Causan esa imagen su profundización en la heterogeneidad productiva, la desindustrialización ante el surgimiento de cadenas de valor asiáticas y de América del Norte, el poder creciente de los grupos multinacionales con la digitalización y la dependencia de materias primas ('commodities)', maquilas y autoempleo.
Junto a la idea de que la pandemia apenas se ha traducido así hasta ahora en cambios estructurales regionales, esas son algunas de las conclusiones de los expertos invitados a tratar el futuro económico latinoamericano tras la pandemia por el capítulo iberoamericano de la Sociedad para el Avance de la Socioeconomía (SASE), creada a finales de los años ochenta por el economista norteamericano Amitae Ertzioni.
Participaron, entre otros, Santos Ruesga Benito, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Isabel Álvarez, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICEI-UCM, España; Veronica Robert (UNSM y Conicet, Argentina); José Gabriel Porcile (CEPAL, Uruguay) y Martín Puchet Anyul (UNAM, México).
¿Cuáles serán los efectos de tales cambios a medio y largo plazo? ¿Habrá una reversión de esta situación o una profundización de las tendencias observadas en los años anteriores a la crisis Covid-19 y fuertemente acentuadas por ella? ¿Recuperarán las exportaciones y el comercio en general la capacidad de dinamizar las economías latinoamericanas?, eran algunas de las preguntas previas.
Y el escepticismo no cambió con las respuestas. Al igual que en la crisis posterior a 2008, la especialización en productos intensivos en recursos naturales se ha intensificado en la mayoría de los países de América Latina, ha aumentado la concentración de la producción y el comercio en términos sectoriales y geográficos y se ha desacelerado el comercio intrarregional.
La crisis de Covid-19 ocurrió en un momento de bajo crecimiento de las economías latinoamericanas. El aumento de los ingresos y las exportaciones durante la década de los 2010 ya había sido inferior al desempeño de la economía mundial.
Este bajo dinamismo estuvo asociado en parte a la especialización productiva y comercial de las economías latinoamericanas, cada vez más basadas en recursos naturales o en actividades industriales de bajo valor agregado, como es el caso de las maquiladoras.
Por supuesto, las inversiones en innovación permanecen en niveles insuficientes para promover un cambio estructural en un momento de cambio tecnológico importante (manufactura 4.0).
La desaceleración económica derivada de la pandemia y sus (necesarias) políticas para mitigarla afectaron de manera más intensa a los flujos comerciales de productos manufacturados, especialmente entre los países de la región, y juntamente con la recuperación de la economía china y su apetito por los recursos naturales de la región, se acentuó la tendencia a primar la agenda exportadora, concentrada en productos basados en recursos naturales de los países de la región.
El comercio intrarregional de manufacturas perdió dinamismo frente a la recuperación de las exportaciones de bienes agrícolas y minerales extrarregionales, estimulada por la recuperación económica (las exportaciones de alimentos tuvieron un buen desempeño en 2020) y por el reciente crecimiento de los precios internacionales de las materias primas.
La pandemia afecta a economías cuyas bases estructurales de crecimiento ya eran débiles. La región de América Latina y el Caribe ha quedado rezagada en comparación con las economías desarrolladas y, en especial, con otras economías en desarrollo que, en los últimos decenios, introdujeron cambios profundos en sus patrones de especialización e inserción internacional.
La combinación de políticas industriales y políticas macroeconómicas adoptada en varios países asiáticos, que apostaron por el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas locales y redujeron su exposición a los ciclos de liquidez mundial, no fue la adoptada por los países latinoamericanos. Se trata de una asignatura pendiente en la región.
Las políticas monetarias han demostrado ser ineficientes en los países desarrollados y en desarrollo, y existe un consenso en torno a la necesidad de recurrir cada vez más a las políticas fiscales.
En el caso de las economías latinoamericanas, las políticas fiscales tienen una capacidad de acción limitada por el bajo valor de los multiplicadores del gasto fiscal y, según las circunstancias, por los límites que impone la restricción externa al crecimiento.
Esto guarda relación con la heterogeneidad de las estructuras productivas, la existencia de un amplio espectro de actividades con importantes brechas de productividad y los efectos de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante que son, por lo general, débiles.
Así lo indico la ponencia La crisis del COVID-19 y los problemas estructurales de América Latina y el Caribe: responder a la urgencia con una perspectiva de largo plazo, elaborada por Martín Abeles, Esteban Pérez Caldentey y Gabriel Porcile.
Como consecuencia de esta situación estructural, una parte importante de la demanda agregada se “filtra” hacia el exterior, sin que la demanda mundial genere efectos compensatorios de la misma magnitud en la economía nacional.
¿Cómo responder, entonces, ante un escenario tan complejo como el generado por la pandemia? Las lecciones extraídas del análisis anterior son: en primer lugar, para tener un impacto significativo sobre la demanda agregada, las políticas fiscales expansivas adoptadas en la región deben ser de gran magnitud; en segundo lugar, la inversión debe tener una participación muy destacada en el total del esfuerzo fiscal realizado, y, finalmente, esa inversión debe destinarse a la creación de capacidades o de una “competitividad auténtica”, que se basen en la tecnología y la diversificación, para evitar que los desequilibrios externos frenen el impulso al crecimiento y obliguen a retroceder hacia una política de austeridad.
Las políticas de integración regional pueden servir de apoyo a la política industrial en la búsqueda de un nuevo patrón productivo. Las políticas tributarias progresivas son importantes para que la relación entre la deuda pública y el PIB siga una trayectoria sostenible y compatible con los objetivos de reducción de la desigualdad.
Para no comprometer la estabilidad macroeconómica y, con ella, los efectos positivos de la política industrial sobre la productividad y la competitividad, es fundamental contar con un tipo de cambio real estable, que evite trayectorias volátiles que se mueven al compás de los vaivenes de la liquidez mundial y eluda los perniciosos ciclos de endeudamiento externo-apreciación cambiaria-devaluación contractiva.
En un mundo cada vez más volátil, en el que predominan los movimientos de capital de muy corto plazo (con sus efectos sobre el nivel de incertidumbre), mantener la cuenta capital abierta es una invitación a que los vaivenes de los mercados financieros, los precios internacionales de las materias primas, la especulación cambiaria y los ciclos de liquidez comprometan la diversificación de la base productiva, el cambio de las elasticidades del comercio y de los multiplicadores.
Se da una situación aparentemente paradójica: las políticas de largo plazo orientadas a cambiar la base productiva y crear encadenamientos son clave para aumentar la eficacia de las políticas macroeconómicas a corto plazo. El cambio estructural y la estabilidad macroeconómica interactúan de manera virtuosa a largo plazo.
A pesar de estas dificultades, la crisis representa, al mismo tiempo, el momento de superar las barreras impuestas a la acción política, especialmente las barreras ideológicas que impedían dar un mayor peso a la política fiscal (expansiva) en el conjunto de herramientas aceptadas para lidiar con situaciones recesivas como las ocasionadas por la pandemia. La respuesta a la urgencia a corto plazo debe darse con inversiones que eliminen restricciones a largo plazo, fundamentalmente la restricción externa.
Comité organizador:
-
Julimar da Silva Bichara, Laura Pérez Ortiz, Santos M. Ruesga, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (España)
-
Erwin Guillen, Jorge Luis Delgado, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador)
-
Marta Castilho, Instituto de Economía, Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil)
-
Ciro Murayama, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
