Porque, como detalla el propio Consorcio de Seguros en su nota, la entidad ha recibido 2.847 solicitudes de indemnización, por daños producidos a 2.322 viviendas, 221 vehículos automóviles, 278 comercios, hoteles y locales de oficina, y 26 industrias. Esto es, apenas un 20% de las solicitudes han obtenido alguna respuesta, en un proceso que se viene alargando y que está obligando a los afectados a coordinarse, movilizarse y actuar de manera colectiva. Algunas de estas entidades en proceso de constitución han contactado con la asociación ADICAE, que mantiene dos sedes en Canarias, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Fruto de estos contactos, la asociación está preparando un encuentro presencial en la zona cero de la erupción, para conocer de primera mano cuáles son las inquietudes inmediatas de los afectados. De primeras, ver qué está pasando con esas 2.300 solicitudes la mayor parte de las cuales llevan esperando ya varias semanas a la tramitación de sus compañías de seguros. Dice el Consorcio que han sido las aseguradoras las que, en representación de los asegurados afectados, han solicitado la indemnización en el 45% de los casos; los mediadores (agentes o corredores) de seguros en el 33% de las ocasiones; y ha sido el propio asegurado directamente quien lo ha hecho en el 22% restante de los casos.
El Consorcio asegura que continuará, «como viene haciendo desde el primer momento sin interrupción», abonando las indemnizaciones «a los asegurados por transferencia bancaria, tanto por los daños materiales sufridos (lava y cenizas) como por las pérdidas de alquileres o de inhabitabilidad de las viviendas y las pérdidas de beneficios por la destrucción o la interrupción de negocios, siempre que unos y otros se encuentren asegurados». De momento, 463 solicitudes se han abonado y 88 se han rechazado, una proporción de seis a uno que parece descartar que los habitantes de La Palma tuvieran todo su patrimonio sin asegurar.
Moratorias de crédito
Más parece que la cuestión está en la tramitación de las solicitudes, y en la diferente agilidad en esos trámites y las peritaciones por parte de las propias aseguradoras ante el Consorcio de Seguros. En este sentido, los afectados empiezan a tener más esperanza en las ayudas públicas, y reivindican la llegada inmediata de recursos con los que empezar a recuperar sus vidas cotidianas. Han pedido ayuda a los bancos también. El Banco de España recuerda que el número de solicitudes de moratoria recibidas por afectados del volcán alcanzaba el 30 de noviembre las 2.682, «de las cuales se habían concedido 1.789 y 860 estaban siendo tramitadas por las entidades. Únicamente 33 solicitudes habían sido denegadas».
Cerca de un 30 % de las solicitudes recibidas correspondían a préstamos con garantía hipotecaria. Por importes, dice el supervisor, el saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendía a 73,9 millones de euros, de los cuales el 65 % correspondía a operaciones hipotecarias. El saldo vivo medio pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendía, en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria a 106,4 miles de euros y, en el caso de los préstamos sin garantía hipotecaria, a 19,2 miles de euros. Y el número total de beneficiarios de la moratoria fue de 2.606, de los cuales 2.219 eran deudores y 387 avalistas, finaliza el Banco de España.
