Señala que la Ley podría invadir competencias de las comunidades autónomas, sobre todo la que tienen que ver con la regularización del procedimiento de declaración de los parques, del estado de emergencia por catástrofe y la intervención del Estado en caso de necesidad por falta de conservación.
El dictamen, al que ha tenido acceso El País, recuerda que ha habido mucha “litigiosidad constitucional” con leyes anteriores que regulaban los parques nacionales, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, según han determinado varias sentencias del Tribunal Constituciona.
Según señala el informe, podrían vovler a repetirse los actos de inconstitucionalidad de 2007 en relación a la ley enterior, ya que Cañete que está prácticamente copiando una ley socialista que ya generó conflicto en los tribunales y señala que “sería muy conveniente” reflejar tal coincidencia en la exposición de motivos.
El Consejo de Estado menciona en dos ocasiones que “la urgencia” con la que le han solicitado el dictamen le impide profundizar en el anteproyecto y que se tiene que limitar a analizar los aspectos “potencialmente más conflictivos”. Uno de ellos es la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental, que según el texto corresponde al presidente del organismo autónomo de Parques Nacionales. El dictamen señala que es “necesario articular un mecanismo que permita actuar primero a la comunidad autónoma” y que se debe definir —“debería a toda costa dejarse muy claro”— qué se entiende por emergencia.
El anteproyecto de ley también faculta al Gobierno para intervenir en caso de “conservación desfavorable” del parque nacional. El Consejo de Estado considera, en primer lugar, que “no basta con aludir de manera genérica” a los supuestos en los que se produciría esa intervención, como que “los mecanismos de coordinación no resulten eficaces”, sino que es necesario incluir en el texto un “trámite de requerimiento formal final” a la comunidad autónoma para que sea ella, en el ejercicio de sus competencias, la que actúe en primer lugar.
El Consejo también pone pegas a uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto: el hecho de que por primera vez se autoricen actividades de ocio en los parques naturales. En concreto, permitir el vuelo sin motor en el parque de Sierra de Guadarrama. “Es totalmente impropio incluir formalmente en una ley general aplicable a todos los Parques Nacionales este precepto tan específico y que solo tiene por objeto la regulación de una actividad de un uso concreto en uno de los parques”, concluye el dictamen.
Desde la organización conservacionista SEO/BirdLife aseguran que: “La posición es unánime entre las organizaciones. Queremos que se fortalezca la red de parques, porque ahora les falta coordinación y están en una situación débil, pero ante el riesgo de que la norma sea anticonstitucional como dice el Consejo de Estado, hay que medir si se debe seguir adelante o no, puesto que nos jugamos mucho”, señalaron fuentes de la ONG.
“El informe es muy claro y el propio Gobierno es consciente de que hay serias dudas de inconstitucionalidad. Tanto es así, que sospecho que el fin último no es arrogarse competencias que un tribunal negará, sino devaluar los contenidos conservacionistas y flexibilizar los usos permitidos”, señala el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán. “Ya lo estamos viendo: autorización de cacerías, aprovechamientos turísticos y de ocio antes no permitidos…”, añade.
Una portavoz del ministerio aseguró ayer que “todas las recomendaciones” del órgano consultivo se han incorporado en el nuevo texto de la ley, que podría elevarse a Consejo de Ministros esta misma semana. “España cuenta con 15 Parques Nacionales y es obligación del Estado conservarlos”, añadió.
