El déficit público puede controlarse con voluntad política (2): Medidas para controlar el déficit

Entre las reformas que son necesarias para reducir o eliminar el déficit público, están, entre otras posibles, las siguientes:

–          Lucha decidida contra el fraude fiscal.

España tiene una economía oculta que, según los diferentes estudios realizados, oscila entre el 20 y 23% del PIB. Tomando el primero de las ratio, ello equivalía en 2010, a unos 215 mil millones de euros[1].Partiendo de esa situación y de sus propias fuentes, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (GESTHA) estima que el fraude fiscal se sitúa entre 70.000 y 90.000 millones de euros anuales y que el 70% de dicho fraude se concentra en dos impuestos: el IVA y el de sociedades. Así, pues, a pesar de no conocerse con precisión a cuánto asciende el fraude fiscal -por falta de estudios rigurosos al respecto-, este equivale aproximadamente al del déficit de las AA.PP.

Para reducir el fraude a proporciones razonables, ya que es imposible eliminarlo del todo, es necesario acometer una serie de medidas rigurosas. Entre ellas destacan las siguientes: en primer lugar, hay definir con precisión qué se entiende por delito fiscal, que no está claro; en segundo lugar, ampliar el periodo de prescripción de tal delito de los actuales cinco años a un mínimo de 10 y agravando las sanciones; en tercer lugar, incrementar la inspección fiscal: el número de técnicos fiscales en España es de unos 8.000 (tres veces menos que el de Francia en relación a la población) y el 80% de esa plantilla se dedica a la investigación de los pequeños fraudes, mientras que el 71% de la evasión fiscal se produce en las grandes empresas y fortunas; en cuarto lugar, perseguir la economía oculta en todas sus ramificaciones (entre otras medidas no admitiendo el pago en metálico de facturas de más de un determinado importe); y, finalmente, luchar decididamente contra los paraísos fiscales -algunos de ellos localizados en la Península Ibérica, como Gibraltar- lo cual, según GESTHA, pasa por no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para que operen en el tráfico mercantil español, establecer un gravamen especial sobre los movimientos de fondos con paraísos fiscales, verificar la residencia y actividades económicas de artistas y deportistas, prohibir que las entidades bancarias españolas tengan sucursales o agencias en tales territorios, etc.; a todo ello hay que añadir que España debe reclamar que la UE armonice todos los impuestos que den lugar a privilegios entre sus Estados (en particular el de sociedades) y que se ponga fin a los paraísos fiscales en todo el territorio de la Unión.

– Eliminar el descontrol y derroche del gasto público autonómico. Se estima que el coste de las Comunidades Autónomas podría reducirse en unos 26.000 millones de euros anuales[2]. Destacan en esta relación Cataluña, que podría recortar 5.488 millones; seguida de Andalucía, con 3.080; y de Madrid, con 2.900. Este despilfarro en el gasto público autonómico obedece a las duplicidades que existen con el Estado en los servicios públicos que ofrecen (las CCAA han reproducido, innecesariamente, la mayor parte de los servicios que ya presta el Estado sin añadir nada en beneficio de los ciudadanos); la creación de multitud de organismos y empresas públicas (unas 4.000, incluyendo las corporaciones locales) que generan miles de millones de euros en pérdidas y están absolutamente endeudadas; la apertura en el exterior de embajadas encubiertas y oficinas comerciales; la expansión descontrolada de los empleados autonómicos; proyectos faraónicos de inversión como, por ejemplo, aeropuertos sin actividad y otras tantas obras inútiles que, adicionalmente, también han contribuido a la ruina de las cajas de ahorro; remuneraciones en ocasiones muy diferenciados entre sí y superiores a los del Estado, etc. Ninguno de estos excesos se ha tratado de corregir seriamente a pesar de la disminución en más de 15 mil millones de euros en los presupuestos autonómicos en 2012. Los únicos recortes visibles se han centrado en los salarios de su personal y en los servicios básicos que prestan, entre ellos la sanidad y la educación, que están sufriendo un ataque despiadado.

– Gravar las grandes fortunas. La brecha entre los que mayores y menores ingresos perciben, no cesa de aumentar. Mientras que el paro ya afecta a 5,3 millones de personas y entre los que trabajan existe total flexibilidad e inestabilidad en el empleo y con unos salarios cada vez menores, una minoría de españoles no se ve afectada por la crisis y algunos de ellos hasta gozan de contratos blindados por millones de euros[3]. Este colectivo de privilegiados, la elite económica, lo componen los altos directivos y consejeros de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa (unas 130) y, muy particularmente, las que forman parte del IBEX-35. Estas últimas contaban, en 2010, con un total de 1.027 personas con ingresos asombrosos; de ellas, 513 eran altos directivos y 514 consejeros -con la salvedad de que unos 70 de éstos también desempeñaban tareas ejecutivas-, cuyas retribuciones medias fueron de 754 mil y 500 mil euros, respectivamente[4]. Recuérdese que el salario mínimo interprofesional en 2010 fue de a 8.866,20 euros (633,30 euros/mes) y el salario medio bruto de 26.384 euros; de forma que la retribución media de un alto directivo –sin incluir todos los conceptos- multiplicaba por 85 el salario mínimo y por 28,5 el salario el medio. Se estima que la relación que asegura una cierta política redistributiva es la que la retribución máxima no supere a la media en más de 10 veces[5].

