El pasado verano, la ministra Isabel Celaá anunció que convocaría un comité de expertos para revisar la prueba y corregir el diferente nivel de dificultad y la diversidad de criterios de corrección, por ejemplo, de las faltas de ortografía. Sin embargo, ese comité, que dependía exclusivamente de la voluntad ministerial, nunca se constituyó, por lo que alegar ahora que no hay margen de tiempo no resulta una excusa aceptable.
Celáa tenía previsto crear un grupo de trabajo compuesto por su ministerio, comunidades autónomas y universidad, para garantizar que los estudiantes se presenten a pruebas con el mismo grado de dificultad en todas las comunidades, lo que no supone una prueba igual para todas las autonomías, ya que en algunas se estudian contenidos diferentes, aunque el currículo se considereúnico.
Falta de equidad
Es un clamor que la prueba de selectividad adolece de una total falta de equidad y de igualdad de oportunidades para los alumnos. Incluso un buen número de políticos de diferentes siglas han reclamado que haya un único examen o, al menos, con el mismo grado de dificultad en toda España, puesto que es la puerta de acceso a cualquier universidad del territorio nacional.
También en verano, dada la situación de interinidad del Gobierno, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) decidió iniciar un estudio sobre el modelo de selectividad cuyas conclusiones llegasen a tiempo de aplicarse en 2020. Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque acordó ponerse a trabajar con la CRUE, que designó a sus representantes para la tarea. Pero nunca se puso fecha definitiva a dicho grupo de trabajo por parte del ministerio. En definitiva, ni por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional ni del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha habido voluntad de abordar el asunto.
Desde que se planteó la revisión de las pruebas de la EBAU, la ministra Isabel Celaá había dejado claro que no veía la posibilidad de una prueba única, dadas las diferencias de contenido en el currículo entre comunidades. Y la causa de esas diferencias se mantiene en el proyecto de ley que modifica la anterior ley de educación de 2006, la LOMCE. Según dicho texto, las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículo y son fijados por el Gobierno, «requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan». Lo que deja un buen margen de actuación a las comunidades autónomas para incluir sus propios contenidos en el currículo. Estos requisitos ya estaban en la LOMCE, lo que supone que no hay discrepancias entre los partidos mayoritarios sobre este punto. No obstante, el trámite parlamentario de la ley dará ocasión para debatir los pros y contras de esta posición, si es que algún grupo político se opone a esta opción que permite tener tantos currículos como comunidades autónomas.
Con el proyecto de ley Celaá, el currículo evaluable en la selectividad sigue sin ser uniforme en el conjunto de los territorios, lo que impide que exista una prueba de acceso a la universidad uniforme para todos los alumnos. La conclusión no puede ser otra: con su actuación el Gobierno ha decidido que no habrá prueba única de selectividad definitivamente. Queda por preguntar qué hará el Gobierno para eliminar las diferencias de dificultad o los distintos criterios de corrección de las pruebas, y si tiene voluntad cierta de resolver estas cuestiones como reclaman las organizaciones estudiantiles, aconseja el Consejo Escolar del Estado, reconocen los rectores y exigen algunas fuerzas políticas. A estos interrogantes deberá responder el ejecutivo cuanto antes si es cierto que quiere ponerse a trabajar con tiempo suficiente para remediar, al menos en parte, algunos inconvenientes de la selectividad.
