El Consejo de Ministros acordó este viernes la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La nueva norma tiene el objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.
El objeto principal de esta Directiva es armonizar a nivel europeo el marco regulatorio de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, el Anteproyecto de Ley, aprobado por el Gobierno informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte, introduce medidas que refuerzan las aprobadas en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como son la mejora del gobierno interno, la transparencia y la rendición de cuentas, y la diligencia en la recaudación, la gestión y el reparto de ingresos.
No obstante, la medida es interpretada por expertos como un intento del Gobierno de aprovechar la transposición dela directiva europea para autorizar la entrada de otros operadores independientes e incluso extranjeros, al margen de la SGAE, para la gestión de los derechos de autor en España. Dicen que la Sociedad General de Autores controla de manera casi monopolítica este sector en nuestro país, ya que la presencia de otras entidades es testimonial.
Hace unos días, Iban García del Blanco, nuevo secretario de Cultura y Deportes PSOE, antes responsable de Movimientos Sociales, pedía en entrevista con Ibercampus.es equilibrar la participación en la cadena de valor de la propiedad intelectual, y una "mayor ejecutividad y medios para los organismos ya existentes que la protegen".Al ser preguntado si las ocho entidades de gestión no solapan las tareas y representatividad (caso de SGAE , Sociedad General de Autores y Editores, CEDRO o Centro español de derechos reprográficos, VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales), AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España, AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión),AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales), dijo que reordenar o simplificar es estudiable: No obstante, hay que tener en cuenta que en algunos casos más que solapamiento, lo que hay es capacidad de opción para artistas y creadores (lo que en principio debería estimular para ofrecer mejores servicios).
Mejora de los mecanismos de control
Todas estas medidas ayudarán a mejorar los mecanismos de control de las entidades. Entre las novedades que se incorporan figura la obligación de que cada entidad de gestión cree un órgano de control interno que supervise a sus propios órganos de gobierno en aspectos tales como el reparto de los ingresos recaudados, la tramitación de expedientes disciplinarios o la ejecución del presupuesto. Este órgano lo compondrán miembros de la entidad junto con personas independientes ajenas a la misma. Las entidades de gestión deberán, además, publicar un informe anual de transparencia, así como la auditoría de sus cuentas anuales.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley propone la regulación de otros operadores que, al margen de las entidades de gestión establecidas en España, pueden gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual en nuestro país. Concretamente, se regula el régimen jurídico aplicable a los operadores de gestión independientes y a aquellas entidades de gestión establecidas fuera de España que quieran prestar servicios en territorio español.
Licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales
El nuevo texto introduce también la regulación de la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea. Estas licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización transfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros o, incluso, de toda la Unión Europea.
El Consejo de Ministros ha aprobado tres Acuerdos por los que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación a convocar ayudas para personal investigador y técnicos de apoyo, por un importe conjunto de 105 millones de euros, y para proyectos de colaboración público-privada, por un importe de casi 400 millones de euros. En total, se trata de más de 500 millones de euros para la contratación de 875 investigadores y 180 técnicos, así como para financiar proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación. La medida llega tras las criticas del PSOE a que la I+D+i “siga perdiendo peso en nuestro país, por quinto año consecutivo”,según los datos de ejecución presupuestaria: en 2016 se dejaron sin gastar dos de cada tres euros que el Estado iba a invertir en esta partida. Por ello, el político socialista deplora que el PP “se dedique, año tras año, a destruir los pilares sobre los que tiene que construirse la economía del futuro.
