Quiero comenzare esta columna refiriéndome a otra que escribí en La Voz Libre, y que titulé "Haber nacido tarde puede dejar de ser una mala suerte para jóvenes licenciados y doctores"
Ahí me refería elogiosamente a una de las iniciativas de mayor calado que haya tomado una responsable de Educación en muchos, muchos años. En concreto, la Consejera de Educación, Dña. Lucía Figar, se ha atrevido a desafiar el poder que los sindicatos habían conseguido para favorecer a los veteranos, a los viejos docentes, frente a la competencia y empuje de los jóvenes. Sí, ya sé que a muchos les sentará mal esto que digo, pero la gran contradicción de los docentes a los que han favorecido durante años el sistema de valoración de méritos es que sus hijos encuentran que, para ellos, el sistema vigente hasta ahora es un muro, mientras que para sus padres fue una alfombra voladora.
SÍ, LA ACAP ES MUCHO MEJOR QUE LA ANECA
Pues bien, hoy me voy a referir a la ACAP (La Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid), que también va a desaparecer, como la ANECA. Y voy a escribir porque me lo han pedido muchas personas a las que aprecio, ya que les gustó mi última columna sobre la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).
Sí, la ACAP es mucho mejor que la ANECA. La razón es muy sencilla y comprobable. En primer lugar, un profesor solicita que se le acredite, pongamos por caso, como Profesor Contratado Doctor. Presenta su solicitud y la juzga un Comité de Evaluación. Este Comité la evalúa negativamente, otorgándole una puntuación insuficiente. Entonces, el profesor presenta una reclamación ante una Comisión de Conciliación.
Aquí está su diferencia fundamental y originalidad respecto de la ANECA: Ofrece la posibilidad de que sean otras personas las que juzguen las reclamaciones. En la ANECA, no. El Profesor reclama y resuelven los mismos miembros que han resuelto en primer lugar. Es decir, los fundamentos que la ANECA emplea para andar por casa son: a) «Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como», y b) la posibilidad, que puede convertirse en probabilidad de «Sostenella y no enmendalla». ¿Conoce alguien alguna encuesta que la ANECA haya realizado sobre el nivel de satisfacción que su manera de proceder alcanza entre el profesorado? Si existiera, me gustaría conocerla.
Volvamos a la ACAP. En dos ocasiones, dos profesores me han llamado para que actuase como defensor en unas alegaciones, ya que el Comité de Evaluación les había evaluado negativamente. En la primera ocasión, tardé unos minutos en llegar a un acuerdo favorable con los miembros de la Comisión. Y en la segunda, tardamos un poco más, pero los tres miembros de la Comisión se comportaron como grandes profesionales, y por eso los cito favorablemente: D. Jesús Timoteo Álvarez Fernández, D. Ubaldo Cuesta Gambra y Dña. María Dolores Díaz Andino.
Aquí podría hacer acabado yo mi columna: Elogio a la ACAP.
ANTE LOS CAMBIOS, NECESITAMOS PERSONAS TRANSPARENTES
Entonces, ¿por qué prosigo con una crítica? Pues porque, cuando tiempo después, para un procedimiento administrativo, necesité que la ACAP certificase lo que había ocurrido en la segunda ocasión, me encontré con que D. José Eugenio Martínez Falero, Presidente de la ACAP, demostró un proceder que no me pareció transparente.
Resulta que Dña. Concepción Edo Bolós, como Presidente-Secretario del Comité de Ciencias Sociales que había evaluado al solicitante, firmó un Dictamen en el que había otorgado 40,9 puntos a un solicitante de las figuras de Profesor Contratado Doctor y de Profesor de Universidad Privada. Sin embargo, la Comisión de Conciliación había elevado los 40,9 puntos a 79.
¿Es que un contribuyente, como yo, que ha actuado en un proceso, no tiene derecho a que la ACAP ponga por escrito en cinco líneas lo que ha ocurrido? Pues no, para el citado D. José Eugenio, no. Pero ¿quién se ha creído ese señor que es?
