jueves,18 agosto 2022
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El Gobierno autoriza a 7 comunidades autónomas a emitir otros 5.173,8 millones de euros en deuda pública 

España, país 16º con mayor deuda pública del mundo y uno de los mayores aumentos

Pocos días antes de iniciarse la COVID-19, el Banco Mundial advertía del riesgo de crisis en países emergentes y de que el mundo vivía la mayor y más rápida oleada de deuda en 50 años y la deberán pagar jóvenes mejor educados. Ahora los datos sitúan a España entre los de mayor expansión (un 23%), hasta el 122,3% de su producto interno bruto (PIB).Es además el país décimo sexto de mayor deuda pública del mundo, lista que encabezan Japón (257%), Sudán (210) y Grecia (206,7%). Preceden a nuestro país otros como Italia (154,8%) y Estados Unidos (133,3%). A medida que aumentan las las tasas de interés el FMI advierte que las más altas disminuirán el impacto del gasto fiscal y harán que se intensifiquen las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda, mientras Banco Mundial demuestra en un estudio que tener más del 77% del PIB prolongados períodos causa recesiones.

Esas palabras del Banco Mundial (Vivimos la mayor y más rápida oleada de deuda en 50 años y la deberán pagar jóvenes mejor educados),que publicábamos el 23 de diciembre de 2019, llegaban tras casi 12 años de crisis financiera, cuando España incluso había reducido su deuda pública algo por debajo del 100% del PIB, nivel superado en 2016 por primera vez en más de un siglo.

Ahora apenas llevamos dos años desde que la COVID-19 comenzó a propagarse por todo el mundo en 2020, mientras la economía mundial se ha puesto a prueba con interrupciones en la cadena de suministro, volatilidad de los precios de las materias primas, desafíos en el mercado laboral y disminución de los ingresos del turismo. El Banco Mundial ha estimado que casi 97 millones de personas se han visto empujadas a la pobreza extrema como resultado de la pandemia.

Para ayudar con esta difícil situación, los gobiernos globales han tenido que aumentar sus gastos para hacer frente a los mayores costos de atención médica, el desempleo, la inseguridad alimentaria y ayudar a las empresas a sobrevivir. Los países se han endeudado para brindar apoyo financiero a estas medidas, lo que ha resultado en los niveles de deuda más altos del mundo en medio siglo.

Para analizar el alcance de la deuda mundial, hemos compilado datos de deuda a PIB por país del informe Perspectivas de la economía mundial más reciente del FMI.

La relación deuda/PIB es una métrica simple que compara la deuda pública de un país con su producción económica. Al comparar cuánto debe y cuánto produce un país en un año, los economistas pueden medir la capacidad teórica de un país para pagar su deuda.

Los 10 principales países en términos de deuda a PIB:

Rank Country Debt-to-GDP (2021)
#1 Japan 🇯🇵 257%
#2 Sudan 🇸🇩 210%
#3 Greece🇬🇷 207%
#4 Eritrea 🇪🇷 175%
#5 Cape Verde 🇨🇻 161%
#6 Italy 🇮🇹 155%
#7 Suriname 🇸🇷 141%
#8 Barbados 🇧🇧 138%
#9 Singapore 🇸🇬 138%
#10 Maldives 🇲🇻 137%

Source: World Economic Outlook Report (October 2021 Edition)

Japón, Sudán y Grecia encabezan la lista con ratios deuda/PIB muy por encima del 200 %, seguidos de Eritrea (175 %), Cabo Verde (160 %) e Italia (154 %).

El nivel de deuda de Japón no sorprenderá a la mayoría. En 2010, se convirtió en el primer país en alcanzar una relación deuda/PIB del 200 %, y ahora se sitúa en el 257 %. Para financiar nueva deuda, el gobierno japonés emite bonos que compra principalmente el Banco de Japón.A fines de 2020, el Banco de Japón poseía el 45% de la deuda pública en circulación.

¿Cuál es el principal riesgo de una alta relación deuda/PIB?. Un rápido aumento de la deuda pública es motivo de gran preocupación. En general, cuanto mayor sea la relación deuda/PIB de un país, mayor será la probabilidad de que ese país no pueda pagar su deuda, lo que creará un pánico financiero en los mercados.

El Banco Mundial publicó un estudio que muestra que los países que mantuvieron una relación deuda/PIB de más del 77 % durante períodos prolongados experimentaron desaceleraciones económicas.

