Así, se deberán comprobar que el nivel de temporalidad es adecuado a la actividad de cada empresa y si cumplen la ley al no encadenar más de dos de estos contratos a un trabajador que haya estado en la misma empresa más de 24 meses en un período de 30. Aquellos trabajadores que superen estos límites deben adquirir automáticamente la condición de indefinidos.
Según fuente del Ministerio coultadas por Cinco Días, la medida se ha tomado por que en crisis "la sociedad demanda que el trabajo que existe sea seguro". Además, explica que el 93% de los contratos que se firman en España son temporales y el número de contratos convertidos a fijos se han desplomado hasta niveles similares a 2005.
Con el plan se persigue también combatir la temporalidad en el campo. "En la agricultura, antes del boom inmobiliario los trabajadores tenían todos los contratos fijos-discontinuos pero muchos se fueron a la construcción y la contratación se desestructuró", aseguran en Empleo. La intención de los inspectores es lograr estas transformaciones de contratos en indefinidos sin necesidad de sancionar al empresario.
Desde 2009 existe la posibilidad de que si, a instancias de la Inspección, se produce esta conversión de forma voluntaria por el empleador, esto no conlleva ninguna multa. "Hay muchas veces que el inspector no tiene ni que visitar la empresa, llama el graduado social o el gestor y comunica la transformación de los contratos irregulares", dice la Inspección.
Estas mismas fuentes aseguran que este nuevo foco contra el fraude no impedirá que los efectivos de este organismo continúen con lo que ha sido el centro de todas las investigaciones: la lucha contra el empleo sumergido.