En la práctica, la única alternativa real que existe para contener las elevadas retribuciones es la vía fiscal: por ejemplo, gravando de forma progresiva las rentas que superen los 100 mil euros anuales y con tipos marginales que podrían alcanzar hasta el 80% para las que superen el millón de euros. En este orden de cosas, y ya en el campo de la riqueza, también debe recuperarse de manera definitiva el impuesto sobre el patrimonio que únicamente afecta a las grandes fortunas (las que la base imponible supere los 700.000 euros de patrimonio neto); dicho impuesto dejó de ser exigible a finales de 2008 pero no fue derogado; ello ha permitido reestablecerlo nuevamente (por Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre), aunque de manera provisional (para 2011 y 2012). El citado impuesto afecta a menos de 150.000 contribuyentes y puede aportar en cada uno de dichos ejercicios en torno a los 1.000 millones euros[6].

Sin embargo, las grandes fortunas cuentan con numerosos mecanismos legales que les permiten eludir o reducir sus obligaciones tributarias. Uno los más utilizados es la Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada por Ley 35/2003, de 4 de noviembre. La SICAV es una institución de inversión colectiva que adopta la forma de sociedad anónimas y cuya constitución exige un mínimo de 2,4 millones de euros de capital y contar con al menos de 100 socios. En realidad, lo que gestionan estas sociedades son patrimonios individuales o familiares, siendo el resto de los socios ficticios (conocidos como mariachis); adicionalmente, gozan de importantes ventajas fiscales y de mucha opacidad para el fisco[7]. La tributación por renta es del 1%, mientras que el tipo general para sociedades es del 30%; no obstante sí tributan por el tipo normal de las rentas de capital cuando el inversor vende el total o parte de su capital. Las SICAV también están exentas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en su constitución, aumento de capital, fusión y escisión y por las aportaciones no dinerarias. En 2010, el número de SICAV ascendía a unas 4.000 y gestionaban un patrimonio de unos 27 mil millones de euros.

– Acabar con los privilegios de los políticos. En España existen en torno a 77.000 cargos políticos ([8]). El político es un servidor público que accede a su función de forma voluntaria y se supone que por tiempo limitado; es decir, la política no es una profesión aunque muchos de ellos hagan de ella su modo de vida. El político con dedicación plena, debe estar bien remunerado pero no debe tener ningún otro privilegio, ni durante y ni con posterioridad al desempeño de su cargo. Esta es la teoría, pero la realidad es muy obra: muchos de ellos han hecho de la política una profesión repleta de privilegios. Según el Informe de la Fundación Progreso antes citado, un diputado del Congreso origina un coste que asciende a unos 280.000 euros anuales y la de un parlamentario autonómico de Cataluña de 505.000. El Parlamento Nacional debería establecer reglas claras y precisas por las fije no solo sus propias remuneraciones sino también las de las demás administraciones aun cuando ello requiera la modificación de la legislación vigente (la autonomía también debe tener límites).

El asesor externo o personal de confianza, es otro problema añadido a la casta política. El art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, lo denomina Personal eventual y especifica que las leyes que lo desarrollen señalarán su número máximo y los créditos presupuestarios consignados para este fin. Por lo tanto, cuando se desarrolle por completo dicho Estatuto –que aún no lo está-, conoceremos con mayor precisión que ahora tanto el número de asesores como sus retribuciones, que habrán de ser públicas ([9]). Actualmente, se desconoce el número de asesores lo que da lugar a todo tipo de cábalas, hasta situarlo no muy alejado del de los políticos. En la mayoría de los casos, este tipo de personal no tiene nada de qué asesorar por lo que es perfectamente sustituible por funcionarios que son los verdaderos expertos en sus respectivas áreas de actividad. Hasta el presente, los asesores han obtenido estas prebendas por ser familia, amigos o correligionarios del partido del político de turno, convirtiéndose en una de las principales vías de la corrupción política.

– Suprimir las subvenciones ideológicas.Todas las subvenciones de las AA.PP deben hacerse por razones objetivas, estar social y económicamente justificadas y no ser discriminatorias por motivos ideológicos (ya sean de tipo político o religioso). Sin embargo, como es bien sabido, algunas instituciones, entre ellas los partidos políticos, las organizaciones patronales y sindicatos, instituciones religiosas y determinadas asociaciones y fundaciones, reciben subvenciones que no están suficientemente justificadas e incluso, en algunos casos hasta posiblemente pueden vulnerar la Constitución y las normas de la UE. En principio, este tipo de subvenciones –previa clarificación- deberían suprimirse; y, las que se estimen necesarias, transformarlas en pago por contraprestaciones reales. Por falta de información al respecto, resulta complicado cuantificarlas pero pueden estimarse entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

– Otras reformas necesarias.Otro bloque de importantes reformas que exigiría un pacto de Estado y en algunos casos incluso la modificación de la Constitución, serían las siguientes: la concentración municipal, la supresión de las diputaciones provinciales, la reducción de los diputados autonómicos e incluso la propia supresión del Senado.

En el caso de los municipios, una concentración profunda podría afectar al 90% de los mismos: se estima que la dimensión adecuada para que un municipio sea viable económicamente, debe contar con un mínimo de 10.000 habitantes. En 2010, según el INE, había en España 8.114 municipios, de los cuales 7.363 tenían menos de 10.000 habitantes y 3.800 menos de 500. Las diputaciones, tras la constitución de las CC.AA, tampoco añaden mucho a la estructura territorial del Estado, por lo que deberían desaparecer. Igualmente las CC.AA deberían reducir en un 50% del número de sus parlamentarios ya que su trabajo no lo justifica. El Senado, tras más de tres décadas de funcionamiento, tampoco ha demostrado su necesidad ya que ni tan siquiera ha cumplido su función de cámara territorial.

Este conjunto de reformas, reportarían un ahorro de gasto público muy importante, aunque difícil de estimar. Lo realmente significativo es que en nada mermaría la calidad democrática de la sociedad española.