Además, otra enmienda del PP permitirá que el silencio administrativo active el mecanismo por el que los padres pueden recurrir a la enseñanza privada en castellano costeada por las comunidades autónomas si no se les ofrece un colegio público o concertado de estas características.
Ante el giro que ha supuesto esta nueva directriz, PSOE, CiU, PNV y IU la descalificaron argumentando que supone una "transgresión de las competencias" que tiene cada comunidad autónoma y una "alteración" del modelo lingüistico por el que hasta ahora España estaba regido.
La cuestión lingüistica ha sido de las más polémicas en la reforma que ha dadao paso a la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE). No obstante, el titular de Educación ha ido precisando discretamenta este apartado. No ha sido hasta ahora que, con el apoyo de UPyD, cuando han podido garantizar la enseñanza en español en todo el país.
El caracter vehicular del castellano ya estaba recogido en la LOMCE. En la disposivición adicional número 38 obliga a las comunidades a garantizar una "oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular".
Lo que el grupo magenta ha propuesto y el popular ha aprobado es que ahora aparezca la frase "el castellano es lengua vehicuar en todo el Estado". Una declaración de intenciones que aparecerá delante de otro párrafo menos esplícito en el que dicta que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".
UPyD es el defensor de la cuestión lingüistica en la LOMCE. En sus otras enmiendas propone fijar que al menos el "40% de los periodos lectivos sean impartidos en cada lengua", pero el Ministerio sostiene que son las comunidades las que deben determinar "la proporción razonable" en la que se enseña en una y otra lengua.
Por suparte, el principal partido de la oposición se ha unido en bloque con el resto de partidos que luchan contra el Partido Popular, a excepción de UPyD, Foro y UPN, para denunciar que la ´Ley Wert´ "conlleva una clara transgresión de las competencias de las comunidades autónomas, llegando incluso a la alteración del sistema lingüístico educativo".
"Estamos ante la ley educativa más recentralizadora desde el franquismo", ha afirmado el diputado Germán Rodríguez, que defendió que "no existe ningún problema con la inmersión vigente".
Martí Barberà (CiU) califica esta nueva iniciativa de la lengua como "ataque al modelo educativo catalán y a su sistema de inmersión lingüístico". Isabel Sánchez Robles (PNV) ha criticado lo que considera un "abuso competencial" de "perverso efecto jacobino contaminante". Sin embargo, el Partido Pupular insiste en que se trata de un sistema de "bilingüismo integrador" que es "enriquecedor" y que "no agrede a nadie".
