El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha manifestado una serie de consideraciones derivadas de la publicación de la evolución del gasto sanitario por el Ministerio de Sanidad, datos en los que se refleja que «el crecimiento del gasto sanitario privado del 2016 al 2017 sobre el Producto Interior Bruto (PIB) es cerca, proporcionalmente, del doble que el gasto sanitario público; un 2,6 por ciento en el gasto sanitario público, pasando de 72.259 millones de euros a 74.150 millones de euros, frente a un 4,4 por ciento en el gasto sanitario privado, creciendo de 29.475 millones de euros a 30.779 millones».
Los principales datos oficiales del sistema nacional de salud publicados por Sanidad confirman «una tendencia creciente insoslayable que denota que la inversión en el sistema sanitario por parte del Estado es insuficiente y tanto la sociedad como el estado de la ciencia actual, demanda la cobertura de más servicios que quedan fuera del paraguas de la financiación de la Administración pública», señalan desde este Instituto. «Este incremento del gasto sanitario privado es debido en gran medida a la capacidad de elección del paciente en un entorno privado de salud», según esta entidad, que plantea que «los datos señalan que las diferentes fórmulas de colaboración público-privadas son imprescindibles en nuestro sistema».
«Así, el gasto sanitario público en estos últimos años no ha recuperado todavía los niveles de inversión del año 2009, quedándose estancado en los 74.000 millones, mientras que el privado se ha incrementado en el mismo periodo un 27,1 por ciento, superando por primera vez la barrera de los 30.000 millones de euros e incrementando su peso en el PIB del 2,2 por ciento al 2,6 por ciento», según el citado IDIS.
Los gobiernos de las comunidades autónomas españolas gastan cada año cerca de 5.700 millones de euros en sufragar convenios y conciertos asistenciales con los hospitales privados a los que derivan pacientes por no poder atenderlos. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra, sirva como muestra el hecho de que esa cantidad supera con creces el presupuesto total que destinan conjuntamente a la sanidad las comunidades de Navarra y el País Vasco, las autonomías con mejores índices de calidad en atención sanitaria y las que presentan el mayor gasto per cápita en salud.
Los recortes en sanidad disparan la facturación de las cinco multinacionales que acaparan el negocio de la salud en España: Quironsalud, Vithas-Nisa, HM, HLA y Hospiten suman 3.900 millones de facturación, dos tercios de un mercado al alza mientras decae el sistema público. Los ingresos han subido tanto por los fondos públicos dedicados a privatizaciones y conciertos como por el crecimiento de los seguros privados de salud. El auge del negocio ha hecho que gigantes como Fresenius, BUPA y Centene controlen contratistas que gestionan centros adscritos a la red pública
Así lo indica Raúl Rejón de El diario.es en Los recortes en sanidad disparan la facturación de las cinco multinacionales que acaparan el negocio de la salud en España. Al mismo tiempo, Madrid paga tratamientos seis veces más caros en sus hospitales privatizados que públicos, según el último informe de la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de fiscalizar los fondos de las Administraciones públicas en Madrid, del que da cuenta Mario Cerdeño en los replicantes,com. En la misma línea, La fuga de pacientes dispara el negocio de los hospitales privatizados | Radio Madrid, según informa Teresa Rubio en LA SER.
El su informe 2019 de próxima publicación, titulado Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas,la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP alerta de la alarmante caída en el presupuesto público sanitario desde hace diez años, así como de la consiguiente pérdida de calidad que han experimentado los servicios públicos a causa de los recortes emprendidos durante los años de crisis económica. Aunque en los 4 últimos años se ha producido un aumento presupuestario, este ha ido dirigido de manera casi exclusiva al incremento del gasto farmacéutico (18% entre 2014 y 2018) y a las privatizaciones. Estos recortes se han evidenciado sobre todo el los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios) que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, que han empezado a generalizarse de forma preocupante en Atención Primaria (el 24% de la población señala que le citan en AP con mas de 6 días de demora) por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado de manera muy notable (por ejemplo el porcentaje de personas que señalan que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 68,3% en 2018) .
