Así se desprende de las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aprovechó una visita oficial a Valencia para anunciar que a principios de septiembre se reunirá con los agentes sociales "para revaluar las medidas de protección de rentas con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno desde el inicio de la crisis ocasionada por la COVID-19 de evitar que nadie quede atrás".
Las deficiencias administrativas del IMV por parte del último país europeo en ponerlo en marcha, una de las medidas estrellas del Programa de coalicion progresista PSOE-Unidas Podemos, contrastan paradójicamente con la relativamente buena gestión de los ERTE, derivados en la regulación española del texto de la Reforma Laboral de 2012 que los sindicatos y parte del Gobierno insisten incliso totalmente, así como por la disposición transitoria décima del Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Desde el 22 de abril en que informamos que la Seguridad Social paga al mes por el COVID casi 8 millones de salarios, junto a 9,7 de pensiones, los casi cuatro millones que correspondian a beneficiarios de ERTE se han reducido a 880.000, aunque los empresarios (especuialmente algunos hoteleros) y los economistas colegiados del CGE y CEMAD juzgan vitales mantener los ERTES y los avales estatales hasta final de año.
Del IMV el ministro admitió que hasta la fecha se han registrado 750.000 peticiones. Esto significa un incremento de 240.000 en apenas un mes, pues a mediados de julio reconocía haber recibido 510.000, cuando ya anticipaba la estimación de que quizá la mitad serían denegadas.
Lo más sorprendente es que por sus números el ministro Escrivá reconoció implicimentamente las denuncias de la Asociación Víctimas del Paro apuntando que entre el 5 de junio que se abrió el plazo y el 7 de agosto apenas se habrían aprobado exactamente 3.966, a una media de 75 por día adicionales a las de 74.119 solicitudes de hogares donde viven 250.000 personas a las que se les reconoció de oficio la prestación el viernes 26 de junio, cuando fueron abonados 32 millones de euros. Segun Escrivá, se ha reconocido ya la prestación a más de 80.000 hogares, lo que ha supuesto una nómina, si tenemos en cuenta la que pagaremos ahora en septiembre, de 120 millones en tres meses.
El ministro dijo que, de las más de 750.000 solicitudes realizadas, un 7,5% se han recibido por duplicado y cerca del 40% de las que se han examinado han llegado con documentación incompleta. Además, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, un 55% de las analizadas porque exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema. Ello explica el hecho de que se hayan firmado protocolos con las CCAA para el intercambio de información, así como con los ayuntamientos para intentar agilizar el proceso, como por ejemplo con la cesión del certificado de padrón al INSS.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro José Luis Escrivá anunciaron que la Comunitat Valenciana será una de las primeras autonomías en suscribir el convenio para la gestión del ingreso mínimo vital, lo que permitirá trabajar conjuntamente en la aplicación de esta medida dentro del objetivo común de la lucha contra la exclusión social.El ministro ha valorado también cómo la Generalitat valenciana ha modificado su normativa para hacer su renta compatible con el IMV y permitir la posibilidad de complementarlo.
Denuncias sobre el colapso del servicio subcontratado a Tragsatec
Nada dijo al ministro no el Ministerio a la prensa sobre las denuncias adicionales de que,desde hace semanas, no hay nuevas citas previas, por lo que solo puede hacerse la tramitación telemáticamente, para lo que el interesado debe obtener el certificado digital. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes no tienen para pagar una conexión a internet ni conocimientos para presentarla. Así, según alertan las asociaciones, están proliferando los locutorios y gestorías que cobran entre 40 y 60 euros por, en ocasiones, simplemente fotocopiar y presentar telemáticamente la petición de subsidio. También de ONG y los trabajadores sociales se están encargando de presentar las solicitudes al IMV, porque hasta la atención telefónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está colapsada.
Según los sindicatos, el motivo principal del colapso es la merma de la plantilla del INSS, una de las más envejecidas y que ha perdido 2.100 funcionarios en 10 años —cuenta actualmente con 10.580, de los que al menos un tercio está de vacaciones—.
