El proyecto de Ley de la Ciencia en Recursos Humanos, sin las propuestas de sociedades científicas

Tras anunciar el ministro Duque a finales de marzo pasado las líneas generales de la próxima ley de la Ciencia, la COSCE le envió el pasado 12 de abril un Informe de urgencia ante una inmediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia,  donde insistía en la refundación del sistema de ciencia, tecnología e innovación basadas en las propuestas de la comunidad científica española. Pero tras conocer el borrador completo con el contenido de la propuesta de reforma del Ministerio de Ciencia e Innovación, envió el pasado lunes un nuevo documento para complementar y desarrollar el primero, especialmente en el ámbito de los recursos humanos, aunque dentro de su ya declarado propósito de que la ciencia debe ser tratada como un asunto de Estado y la reforma de la flexibilidad y adecuación normativa de los recursos humanos en investigación son prioritarios. Y ello porque la nueva Ley de la Ciencia sustituirá a la preparada desde 2009 durante tres años como prioridad absoluta cuando la empresaria Cristina Garmendia era la Ministra y luego resultó frustrada en sus objetivos, pues fue publicada en el BOE el 2-6-2011 mientras el último Gobierno de Rodríguez Zapatero se dirigía hacia su debacle electoral del 20 de noviembre, elecciones en que el PSOE de Rubalcaba perdió más de 4 millones de votos ante el PP de Rajoy y los nacionalistas. Entró así en vigor el 2-12-2011LLegaba en plena crisis financiera y de los primeros recortes, después de que en la previa etapa de auge desde la anterior Ley de la Investigación de 1986 la comunidad científica española creciera seis veces, por lo que la nueva norma pretendía coordinar dentro de un gran sistema de tecnología e innovación a las comunidades autónomas que se habían dotado de sus propios sistemas, además de diseñar una carrera científica y técnica predecible, basada en méritos y socialmente reconocida, pues en los últimos años los de 200.000 investigadores españoles han sufrido recortes financieros del 30% respecto a 2008 y penden del ciclo, como había informado previamente la Fundación Alternativas.

El segundo pronunciamiento de COSCE en dos semanas ante al Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la meritocracia científica,  critica la eliminación del programa “Ramón y Cajal” sin ofrecer una mejor alternativa. Destaca igualmente que no recoge tampoco ninguna de las propuestas realizadas por la comunidad científica en el ámbito de los recursos humanos en investigación. El borrador de propuesta de reforma de la Ley del Ministerio va en contra de la excelencia científica, dificulta la atracción de talento y perpetua la endogamia", resalta la COSCE, cuyas críticas coinciden aunque a veces por motivos contradictorios con el  informe del Ministerio de Trabajo y las denuncias del sindicato CSIF en el sentido de que introducir la figura del tenure-track (contrato indefinido pero sometido a evaluación) supone una desprotección para el trabajador y podría ser incluso inconstitucional al extinguir la figura del Científico Titular y no desarrollar la carrera profesional del personal de investigación técnico, no incluir  indemnización por la finalización de contrato, ni el pago de trienios demandados por los colectivos del personal investigador en formación.

La  COSCE ya encabezaba el 17 de abril de 2020 el comunicado público por el que la ciencia española se desmarcó de la reiterada apelación del Gobierno a ella durante la crisis del Covid, junto a otras tres organizaciones: Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Crue Universidades Españolas, Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa). Pero ahora los rectores van por su parte, y ante el generalizado incumplimiento legal en los campus, Duque les ofreció a principios de abril estabilizar al PDI con el modelo tenure track, contratación fija sujeta a evaluación (principalmente por la ANECA, contestada entre las sociedades científicas), tras lo cual la conferencia de los rectores (CRUE) se ha apresurado primero a consolidar el oligopolio de Elsevier en España para "fomentar el acceso abierto" y luego a reforzar ese oligolopio de las revistas científicas, cuyos índices de impacto son la principal y casi única fuente de evaluaciones, lo cual últimamente inquieta hasta la propia ANECA, que a principios de abril matizó su posición ante revistas depredadoras al encontrarse 324 de ellas indexadas en Scopus y a finales de mes anunció la revisión del sistema junto a que evaluará con limitación a 7 universidades las ultimas solicitudes de sexenios de investigación(10.309)

Según la COSCE, el Ramón y Cajal que el Gobierno pretende liquidar ha sido en los 20 últimos años el verdadero 'tenure-track' español (modelo que el Ejecutivo dice que pretende generalizar pero con una evaluación regular de investigación, transferencia y docencia que tiende a convertirse en el foco del debate,  pues hoy las dos primeras se centran casi exclusivamente en artículos publicados en revistas )

El nuevo el informe de la COSCE recoge también la necesidad de una reforma profunda legislativa de los recursos humanos en investigación, distinta a la planteada por el borrador del Ministerio de Ciencia e Innovación, que en su opinión dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere con las políticas autonómicas más avanzadas como la de Cataluña, Madrid y País Vasco. Además, el texto recoge que el planteamiento actual del Ministerio será de difícil aceptación en las universidades, en los institutos hospitalarios y centros de investigación regionales. 