El estudio de FADSP evalúa la situación de cada comunidad autónoma analizando y puntuando uno por uno una treintena de parámetros agrupados en cinco categorías. En primer lugar, la financiación y los recursos disponibles, donde incluye el gasto sanitario y, entre otros elementos, los índices de profesionales, camas hospitalarias, quirófanos, intervenciones quirúrgicas, material y equipos médicos por cada mil habitantes.En segundo lugar, la política farmacéutica, donde mide la evolución del gasto público en medicamentos adquiridos con receta y en los dispensados en los centros hospitalarios, así como el empleo de fármacos genéricos. En tercer lugar, la valoración ciudadana del sistema, y, en cuarto, la situación de las listas de espera en consultas de especialista o para intervenciones quirúrgicas. Finalmente, la privatización sanitaria.
En este último apartado, la Federación analiza el porcentaje del presupuesto público de cada comunidad destinado a contrataciones y convenios con centros privados, así como la privatización encubierta mediante fórmulas de gestión privada, como las fundaciones, las empresas públicas y los consorcios de colaboración, y las concesiones administrativas y las iniciativas de financiación privada de la sanidad. También, la existencia o no de dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios al sistema público de salud.
Según la FADSP, los porcentajes del presupuesto sanitario destinado a derivar pacientes a los centros privados varían desde el 3,7% de Cantabria y el 4% de Castilla y León, al 10% de Canarias y Baleares, el 12,4% de Madrid y el 25,1% de Catalunya. Entremedias, La Rioja (8,4%), Navarra (7,7%), País Vasco (6,8%), Murcia (6,4%), Asturias (6%), Castilla La Mancha y Galicia (5,5%), Aragón (5,4%), Valencia y Extremadura (4,5%) y Andalucía (4,3%). Si se extraen las cantidades brutas según el porcentaje de referencia en cada comunidad, la suma de todas ellas asciende a más de 5.669 millones de euros.
Cada español gasta alrededor de 400 euros anuales en prestaciones sanitarias
El estudio de las plataformas que defienden la sanidad pública añade a ese gasto público el llamado “gasto de bolsillo” que cada ciudadano dedica a su salud, bien sea mediante el repago de fármacos, bien por lo que paga por un seguros privado de salud, si lo tiene, o bien por lo que le cuesta abonar una prestación sanitaria en consultas médicas u hospitales ajenos al sistema público. Esos costes rondan los 400 euros anuales por habitante en toda España, con mínimos en Castilla La Mancha (332 euros por persona y año) y máximos en Aragón y el País Vasco, con 491 y 513 euros anuales, respectivamente, por habitante.
El índice de privatización de la sanidad pública es una de las cinco categorías analizadas por la FADSP para establecer su ránking por comunidades. Las que obtienen las mejores puntuaciones son el País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80 puntos cada una). Hay cinco autonomías con servicios sanitarios que la FADSP califica de “regulares”: Asturias (78 puntos), Castilla La Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Tienen servicios sanitarios “deficientes” Baleares (72), Galicia (71 puntos), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). A la cola, Catalunya (65 puntos), València (63) y Canarias (53).
Deterioro generalizado de la sanidad por los recortes
Pese a que el listado podría dar a entender que la sanidad ha mejorado en algunas comunidades, los autores del informe advierten de que el deterioro es generalizado, y alertan de que los recortes en los presupuestos públicos han sumado en los últmios diez años entre 15.000 y 20.000 millones de euros, dependiendo de las fuentes consultadas. De hecho, el estudio muestra que esos recortes siguen lastrando drásticamente el gasto sanitario, porque no hay ninguna comunidad autónoma donde el presupuesto del 2018 haya podido situarse ni siquiera al nivel que tenía en el año 2009. Sólo en el País Vasco, donde el gasto previsto para este ejercicio es un 1,3% inferior al de hace diez años, se puede hablar de cierta recuperación. En el resto de autonomías, el bajón supera el 8%, y en 12 de ellas –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- los recortes con respecto al 2009 superan el 10%.
"Las recortes se han evidenciado sobre todo en los recursos humanos disponibles", denuncian
“Estos recortes se han evidenciado sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios), que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo”, subraya la FADSO. Asegura que en los últimos tres años “se han producido incrementos presupuestarios”, pero subraya que “ni de lejos han servido para recuperar la situación previa”."Esos incrementos han ido dirigidos básicamente a atender un incremento del gasto farmacéutico, en parte consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria –la patronal de la industria farmacéutica- por el que le garantizaba a esta última un aumento paralelo al crecimiento del PIB”.
