El paso del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo, (MSE), como se iba a llamar el mecanismo de los ERTEs en los borradores sobre la reforma laboral, al nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Emple0 (RED) sorprende tanto por el momento en el que llega como por la amplitud de los cambios en uno de los puntos que parecían más cerrados.
Sobre todo, desde que Trabajo cedió y retiró la propuesta de hacerlos la opción preferente sobre los despidos. En las últimas versiones que circularon, su ámbito se centraba más en las reducciones que en las suspensiones de contratos, lo cual contribuyó a sembrar muchas dudas sobre su eficacia en una crisis diferente a la de la pandemia.
Esta impresión se veía reforzada especialmente por la decisión de grandes empresas, especialmente entidades financieras, de despedir o prejubilar a miles de trabajadores que se han conocido en los últimos meses, y que han sido criticada incluso por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
La nueva propuesta, adelantada ayer por La Información, parece responder a esta cuestión, al introducir nuevos casos y formas de aplicar una herramienta que ya no se parece en nada a los ERTEs de hace año y medio pero tampoco a la propuesta de hace un mes
Y es que mientras el MSE se activaba ante la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción definidas según lo redacta el Estatuto de los Trabajadores, RED añade causas estructurales y cíclicas que afectan a sectores e incluso a la economía en su conjunto.
Las causas estructurales, se refieren a cambios en los procesos de producción, pero mucho más detallados para señalar las necesidades de reconversión de un sector ante la innovación tecnológica, como la automatización de procesos.
Cabe recordar que este motivo ha llevado al cierre de oficinas bancarias y es una de las claves directas que justifica, en el caso de las grandes entidades, los despidos y prejubilaciones anunciados a lo largo de 2021.
Las causas cíclicas, según el borrador recogido por La Información no están muy detalladas, lo cual tiene lógica, ya que apuntar a situaciones de crisis económica, convencional o no, que puedan afectar a la economía. Y estos casos serán determinados por acuerdo del Consejo de Ministros.
En ambos casos, los ERTE se convertirían en una herramienta no sólo para salvar puestos de trabajo, sino para orientar su reconversión, aunque sean ‘cediendo’ trabajadores a otras empresas, mediante formación e incluso ayudas a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Por ello, se recupera la figura de autorización administrativa previa que la reforma laboral de 2012 eliminó. Pero sólo para este caso, pues no se recuperaría para otras regulaciones, como las de los despidos colectivos.
Las dudas que persisten
Pero este modelo mantiene varios interrogantes sobre su eficacia. El primero es que, como decíamos, se mantiene la prioridad de la reducción de jornada sobre la suspensión, pero no sobre la extinción de contratos. Es decir, no impide los despidos, ni siquiera con matices, como se estableció con la fórmula de los ERTEs durante la pandemia.
El segundo, el coste y complejidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Aunque el borrador corresponde a una Ley, de su desarrollo reglamentario dependen su resultados y no ocurra como con otras medidas como el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas a los autónomos.
Por otro lado, los planes de recualificación y recolocación ya existen en el caso de los despidos colectivos, y su eficacia, a tenor de los datos de parados de más de 50 años y de jubilaciones anticipadas, han sido escasa. Las prejubilaciones siguen siendo una opción preferente.
Esto exigiría una reformulación de las políticas activas, con énfasis en los trabajadores de mayor edad, un ámbito a tratar en la Ley de Empleo que el gobierno quiere aprobar el próximo año, pero ya está discutiendo con sindicatos y patronal pero también asociaciones de afectados por el edadismo. Pero en el borrador, apenas se detalla.
Por otro lado, la decisión de que haya una autorización administrativa previa para RED y no para los EREs, complica aún más las decisiones de las empresas que tienden a simplificar costes y burocracia. Y no sólo en el caso de las pequeñas medianas empresas.
No hay más que recordar, que los bancos siempre han tenido la opción de acogerse a ERTEs –que ya existían mucho antes de 2020– y nunca lo han hecho, ni antes de, ni durante la pandemia.
