Eso sí, reconoce que en algunas provincias y en algunos meses, de forma puntual, se ha sobrepasado la capacidad del mismo, publica Europa Press. .
El plazo de un mes
En todo caso y cumpliendo con la normativa existente, el Gobierno indica que las convocatorias a examen se realizan de oficio y atendiendo a la capacidad disponible, de forma que el plazo normalizado de citación no suele exceder de un mes, siendo inferior en la mayoría de las provincias.
No obstante, apunta que en aquellas provincias con carencia de examinadores de forma puntual, se ha reforzado el servicio con examinadores itinerantes, así como con mediante atribución temporal de funciones y comisiones de servicio con examinadores de otras provincias.
Además, para reforzar la capacidad de examen, la DGT ha procedido a la convocatoria y realización de un curso de formación de examinadores entre los funcionarios de su plantilla.
Respecto a la retribución de este personal, el Gobierno considera que sus retribuciones son adecuadas a las funciones correspondientes a su nivel administrativo, dentro del contexto de reducción del gasto público.