El texto destaca el éxito, prestigio y buen funcionamiento del programa “Ramón y Cajal” como herramienta de atracción y retención de talento en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Por consiguiente, rechaza su eliminación  y sustitución por la figura de un “contrato laboral fijo de incorporación”, el citado modelo de ´tenure track´ sujeto a evaluación externa, con la excusa de que se acabará la temporalidad y rebajará la edad de estabilización.  

Para la COSCE, la propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia “no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento” en cuanto que también elimina la figura de “Científico Titular” de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado. El texto resalta que los nuevos contratados se asumirán desde las instituciones contratantes, que ofertarán las plazas conforme a la tasa de reposición, por lo que no habrá incremento del número de puestos estables y se fomentará la endogamia, acabando con la atracción de talento basado en la meritocracia y evaluaciones externas.

Argumentos contra el fin de la meritocracia científica 

El informe concluye que el resultado de la reforma de la Ley en el ámbito de los recursos humanos creará una bolsa creciente de contratados con dudosa capacidad de estabilización. El texto íntegro en el que justifica gran parte de este argumento y defiende el Ramón y Cajal, sin desperdiclio, dice lo siguiente: 

Hace dos décadas que en un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación como el español (el SECTI) endogámico y congelado, un grupo de gestores con visión de futuro entendió la necesidad de diseñar algún programa que rompiera con esa situación. Era necesario intentar atraer al SECTI a los mejores. Y se creó el programa Ramón y Cajal (RyC) que este año cumple su vigésimo aniversario. Muchos de los grandes investigadores que hoy tenemos en el SECTI 

accedieron al sistema gracias al programa RyC. Muchos de ellos fueron españoles que pudieron volver a España, así como una cantidad no desdeñable de extranjeros. Y también muchos que, estando dentro del sistema, no habrían tenido nunca una oportunidad de incorporarse a él de forma estable. El éxito y el prestigio adquirido por el programa RyC, tanto dentro como fuera de España, es incuestionable: “RyC” es un sello de calidad indiscutible. Con los años, además, a través de la acreditación I3, la mayoría de los RyC se han ido estabilizando en el SECTI. El consolidado programa RyC se ha convertido en sí en un “tenure-track” (salvando las distancias) a la española. Hoy es un programa consolidado como una herramienta de atracción y retención de talento, tanto que numerosas comunidades autónomas han creado programas de talento similares, y lo mismo se puede decir de programas como el Miguel Servet (MS) en el Sistema Nacional de Salud. Es cierto que se pueden mejorar algunos aspectos, y la imposición de la tasa de reposición ha complicado la estabilización, pero en su conjunto el saldo de estos programas es muy favorable.

El Ministerio de Ciencia ha presentado una propuesta de reforma de la “Ley de la Ciencia” que propone, como primera medida para “reformar la carrera del personal investigador”, 

eliminar el programa RyC. Con la excusa de que “vamos a acabar con la temporalidad y a rebajar la edad de estabilización en el sistema”, se elimina la figura del RyC y se crea una figura nueva llamada “contrato laboral fijo de incorporación”. También desaparece la figura del “Científico Titular” de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado que constituye la gran mayoría del personal investigador estable de dichos 

OPI. Con la promesa de que el número de plazas de esta nueva figura crecerá, así como su dotación de fondos de arranque, se piensa que con este cambio se va a combatir la 

precariedad, pero aniquilando al mismo tiempo la capacidad de atraer talento que hoy tiene el programa RyC. 

"También desaparece la figura del “Científico Titular” de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado, que constituye la gran mayoría del personal investigador estable de dichos OPI"

Pero vayamos a la letra pequeña. En primer lugar, el salario de estos nuevos contratados lo asumirán las instituciones de destino desde el principio. En segundo lugar, el número de contratos ofrecidos será a costa de la tasa de reposición de las instituciones, por lo que no cambiará el número de los puestos estables que se pueden ofrecer. Las personas que opten a estos contratos deberán superar un concurso en las instituciones de destino (con normas y tribunales nombrados por esas instituciones, lo que favorecerá la endogamia). Finalmente, pasados cuatro años, la propia institución evaluará su desempeño para estabilizarse de forma permanente (en esa misma figura laboral). Si tenemos en cuenta que la tasa de reposición no crece, es obvio que con ese sistema de oposición no solo no se mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento. Y no parece que sea una manera de evitar la endogamia. Es dudoso que las instituciones quieran poner en juego “su” tasa de reposición (normalmente utilizada para funcionarios) para este perfil de contrato, de forma voluntaria. 