"Buena prueba [del deterioro sanitario] es que en el último informe de The Lancet sobre el Índice de calidad y acceso a los sistemas de salud, España retrocede once puestos en la clasificación internacional de 195 países de todo el mundo”, añaden.Los recortes en sanidad han provocado que la percepción ciudadana sobre la calidad del sistema público de salud haya variado sustancialmente. Según FADSP, el porcentaje de personas que afirman que el sistema funciona bien o bastante bien ha pasado del 74% en el año 2010 al 67,6% en el 2017. Las personas que piensan que las listas de espera han empeorado en el último representaban en el 2009 el 13% de la población, pero en el 2017 ya eran casi el 30%.
La organización también pone de manifiesto la dramática situación que viven millones de ciudadanos que no pueden pagarse los fármacos que sus médicos les recetan. “Las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos prescritos suponen un 14,76%, y el Barómetro Sanitario de 2017 refiere que suponen el 4,7% de la población”.Trasladado al total de la población española, “supondrían 2,18 millones de personas, sin que el Ministerio de Sanidad haya hecho ningún intento de evaluar el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos”.
Finalmente, las asociaciones que defienden la sanidad pública critican al Gobierno por la dificultad para acceder a los datos sobre el sistema sanitario y cuestionan su intención de cumplir las obligaciones que impone la ley de Transparencia: “Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados por el Ministerio de Sanidad.
50.000 contratos menores
Casi 50.000 contratos menores a la misma empresa. Hospitales que adjudican el 80% de su presupuesto ´a dedo´, contratos con farmacéuticas para el mismo medicamento cada dos días, durante años. Es solo una mínima parte de la información que ya existe sobre la contratación en la sanidad pública madrileña, cada vez con más voces y datos en contra, decía también Raúl Rejón El negocio de la sanidad privada crece imparable a costa del deterioro del sistema público.
A las empresas de sanidad privada les ha ido muy bien con los recortes en la sanidad pública. Mientras se deterioraba el sistema común, se ha acelerado un mercado que no para de crecer tanto por el dinero que llega de las aseguradoras como por el de los conciertos o concesiones con los gobiernos.El sistema público vio cómo cayeron sus recursos casi un 6% entre 2010 y 2015. La recuperación de los presupuestos que se ha registrado después no ha restañado la situación. Así lo explicaba la consultora AON al analizar el mercado de salud privado en 2018: "Las deficiencias en el sector sanitario público que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012".
Las clínicas privadas no benéficas ingresaron 1.615 millones de euros públicos en 2017, según el último análisis disponible de DBK, encadenando cinco años seguidos de incremento (un 13% más). Las aseguradoras han pasado de facturar 6.900 millones en pólizas a unos 8.000 millones. Al calor de este negocio, grandes grupos sanitarios han acudido al negocio español: ocho operadores se reparten tres cuartas partes del pastel.
El sector está dominado por Quirónsalud, Vithas-Nisa, HM Hospitales, HLa (Asisa) y Hospiten cuya facturación –unos 3.951 millones– acapara el 64% de la cifra de negocio global. Otros operadores destacados son Sanitas y Clínica de Navarra. Todos juntos facturan alrededor de 4.500 millones de euros y presentan un incremento sostenido de ingresos hasta cotas récord. El mercado se ha convertido en algo atractivo de manera que corporaciones gigantescas han desembarcado adquiriendo el control de algunos de estos grupos.Así, la alemana Fresenius se hizo con Quironsalud, la británica BUPA domina Sanitas y la estadounidense Centene se compró la mitad de Ribera Salud. Los tres son los principales agentes que dirigen hospitales 100% privatizados de la red pública (como los de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana).
