Las medidas aquí propuestas afectarían a muy pocos españoles, esencialmente se centrarían en lo que he denominado la elite política y económica. En cambio, beneficiarían considerablemente al conjunto de la población. Llevarlas todas ellas a cabo no es fácil ni rápido, pero todo es cuestión de voluntad política.
En la hipótesis más optimista, entre los recortes de gastos e incremento de ingresos tributarios, podrían lograrse entre 80.000 y 90.000 millones de euros, cantidad bastante aproximada al déficit de las AA.PP. De conseguirse este objetivo, la prima de riesgo española (el diferencial de intereses de la deuda pública –DP- respecto del bono alemán a 10 años) disminuiría de manera muy apreciable, hasta posiblemente igualarse. Ello permitiría sustituir la DP más cara por otra más barata al tiempo que ésta se iría reduciendo con su progresiva amortización.
En esta situación, el déficit no tendría por qué eliminarse sino mantenerlo controlado siguiendo los objetivos marcados por la UE. Y seria muy conveniente que continuara existiendo por lo menos hasta 2020. El excedente que se obtuviera debería emplease en inversiones públicas que reactivasen la economía. Entre las áreas prioritarias deberían figurar, por este orden, las siguientes: investigación y desarrollo, con el fin de hacer más competitiva nuestra economía y evitar la sangría de profesionales que son muy caros de formar y que están obligados a emigrar; un programa a largo plazo de inversiones en infraestructuras medioambientales (repoblación forestal, áreas protegidas, recuperación de manantiales y protección de riberas de ríos y ramblas, etc.) que son muy rentables socialmente y aseguran la creación de un empleo abundante y estable; la potenciación de las energías renovables, con el fin de disminuir la dependencia externa de las energías fósiles; y finalizar la red de alta velocidad ferroviaria ya planificada. Todo ello apoyado con la creación de una banca pública, sin privilegios que operase en el mercado en igualdad de condiciones que la privada pero que pueda competir con ella.
La hipótesis más pesimista es la de proseguir con la dinámica actual. En dicho supuesto, el déficit público continuará siendo una pesada losa que agravará la recesión económica –por la parálisis de la inversión y la caída del consumo- e incrementará el paro. Para cumplir con los compromisos impuestos por la UE, no habrá más remedio que continuar disminuyendo el gasto público (recortando en los servicios esenciales, sobre todo en sanidad, educación, dependencia, etc.) y aumentar los impuestos (incrementando los indirectos) y las tasas, con lo que se deprimirá aún más el consumo público y privado.
Es obvio, que entre esas dos situaciones extremas existe un conjunto de intermedias, cuyo alcance dependerá de la profundidad de las reformas que se acometan. En cualquiera de esos supuestos, el futuro de la economía española será más favorable que en el de la hipótesis pesimista.
Para completar el cuadro, aunque sea reiterativo, no hay que olvidar que el problema más grave de la deuda española, está en la privada: la que han contraído las empresas y las familias, que tardará muchos años en resolverse y que difícilmente lo conseguirá sino se produce la reactivación económica. Y también está por clarificar hacia donde va la UE y qué futuro le espera a la unión económica y monetaria. Pero estas dos cuestiones cruciales demandan de trabajos específicos.