La COVID-19 ha empeorado una crisis de deuda que se ha estado gestando desde la recesión mundial de 2008. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que al menos 100 países tendrán que reducir gastos en salud, educación y protección social. Además, 30 países del mundo en desarrollo tienen altos niveles de sobreendeudamiento, lo que significa que están experimentando grandes dificultades para pagar su deuda.

Esta crisis está afectando más a los países pobres y de medianos ingresos que a los países ricos. Los países más ricos se están endeudando para lanzar paquetes de estímulo fiscal, mientras que los países de ingresos bajos y medianos no pueden permitirse tales medidas, lo que podría dar lugar a una desigualdad global más amplia.

El FMI advierte sobre las tasas de interés tras superar la deuda global alcanzó 226 billones de dólares a fines de 2020, lo que representa el mayor aumento en un año desde la Segunda Guerra Mundial

El endeudamiento de los gobiernos representó un poco más de la mitad del aumento de 28 billones de dólares, lo que elevó el índice de deuda pública mundial a un récord del 99 % del PIB. A medida que aumentan las tasas de interés, los funcionarios del FMI advierten que las tasas de interés más altas disminuirán el impacto del gasto fiscal y harán que se intensifiquen las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. “Los riesgos se magnificarán si las tasas de interés globales aumentan más rápido de lo esperado y el crecimiento se tambalea”, escribieron los funcionarios.

“Un endurecimiento significativo de las condiciones financieras aumentaría la presión sobre los gobiernos, los hogares y las empresas más endeudados. Si los sectores público y privado se ven obligados a desapalancarse simultáneamente, las perspectivas de crecimiento se verán afectadas”.

El Gobierno autoriza a 7 comunidades autónomas a emitir otros 5.173,8 millones de euros en deuda pública

Mientras se publicaba que España 16° país con mayor deuda pública del mundo, el Consejo de Ministros autorizaba a las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, País Vasco, Foral de Navarra, Galicia, Castilla y León y Aragón a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 5.173,8 millones de euros.

En concreto, este acuerdo autoriza a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 3.327,6 millones, que, en su mayor parte, se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que se integra en el sector Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la renovación anual de las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas, clasificadas en el Sector Administraciones Públicas de la Comunidad, por un total de 1.846,25 millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado otro acuerdo por el que se autoriza a Castilla y León la posibilidad de formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo, por un máximo de 2.288 millones de euros.

En concreto, se le ha autorizado a esta comunidad a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por 1.188 millones de euros, para atender las necesidades financieras de 2022, de las que la mayor parte se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo del ejercicio.

Por otra parte, esta comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022, que, conforme a sus previsiones presupuestarias, ascienden a 1.100 millones de euros.

En relación a las operaciones de deuda a largo plazo, se autoriza en primer lugar a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 2.687,5 millones, destinados a financiar vencimientos de deuda a largo plazo que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Las operaciones que se proponen autorizar por este acuerdo son coherentes con el Plan Plurianual de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualizado el 16 de diciembre de 2021, donde se contempla que esta Comunidad mantiene su intención de combinar financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (en concreto el compartimento Facilidad Financiera), con la captación de recursos a través del mercado y préstamos bancarios.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un máximo de 858,1 millones de euros, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la Comunidad Autónoma y entes dependientes incluidos dentro del sector Administraciones Públicas de la comunidad.

En cuanto al acuerdo de Navarra, el Consejo de Ministros le ha autorizado para que pueda llevar a cabo operaciones destinadas a financiar los vencimientos ordinarios y anticipados de deuda a largo plazo, por importe de 492,9 millones de euros.

Así mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos relacionados con la Comunidad Autónoma de Galicia. El primero de ellos autoriza a esta región a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.337,4 millones, que en su mayoría se destinarán a financiar los vencimientos de deuda a largo plazo del ejercicio.

En cuanto al segundo acuerdo, se le da autorización a la comunidad gallega para que pueda formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un máximo de 850 millones de euros, que se destinarán a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022, tanto de su administración general como de otras entidades del sector Administraciones Públicas.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un máximo de 746,7 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería mediante la renovación de cuentas de crédito que vencen durante el ejercicio 2022 y la ampliación del importe disponible en cuentas de crédito. El Gobierno aragonés formalizará operaciones de deuda a corto plazo por importe de 670 millones y las entidades que forman parte del subsector Comunidad Autónoma formalizarán operaciones por el importe restante.

Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

 

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