Según fuentes del Gobierno consultadas por ABC, en 2014 las cuentas públicas destinarán 130.000 millones de euros al pago de las pensiones, lo que supone un incremento del 7%. Una cifra, por otro lado, muy reducida si se tiene en cuenta que cada mes el sistema público debe dedicar casi 8.000 millones de euros para hacer frente a la nómina de pensiones, incluso el doble de esa cantidad dos veces al año, las que coinciden con las pagas extraordinarias de julio y diciembre.
El último mes abonado, agosto, la Seguridad Social destinó 7.797,9 millones de euros al pago de jubilaciones, un 5% más que en el mismo mes de 2012. La aplicación del nuevo índice se traducirá en una subida del 0,25% para todas las pensiones el año que viene, una cuantía inferior a la que se aplicaría si las prestaciones subieran con el IPC, lo que explica ese ahorro de casi 1.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social en el primer año de aplicación de la reforma.
A partir de 2014 la revalorización de las pensiones se determinará aplicando una fórmula que tiene en cuenta la variación de los ingresos del sistema de la Seguridad Social, la variación del número de pensiones contributivas, el efecto sustitución y la evolución de los gastos.
Se reduce el gasto en prestaciones por desempleo
En estos momentos, las pensiones contributivas en España son 9,1 millones y se espera que alcancen los 15 millones en 2050. Del total, 5,4 millones son de jubilación y, de estas, 2,5 millones cuentan con la "ayuda" de los complementos a mínimos, cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión contributiva que no alcance el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos. El número de pensiones aumenta año tras año, y con ellas también las nóminas de los pensionistas.
Las nuevas altas de jubilación cobran una pensión media de 1.400 euros mensuales. La pensión media de jubilación es hoy de 981,92 euros. En 2012 el salario medio subió un 0,50% y la pensión media un 3%. Amortiguar el impacto de estos gastos es lo que pretende la reforma de las pensiones, que, además de nuevo índice de revalorización, incluye también un factor de sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento.
El otro gran capítulo de gasto de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, continuará disminuyendo el año próximo debido a la caída del número de parados, de los perceptores con derecho a prestación, y en parte también a que los gastos se han reducido por el recorte de la prestación a partir del séptimo mes del 60 al 50% de la base regulatoria aprobada el año pasado. La suma de todos estos factores permitirá gastar menos en paro.
Empleo cobra el coste de las prejubilaciones a empresas con beneficios
Más de dos años después de que el Gobierno decidiera pasar la factura a las grandes empresas con beneficios que prejubilaban a empleados mayores de 50 años, el Ministerio de Empleo ha dado las primeras órdenes de cobro, según informa EL PAÍS. En una respuesta parlamentaria al diputado de CiU Carles Campuzano, Empleo explica que "se encuentran en fase provisional de liquidación las aportaciones correspondientes a determinadas empresas que iniciaron despidos colectivos en 2011". Los primeros expedientes de cobro por prejubilaciones de 2011 arrojan "hasta el momento, un montante estimado de 966.000 euros", según se detalla en la respuesta parlamentaria.
Hasta que el Gobierno, entonces del PSOE, no hizo una modificación legal en 2011, no había impedimentos para que las empresas acometieran prejubilaciones en las que pasaban parte del coste del despido a las arcas públicas. El Servicio Público de Empleo pagaba las prestaciones de desempleo y la Seguridad Social abonaba las cotizaciones de los trabajadores despedidos durante el periodo de cobro de la prestación. La decisión del Ejecutivo socialista, luego respaldada por el Gobierno de Rajoy, se produjo tras la polémica creada por un ERE de Telefónica en abril de 2011. Desde entonces, las grandes empresas (de más de 100 trabajadores) con beneficios están obligadas a compensar a la Administración por los costes que soportan en las prejubilaciones incluidas en despidos colectivos.
La modificación legal ha tardado mucho tiempo en poder ser aplicada, entre otras cosas, como admite el propio Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, porque el desarrollo reglamentario se demoró hasta finales del año pasado. Los expedientes de cobro de los que ahora da cuenta el Gobierno corresponden a los primeros despidos colectivos de 2011 que reúnen las condiciones necesarias.
Empleo ha argumentado además que la demora llega porque los despidos de los ERE no se producen de golpe, sino que en la mayoría de casos son escalonados. Todo ello explicaría que esta primera estimación esté tan alejada de las previsiones que hizo el Gobierno, que contaba con recuperar unos 390 millones de euros cada año por sus aportaciones a prejubilaciones de grandes empresas con beneficios.