El resultado es que el nicho está en cada vez menos manos. Quironsalud se ha conformado a base de fusiones entre Quirón e IDC-Salud (la antigua Capio). Gestiona cuatro hospitales del sistema sanitario público madrileño y otros dos concertados en Catalunya. Esto le permitió facturar 2.540 millones de euros en 2016. Los conciertos con la sanidad pública aportan un tercio de lo que gana. Estos acuerdos se han convertido en un filón económico.Sus números hicieron que Fresenius, la mayor empresa de sanidad privada de Europa, pagase 5.600 millones por ella (llamó a la división Helios Spain). "Los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado", confesó el consejero delegado de Fresenius al informar de la operación. Con la venta, el fondo de capital riesgo que dominaba el conglomerado, CVC, se embolsó 2.600 millones de plusvalías. Hasta septiembre de 2018, la división española ha ingresado 2.231 millones, un 20% más que en el mismo periodo de 2017, según los informes trimestrales de la empresa.
La valenciana Ribera Salud fue la pionera de la gestión externalizada integral de hospitales financiados con fondos públicos. Estrenó el modelo Alzira en el hospital de la Ribera en la Comunidad Valenciana y amplió sus concesiones a Dènia, Torrevieja y Vinalopó. También desembarcó en Madrid al hacerse con el contrato de los laboratorios que dan servicio a diferentes hospitales públicos y un centro en la localidad de Torrejón de Ardoz.
El Gobierno regional de Ignacio González (PP) le dio más cancha al adjudicarle dos de los hospitales que pretendió privatizar en su abortado proyecto de 2012. Ribera Salud se deshizo del hospital que controlaba al vender las acciones que poseía en la sociedad contratista de Torrejón de Ardoz a Sanitas. El año pasado, el grupo Centene compró el 50% de Ribera al tiempo que recompraba a Sanitas su participación en ese hospital madrileño.
Hasta 1,2 millones de expedientes sin publicidad ni concurrencia en Madrid
Izquierda Unida extrajo y publicó los miles de contratos menores de la región en los últimos dos años y medio. Se firmaron 1,2 millones de expedientes menores (hasta 15.000 euros en compras y 50.000 euros en obras) sin publicidad ni concurrencia, el 94,52% corresponden a la Consejería de Sanidad. Mediante ellos se gastó hasta el 15% del gasto total en la región. Los datos aparecieron en El Boletín, donde Violeta Muñoz y Marcos González también informaron que Las auditorías oficiales descubren múltiples ilegalidades en la gestión del Hospital Ramón y Cajal
Aunque IU ha elevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, no es la primera alarma en saltar. Decenas de informes de la Intervención General de la Comunidad de Madrid llevan años poniendo de relieve indicios de ‘troceos’ de contratos en la sanidad de Madrid. Es una técnica ilegal y recurrentemente incumplida en la Administración en caso de prácticas corruptas y mala gestión.
“El 45,48% del gasto ha sido mediante contratación menor y el 44,85% mediante procedimiento negociado sin publicidad. El alto porcentaje de utilización de la contratación menor implica la utilización de procedimientos contrarios al principio de publicidad y concurrencia establecidos en La Ley de Contratos del Sector Público”, escribían los interventores de la Hacienda madrileña en 2014 sobre las cuentas del Hospital Ramón y Cajal.
Ese mismo informe denunciaba que la contratación menor en el centro no hacía sino aumentar, y apuntaba de forma directa al ‘troceo’: “Se sigue realizando fraccionamiento del objeto del contrato en todos los expedientes de suministros analizados, eludiéndose así la tramitación de procedimientos abiertos con su publicidad implícita”.
Pero la dinámica continúa, las sanciones brillan por su ausencia y los miles de contratos extraídos alcanzan hasta el fin de 2017. En la denuncia de IU figuran solo el actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el anterior, Jesús Sánchez Martos.
No todos los contratos menores son corruptos, pero son un caldo de cultivo
Mónica García, portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, en declaraciones a este medio, apunta a que la solución es ‘sencilla’: “Transparencia y luego vigilancia y asunción de responsabilidades”.
En definitiva, como recuerda, todo pasa por cumplir la ley. Si no se hace así, las preguntas por esta práctica no tardan en aparecen en la mente de la diputada: “¿Cuánto nos podríamos ahorrar con simples acuerdos marcos? No tiene lógica hacer dos o tres contratos de lo mismo”.