D. José Eugenio Martínez Falero (en el centro)
En dos ocasiones en que he solicitado algo tan simple, él ha seguido el mismo proceder: ordenar a una funcionaria que se pusiera en contacto telefónico conmigo. ¿Para qué, si yo había expuesto claramente lo que solicitaba?
Fácil es pensar que para que la funcionaria me disuadiera de mi empeño. Por supuesto que no quise cambiar a la vía oral. Por fin, y después de escribirle que iba a poner en conocimiento de sus superiores que él no favorecía la política de transparencia, una de las prioritarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, me respondió.
Pásmense ustedes. Lo que el citado D. José Eugenio Martínez Falero se dedicó a asar lo que estaba ya cocido. Escribió en sus respuestas quiénes componían el Comité de Evaluación y quiénes la Comisión de Conciliación. «Esta Comisión, de la que usted formó parte, resolvió el expediente administrativo atendiendo las alegaciones del recurrente». Y añadía que la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Protección de Datos le impedía informar más. O sea, que no se puede poner por escrito lo que había ocurrido, es decir, que había una diferencia de nada menos de 38 puntos entre el dictamen del Comité y el de la Comisión.
Se nota que el Presidente de la ACAP no ha visto la película El dilema, basada en el caso real de las tabacaleras norteamericanas. Ellas sí que son partidarias de los contratos de confidencialidad. Sin embargo, el célebre periodista de investigación Mike Wallace, interpretado por Christopher Plummer, afirma: «¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene un contrato de secreto empresarial? Venga, no me fastidies. Es un problema de salud pública. Como el armazón inseguro de un avión de pasajeros, o que una compañía vierta cianuro en el East River; es un caso igual. Si lo cuenta lo emitimos, no tiene derecho a esconderse detrás de un acuerdo empresarial. ¡Manda la leche!».
(Y si quiere enterarse de cómo hay que interpretar un contrato de confidencialidad, que vea toda la película).
Pues lo mismo ocurre aquí. No se trata de un chismorreo, sino de algo muy grave: que haya una diferencia de 38 puntos, porque eso afecta a todo el sistema. ¿Es posible que un sistema, bueno en principio, se autorregule si el responsable no quiere poner remedio?
¿Cómo van a mejorar las cosas en la ACAP si te encuentras con un D. José Eugenio, que está para poner obstáculos a la transparencia, para encubrir los fallos, para que la ACAP no se autorregule? Por supuesto que ese D. José Eugenio ha vuelto a confirmar a Dña. Concepción Edo Bolós como Presidente de esa Comisión. ¿Cuántas veces puede llegar a repetir Dña. Concepción Edo los mismos fallos? Y si no es ella, ¿su sucesor o sucesora? Este hombre lleva desde 2004 en el cargo y cree dominar lo que Eric Berne denominaba «pensamiento de coartada» para no ser transparente y para tapar los fallos en la ACAP.
Además, lo que más puede indignar a los contribuyentes es el probable daño que puede causar un fallo injusto de la ACAP, que el citado D. José Eugenio no quiere remediar. ¿Se hace responsable él de que una persona tan perjudicada como la que yo defendí, pudiera caer en una depresión y pasarse un verano sumida en la incertidumbre? Desde luego, ése no fue el caso, pero ¿y si hubiera ocurrido? ¿Se hubiera hecho responsable Dña. Concepción Edo? ¿A que no? Ah, claro, así es juez cualquiera, sin tener que rendir cuentas.
Que no, que no, que con comportamientos como los de D. José Eugenio las cosas no pueden ir a mejor.
Me alegro, y mucho, de que la ACAP desaparezca tal como está. Y que D. Eugenio Martínez Falero cese; y cuanto antes, mejor. Si la ACAP reaparece con otro nombre, que no vuelva a incurrir en los mismos errores. Dña. Lucía Figar se lo debe a los contribuyentes.
