La plataforma Seguir creando tiene como objetivo principal permitir que estas entidades, que representan todos los campos del trabajo artístico, coordinen sus acciones e inicien una ronda de consultas con los partidos políticos para "equipar la legislación española a la de otros países de la Unión Europea, en los que jubilación y creación son actividades compatibles al entender que su aportación contribuye a enriquecer el acervo cultural de una sociedad".
Entre las medidas que solicitarán a los diversos interlocutores estarán, por orden de prioridad:
1. Suspensión de las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales procesos puestos en marcha por el Gobierno contra algunos autores (escritores como el Premio Cervantes 2006 Antonio Gamoneda, Javier Reverte o José Manuel Caballero Bonald están afectados directamente por esta medida).
2. Modificar la actual legislación que regula la materia (RDL 5/2013, Reglamento IRPF, etc).
3. Diseño de una nueva normativa más ambiciosa que recoja las necesidades especiales de los profesionales de la creación, que tenga en cuenta la especificidad del sector salvaguardando sus derechos.
4. Difusión en redes sociales con la etiqueta #seguircreando.
"Con esta línea de trabajo, los creadores de Seguir creando persiguen que esa devolución que la sociedad les otorga, tras haber sido ellos quienes hayan aportado tanto durante su vida activa, no se interrumpa por haber cumplido una edad. El objetivo por tanto, es permitir a quien desee seguir enriqueciendo nuestro mundo con su creatividad, pueda hacerlo de forma digna", señala esta concreción del Manifiesto inicial lanzado en noviembre pasado, tras lo cual la SGAE mantiene actualizada la tensión informativa con diversas noticias, entre ellas que Forges, Javier Reverte, Chema Madoz, Paloma Pedrero o Enrique García Asensio acudirán al Ministerio de Cultura a entregar una declaración con su solicitud Por el derecho a seguir creando.
Entidades firmantes de Manifiesto
Las entidades de gestión no han facilitado el número de creadores afectados por motivos de privacidad, pero también porque no todos forman parte de estas asociaciones o han recurrido a sus servicios jurídicos. El conflicto se basa en que la legislación española prohíbe cobrar una pensión por jubilación y mantener actividades económicas. Sin embargo, el caso de los escritores es diferente porque gran parte de sus ingresos externos a la pensión corresponden a derechos de autor, tanto de obras escritas antes de su jubilación como después. Lo mismo puede decirse de los músicos, de los fotógrafos o de los pintores.
Aunque fuentes del Ministerio de Empleo indican que “los derechos de autor son neutros”, esto es, que no serán tenidos en cuenta en las inspecciones, el hecho es que los escritores cuyos ingresos han sido analizados sí se han tenido en cuenta los contratos con los editoriales. “La realidad es que están yendo contra la totalidad de los derechos de autor”, explica a EL PAIS Carlos Muñoz, abogado de ACE. “Cuando se lo señalamos a un inspector en uno de los casos, nos dijo: ‘Recurrir y lo quitaremos”, agrega.
Por lo pronto, el PSOE presentó el jueves una proposición no de ley para anular el artículo, que entró en vigor en 2013 aunque data de 2011, que desatado todo el conflicto. También cuentan con el apoyo de Ciudadanos, que el jueves se reunió con los responsables de entidades de gestión en el Congreso, y de Izquierda Unida. La coordinadora se ha planteado objetivos a corto plazo –frenar las inspecciones, las multas y otras medidas que se están tomando, como la retirada de la pensión a Javier Reverte y la imposición de una sanción de 121.000 euros–; pero también a largo plazo, como la puesta en marcha de un estatuto del creador.
La declaración aprobada este viernes después del encuentro considera que la aplicación de esta legislación provoca “un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y sabiduría puede ser volcado en mejorar una sociedad cada vez más necesitada de peso intelectual”. También subraya que es una “desproporción” que los creadores no puedan complementar sus pensiones, "en muchos casos no contributivas con el fruto de su conocimiento” y que, además, todo esto representa un descenso de los ingresos de la Hacienda.
En un artículo titulado Pensiones de autor, José Mª Guelbenzu se pregunta este domingo en EL PAÍS ¿Por qué un ciudadano que ha cotizado cuarenta años para obtener una pensión no puede conseguir unos ingresos extra cuando disfrute de la tal pensión? "Prefiero no pensar que es una campaña que proviene de la necesidad de cubrir el dinero que el Gobierno ha arramblado de la caja de la Seguridad Social para tapar agujeros, pero no es novedad que en España el Poder considere a la Cultura como un enemigo; de esos ancestrales polvos vienen estos lodos. Los artistas son gente que, por temperamento, suelen ir con la intención por delante, a menudo con la verdad por delante, y al poder no le gusta que le metan el dedo en el ojo. Como no le gusta la gente estudiosa, porque se vuelve crítica. Eso sí: tiene un Ministerio de Cultura (que se ve que no se habla con el Ministerio de Empleo) del cual no se sabe bien cuál es su función, aparte de lucir el tipo en actos y reuniones o congresos. Y que conste que nadie está hablando de subvenciones, que tan dado es el tal Ministerio a conceder según los casos, sino del derecho a ganarse la vida honrada y dignamente".