Contratos troceados más de 100 veces para pagar tratamientos y suministros en la sanidad madrileña. Un ecosistema alrededor de la contratación pública abonado para la corrupción que sigue operando en nuestros hospitales. Así se lo pregunté al gobierno del PP, denunció Mónica García (@Monica_Garcia_G) el 8 de junio de 2018 la diputada por Más Madrid, médica y madre de tres hijos con la mirada puesta en la Sanidad Pública y el Bien Común
En este sentido, la parlamentaria de la formación morada destaca que firmar acuerdos marcos con farmacéuticas, por ejemplo, evitaría este abuso y otras consecuencias: “¿Cómo se negocian estos contratos? ¿Cuánto pagan por cada unidad? No se sabe. No se hace gratis. Tienen a gente trabajando haciendo 200 contratos al día”. “No todos los contratos son corruptos, pero son un caldo de cultivo”, asevera García.
Sin embargo, salir de esta dinámica parece posible: “Los hospitales llevan abiertos 50 años, podemos calcular lo que vamos a gastar”, explicó a EL BOLETÍN una fuente de la gerencia sanitaria pública.Esta misma fuente con experiencia en contratación pública en hospitales insiste en que los contratos menores deben usarse para “ocasiones puntuales” y que no habrá buena gestión sin que los centros sanitarios comiencen a planificar qué bienes y servicios necesitan para redactar contratos con publicidad y concurrencia.
La Comunidad de Madrid dio hasta 49.000 contratos menores a una misma empresa.“No hay que olvidar nunca que lo que manejamos es dinero público”, recalca. “Hay falta de previsión, si se me rompe una cama, no tengo más remedio que comprarla, pero debo saber en qué situación están las camas”, completa. Mientras tanto, la otra pata que se destaca es la transparencia: “Cada hospital debe publicar qué contratos menores hace, detallarlos y argumentarlos”.
La coincidencia de los expertos en contratación pública consultados por este digital es total y elevar los controles, así como que se asuman responsabilidades es fundamental. Así lo recuerda otra fuente con experiencia en gestión sanitaria: “La clave es que la Intervención adquiera el protagonismo que a mi juicio debe tener y del cual actualmente dista mucho”.
Y más para vigilar unos contratos menores que, en múltiples ocasiones, se hacen inevitables. “Con un contrato te puedes eternalizar; cuando se te estropea un aparato no puedes esperar seis meses y es inevitable por razones de rapidez y porque los departamentos de compra no tienen gente suficiente; un concurso exige mucho trabajo”, sostiene esta otra fuente.
El problema es que no se compra lo suficiente. No por comprar poco, se gasta poco
Evitar un mal uso de la contratación menor y llenar el proceso de opacidad no son los únicos peros. La ineficacia de firmar múltiples contratos menores de una misma temática también es otro de los riesgos ante un procedimiento crucial. Ahí aparece la industria farmacéutica y el conflicto que tienen los hospitales con ella.
“El problema es que no se compra lo suficiente”, empieza a describir este último experto. Y con un símil se entiende: “No por comprar poco, se gasta poco. Si vas de viaje de Madrid a Asturias y, en vez de llenar el depósito a la salida, decides ir echando gasolina cada 100 kilómetros corres riesgos: es más costoso y puede llegar un momento en el que te quedes tirado en el arcén”.
Mientras, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un debate parlamentario con Mónica García se mantuvo firme en que "la actividad sanitaria requiere de un porcentaje de contratos menores por la imprevisibilidad, por la exclusividad de los fármacos”. Tampoco dudó en reseñar que están trabajando por la transparencia y reduciendo contratos menores.Pese a ello, las versiones de los profesionales constatan los malos vicios: troceo de contratos (“es muy evidente cuando se hace”), falta de responsabilidad de los gerentes y de control, opacidad que genera más “mercados cautivos” de los que ya existen, abuso de este procedimiento y falta de previsión.
Madrid tiene un problema con los contratos menores y la sanidad pública es el nombre propio por acaparar el alto porcentaje de estos contratos que se firman. Y un dato es concluyente: la Comunidad de Madrid firmó en 2017, como publicó El Confidencial, más contratos menores que Valencia, Galicia, Cataluña y Andalucía juntas
