El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, denuncia en una entrevista en este diario que "la ubicación del cementerio nuclear fue una componenda política" y asegura que "no es una cuestión solo municipal", sino que afecta a toda una zona y es "una condena para una comarca".
Según García-Page, la expresidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, "actuó más como secretaria general del PP" y a cambio de aceptar el almacén "le dejaron controlar Enresa", la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos.
Según apunta ABC, el Gobierno de Castilla La Mancha ha adelantado que si el Gobierno declara la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) de "interés general", acudirá a los tribunales españoles y de la UE para "defender los intereses de la región".
LA RAZÓN destaca que García-Page "usó informes obsoletos para blindar la zona del silo nuclear", ya que se sirvió de unas consideraciones elaboradas por SEO-Birdlife con una cartografía de 2008, que fue actualizada en 2010, la cual dejaría fuera de la zona de protección ecológica el lugar donde se ubicará el ATC.
Ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que el cementerio nuclear de Villar de Cañas "estará operativo en 2018" y adelantó que las obras empezarán a principios del próximo año. Nadal denunció que la Junta de Castilla-La Mancha está utilizando la legislación medioambiental "con fines que no son necesariamente medioambientales" y recordó que la obligación de todas las administraciones es "colaborar" para que la política nuclear "sea lo más adecuada posible".
Según destaca EL ECONOMISTA, "Rajoy moviliza a Industria, Justicia y Agricultura para defender el ATC".