Pensamos que este nuevo contrato y sus reglas de juego no solucionarán el problema de la temporalidad, y que creará unos efectos secundarios muy perniciosos, acabando con la más eficiente herramienta que tenía el sistema para atraer talento, basada en la meritocracia y en evaluaciones externas. El resultado será una bolsa creciente en la escala laboral (que convivirá con las escalas de funcionarios) con una dudosa posibilidad de estabilización (recordemos, 

siempre en un escenario de tasa de reposición). Incluso, durante los primeros años, se crearía una tensión adicional, ya que tendrían que competir, por estos nuevos contratos, los que terminen el programa RyC (y sus equivalentes) y los que tendrían que incorporarse de nuevas al mismo.

"Este nuevo contrato y sus reglas de juego no solucionarán el problema de la temporalidad, y que creará unos efectos secundarios muy perniciosos, acabando con la más eficiente herramienta que tenía el sistema para atraer talento, basada en la meritocracia y en evaluaciones externas". 

No podemos sino plantearnos algunas preguntas: sin eliminar, o al menos aumentar considerablemente la tasa de reposición, ¿cómo se pretende estabilizar los puestos precarios y al mismo tiempo atraer todo el talento que está en el extranjero? Los centros que no “tienen” tasa de reposición (instituciones jóvenes sin jubilaciones), ¿se quedan sin el programa RyC y nada que lo sustituya? ¿Qué va a pasar con el exitoso programa MS, también va a desaparecer sin conseguir integrar a excelentes investigadores en las plantillas del Sistema Nacional de Salud? ¿Van a renunciar esos centros –universidades, OPIs– a plazas de funcionario por plazas de contratados de menor nivel? ¿Están dispuestas las universidades, OPIs, hospitales y otros centros a pagar estos contratos al 100% desde el principio? ¿Qué va a ocurrir con las numerosas convocatorias de talento de las CCAA equivalentes a RyC y MS? Por cierto, ¿no sería bueno discutir todo esto, también, con las CCAA que tienen convocatorias de talento?

Son muchas las dudas y las preguntas que no tienen respuesta o que, simplemente, la tienen inadecuada. En el documento que elaboró COSCE y que envió al ministro Pedro Duque con motivo de esta reforma se incluían numerosas propuestas en el ámbito de los recursos humanos en investigación. No se ha considerado ninguna. Y a cambio se propone una reforma que va en contra de la excelencia, que dificultará la atracción de talento, que va a perpetuar la endogamia, que choca con las políticas autonómicas (incluyendo las comunidades pioneras en programas de talento como Cataluña, País Vasco y Madrid) y que va a ser de muy difícil aceptación en las Universidades (responsables del 65% de la actividad investigadora) e imposible en los “jóvenes” institutos hospitalarios y centros de investigación 

regionales. No podemos apoyar semejante experimento, que además acaba con un programa de excelencia, el RyC, cuya eficacia ha sido contrastada y emulada en las dos décadas que lleva funcionando. Hace falta una reforma profunda de la legislación que afecta a la ciencia, y en particular a los recursos humanos. Pero así, no.

Sociedades miembros de COSCE y presidentes

La COSCE agrupa a 84 sociedades que representan a más de 42.000 científicos, una parte de las cuales realizó el pasado mes de septiembre el  I Congreso Nacional COVID-19, donde 55 sociedades científicas urgieron a gobiernos y ciudadanos que "reaccionen" y a principios de octubre promovieron un manifiesto firmado enseguida por 13.000 personas urgiendo a todos los gobiernos que "frenen ya tanta discusión y corran". Es por ello la COSCE el principal interlocutor de la comunidad científica española ante la sociedad civil y los poderes públicos y entre sus objetivos se encuentra contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, promover el papel de la ciencia y su difusión como un ingrediente necesario de la cultura.  Está formada por sociedades numerarias en las que están representadas la práctica totalidad de las áreas científicas y cuenta con sociedades adheridas con las que colabora estrechamente para conseguir sus objetivos. Estas sociedades y sus respectivas presidencias son: