El tema ocupaba este lunes la apertura de Ibercampus.es: pese al apoyo mayoritario de la prensa y las primeras movilizaciones a favor, algunos columnistas de EL PAÍS y diarios como LA VANGUARDIA llamaban a "no usar las lenguas como gasolina", al recordar la minoría allí del PP y la mayoría social del catalán, El PP anunció ante ello este lunes que pondrá en marcha una iniciativa en el Parlament para garantizar que los padres puedan elegir la educación de sus hijos en castellano. El mismo diario informa que el Mobile World Congress que comenzará el lunes en Barcelona será más mundano y menos futurista: dispositivos e innovaciones tecnológicas perdeán intensidad frente a las demostraciones de la aplicación práctica en la industria y en las actividades cotidianas de los consumidores. “ Es el año de la madurez en las innovaciones empresariales y en el hogar”, declara José Luis Sancho, managing director de Accenture Digital España, Portugal e Israel en un encuentro con periodistas en el que ha repasado las novedades del evento.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aclaró ayer que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había ratificado en la reunión del Comité de Dirección del partido su voluntad de garantizar que los padres puedan elegir la educación en castellano en Cataluña."Sencillamente queremos que una cuarta parte de las asignaturas troncarles puedan enseñarse en castellano", añadió Casado, quien recordó que la LOMCE lo contemplaba y el Tribunal Supremo así lo ha ratificado. No obstante, reconoció que el Gobierno, aún con el 155, "no puede legislar" en la comunidad. Además, señaló que el PP defenderá que se desbloquee la LOMCE, que la oposición mantiene bloqueada.
Por otro lado, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dijo que el Gobierno quiere incorporar la llamada casilla lingüística en la preinscripción escolar catalana, y fue desmentida. Poco después, el Ministerio de Educación salía al paso para insistir en que trabajan en la búsqueda de una fórmula, que aún no está definida. LA VANGUARDIA habla de "discrepancias en el Gobierno sobre la viabilidad de la reforma del catalán". Por su parte, EL PAÍS resalta que "Educación corrige a la ministra de Sanidad". Para EL PERIÓDICO, "el Gobierno y el PP se lían con la inmersión lingüística".
EL MUNDO señala que a la espera de que el Ministerio de Educación aclare cómo podrá garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña, el PP catalán propone que haya un centro en español en cada municipio, aunque admite que haría falta un año para cumplir la ley.
Por su parte, el PSOE insistió en que todas las decisiones judiciales sobre la educación en castellano en Cataluña deben respetarse. Así lo indicó la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, quien, no obstante, consideró que este debate "no toca a través del 155".
El coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclá, recordó que el Gobierno "no tiene legitimidad" para modificar la ley educativa en Cataluña, ya que su mandato a través del artículo 155 es "en funciones" y no le permite tomar decisiones políticas.
En otro orden de cosas, el proceso de preinscripción del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria en Cataluña se iniciará a finales de la primera semana o la segunda de abril, en lugar del hasta ahora habitual mes de marzo, según informó la Consejería de Enseñanza de la Generalitat en su web.
El PP corrigió también este lunes la propuesta de resolución que había registrado al informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos de los años 2014 y 2015 para eliminar su petición de que el Ministerio de Hacienda investigue las cuentas de Ciudadanos. En la nueva redacción, los populares se limitan a pedir al Tribunal de Cuentas que valore si Ciudadanos "cumplió con sus obligaciones tributarias".
Según explicó la portavoz adjunta del grupo parlamentario Susana López Ares deberá ser el Tribunal de Cuentas quien valore si la documentación y la contabilidad presentada por Ciudadanos "se ajusta o no a la normativa fiscal vigente".
La propuesta inicial había provocado duras críticas de Ciudadanos, quienes acusaron al PP de "denigrar" las instituciones y de querer utilizar la Hacienda Pública para atacarles.