Según Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO y funcionario tramitador de estas ayudas, “sesde el primer momento ha habido muchos problemas con el procedimiento, por ejemplo, se pedía un certificado de empadronamiento histórico pero los ayuntamientos estaban dando el actual”.
Para agilizar este servicio, el Ministerio dirigido por Escrivá subcontrató a la empresa semipública Tragsa a mediados de julio, concretamente, a su filial, Tragsatec,por 7,6 millones de euros, quien ha empleado a 500 tramitadores. Ellos se encargan de recibir toda la documentación, clasificarla y reclamar lo que falte para después remitirlo a un funcionario de la Seguridad Social. “Nos dieron varios manuales, pero había mucha variabilidad y no recogían toda la casuística”, cuenta a elconfidencial.com un extrabajador de la empresa que prefiere no dar su nombre.
La decisión final sobre cada expediente siempre recae sobre un funcionario, con base en lo recogido por el tramitador, quien también accede a los datos de cada persona en el INSS. “Tragsatec no tramita solicitudes de IMV, sino que ayuda al trámite con la captura de la solicitud y comprobación y reclamación de la documentación que pudiera faltar por parte del ciudadano, es decir, realiza tareas de captura de datos y reclamación de documentación”, apuntan desde la empresa. Sobre los retrasos, remiten al ministerio como responsable de la tramitación.
Además, desde CCOO denuncian que se haya optado por la vía de la licitación cuando no se trata de un subsidio temporal, sino que necesitará de refuerzos estructurales: “Había un gran problema de personal en la Seguridad Social antes de que se aprobase el IMV, pero en lugar de hacer una oferta pública extraordinaria para suplirlo, se ha decidido externalizar por mucho más de lo que supondrían esos salarios en la Administración pública”, explica Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO.Tragsatec ya estuvo en el punto de mira del Tribunal de Cuentas cuando fue contratado por Fátima Báñez en 2013 para hacerse cargo de los expedientes atascados del Fogasa, ya que lo consideró “contrario a los principios de legalidad y economía”. Además, puso en duda la legalidad de los expedientes tramitados por personal no funcionario y estimó que si se hubiese hecho cargo la Administración directamente, se habría ahorrado un 91,6% del coste final.
Mejor gestión de los ERTE
Escrivá destacó en Valencia que, desde finales de abril, un 75% de los trabajadores ha salido de la situación de ERTE, y que el ritmo de salida de trabajadores en ERTE es mayor en la Comunidad Valenciana.
Como consecuencia de las políticas que se han desplegado, el ritmo de salida de trabajadores en ERTE en la Comunidad Valenciana está siendo más rápido que en la media del conjunto del país. Si se tiene en cuenta el pico más alto de la serie, correspondiente a finales de abril, la salida de ERTE ha sido del 79% frente al 75% de la media nacional. En este momento, en la Comunidad Valenciana hay 73.000 trabajadores todavía en ERTE (55.000 en ERTE de Fuerza Mayor y 18.000 en ERTE no Fuerza Mayor), que representan un 5% de los afiliados. Esta activación de trabajadores en ERTE, más intensa que en el conjunto del país, afecta a todos las ramas de la economía. Además, un 21% de los trabajadores que permanecen en ERTE en la Comunidad Valenciana están suspendidos solo parcialmente, un porcentaje algo superior que la media nacional.
El ministro, sin embargo, ha señalado que aún sigue existiendo una clara variación sectorial en el impacto global de la crisis. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la industria del cuero y del calzado o las actividades de creación y artísticas han perdido más de un 30% de la afiliación que tenían el 11 de marzo, mientras que las actividades sanitarias han experimentado un crecimiento del 10% de la afiliación, y otros sectores, como la metalurgia, mantienen el mismo número de trabajadores afiliados que tenían antes de la pandemia.
Respecto a las medidas de protección para trabajadores autónomos, el ministro ha manifestado que han llegado a 172.000 autónomos en la Comunidad mediante la prestación extraordinaria y a 13.500 con la nueva prestación ordinaria de cese.
