"Entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar", ha dicho Beteta en declaraciones a los medios. Según apunta EL PAÍS, los sindicatos esperan 2.000 nuevas reclamaciones en los juzgados este mes. "Dos autonomías del PP se rebelan ante Montoro para devolver la extra de 2012", titula el diario.
El secretario de Estado se refería así al real decreto 20/2012 que suprimió esta extra en su artículo 2 y cuya aplicación es obligatoria para todas las administraciones públicas del país: central, autonómicas y locales, así como el sector público dependiente de ellas. "Cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento de este real decreto", ha insistido Beteta.
Varias comunidades tomaron medidas tras la supresión de la extra de Navidad de 2012. El Gobierno vasco decidió abonársela a sus funcionarios, alegando competencias propias para ello, y otros Ejecutivos como el de Navarra optaron por adelantar la extra de verano de 2013 a enero, para que ese dinero llegara en las fiestas de Navidad.
En este último caso, el Gobierno advirtió que el adelanto sería posible siempre que no se compensase después la paga adelantada, es decir, que en este año los funcionarios reciban tres pagas.
Recientemente, tanto los gobiernos de Extremadura como el de Castilla y León han anunciado su intención de compensar esa paga suprimida. El Ejecutivo de José Antonio Monago asegura que lo hará en 2014 y el de Juan Vicente Herrera, a plazos, para ajustarlo a las posibilidades presupuestarias
