice intencional y dolosamente", según ha declarado, lo dispuesto por la jurisprudencia en materia de subvenciones. Así, ha vaticinado que "seguramente" se interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional contra ambas leyes.
Por su parte, el parlamentario de UPyD Julio Lleonart ha dicho que ambas leyes tienen un apoyo"bastante grande" de cada uno de los sectores, "han sido demandadas y bastante consensuadas", por lo que ha anunciado su voto a favor de ambas enmiendas, aunque, en el caso de la del Tercer Sector considera que manifiesta "discrecionalidad".
Deja fuera a las instituciones catalanas
Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya ha mantenido una posición "crítica" porque "deja fuera" a las instituciones como la del Tercer sector catalán. Además, ha insistido en que "no deja de ser curioso y perverso que se utilice la tramitación de una ley para adjudicar subvenciones" lo que, en su opinión, "demuestra la discrecionalidad" y ha dicho que los ´populares´ "se pasan por el forro" la sentencia del TC.
Sobre la Ley de Voluntariado, el diputado de la Izquierda Plural ha criticado que "una vez más se produce una invasión de competencias a las CC.AA." y ha destacado que "el voluntariado no puede suponer una amortización de puestos de trabajo". "Nosotros vamos a mantener nuestra oposición global", ha remachado.
