jueves,18 agosto 2022
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La estafa puede superar los 800 millones

El fraude de los cursos de formación andaluces apunta a dos ex consejeros

Redacción/El País
La estafa de los cursos de formación en Andalucía podría superar al caso de los ERE, ya que podría alcanzar la cifra de 800 millones de euros. Según informa El País, las pesquisas de los investigadores apuntan también dos ex altos cargos de la Consejería de Empleo del Gobierno socialista andaluz.

La Unidad de Delincuencia Económica de la UCO abrió con toda esta información la denominada Operación Cirene, donde se indaga un fraude masivo de dinero público con cargo a formación y que es “superior al de los ERE”, según  uentes de una compleja investigación que ahora desarrollan dos juzgados de Sevilla, los de instrucción 9 y 6 (este último dirigido por la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE) y que publica El País.

Aunque es muy pronto para saberlo, los investigadores estiman que el fraude puede alcanzar los 800 millones. 

Nuevas sospechas sobre dos ex altos cargos

Además de las fundaciones, sociedades, Ayuntamientos o sindicatos (especialmente a UGT de Andalucía) que han recibido dinero público y no han justifico su destino, las sospechas también se ciernen sobre ex altos cargos de la Consejería de Empleo del Gobierno socialista andaluz. Entre ellos destacan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Antonio Ávila.

Este último, además, fue presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y quien firmó una resolución oficial, el 11 de diciembre de 2012, que exoneraba a unas 1.700 entidades andaluzas de tener que justificar qué habían hecho con el dinero que durante años recibieron para cursos de formación. Fernández figura, además, como uno de los principales implicados en el caso de los ERE, y se haya en libertad bajo fianza tras haber estado preso por este asunto, publica El País. 

Procedencia del dinero

Este dinero procedía de tres fuentes: Europa, Gobierno central y Junta de Andalucía. Todos los años, y desde hace 12, libraban dinero para formar a trabajadores. Y, en concreto la Junta, como encargada de distribuir ese dinero, tenía la obligación normativa, según fuentes de la investigación, de controlar que los adjudicatarios del dinero lo emplearan en el fin legal: formación. Legalmente, tampoco podía dar ninguna otra subvención a cualquier firma que no hubiese justificado las aportaciones recibidas con anterioridad, apunta el diario. 

Las pesquisas sobre este fraude apuntan, como en el caso de los ERE, a una supuesta trama criminal que, por ejemplo, ha permitido a UGT de Andalucía financiarse ilegalmente “de forma sistemática y año tras año” con parte del dinero que recibió de la Junta (en torno a 1,4 millones) de los fondos públicos para formación.

El País puhlica también que según las pesquisas, UGT de Andalucía, en connivencia con empresarios afines, estableció supuestamente una caja b opaca al fisco que se nutría de estos cursos, merced a cientos de facturas falsas sobre compras inexistentes. El sindicato endosaba a la Junta facturas de esas falsas compras de formación y se quedaba el dinero para viajes de sus miembros, comilonas y otros gastos.

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