El Parlamento Europeo debate los pormenores de una nueva legislación sobre protección de datos. A los detalles de esta nueva normativa, que tiene como objetivo que los europeos tengan el bastón de mando sobre su privacidad, se suma ahora la audiencia pública que celebra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estudia si Google debe cumplir con el ´derecho al olvido´ y está obligado a no mostrar en sus resultados de búsqueda enlaces a contenidos con nombres de las personas que así lo solicitan.
El derecho al olvido hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. Incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información), la difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas.
Todo este proceso es fruto de una consulta planteada por la Audiencia Nacional española sobre el ejercicio del derecho de los ciudadanos frente a los buscadores de Internet como Google. En España, el derecho al olvido persigue que no se difunda de forma indiscriminada información personal en Internet de datos personales cuando ya no tienen relevancia ni son de interés público o pueden causar una lesión a la persona. Es una actualización del derecho de cancelación y oposición de los datos personales.
Acogiéndose a este derecho, numerosos ciudadanos han solicitado a Google que eliminen enlaces que vinculan sus nombres a informaciones o documentos que hacen referencia a su persona en situaciones como sanciones, sentencias, amonestaciones, embargos, condenas ya cumplidas, juicios nulos, casos sobreseídos, deudas, etc… Al menos en 180 casos, el buscador ha ignorado estas peticiones que han llegado a la Audiencia Nacional que pide ahora al TJUE que aclare cómo deberían aplicarse las directivas sobre protección de datos en estos casos.
De lo que determine el Tribunal Europeo dependerá la interpretación que en adelante realizará cada uno de los estados miembro, una actuación determinante para el futuro de Google en Europa, que ha asegurado que cambiar la normativa supone un atentado contra el derecho a la información. La postura de la justicia europea marcará un modo de actuar en relación a los casos en que se pide a Google que deje de indexar contenidos en los que figura información de usuarios que no quieren que se facilite su difusión.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acusa a Google de negarse a reconocer el derecho al olvido de los ciudadanos y recurrir sus resoluciones ante la Audiencia Nacional. "El buscador no es un mero vehículo de transmisión, sino que, para ofrecer resultados en sus búsquedas, recopila datos personales, recurre a medios técnicos situados en España (servidores web) y tiene la obligación de atender las peticiones de los ciudadanos que denuncian informaciones que se puedan considerar lesivas para sus derechos", asegura la AEPD.
Google lo ve de otra manera. Considera que su participación en esta audiencia pública es para defender el derecho a la información en su buscador y defiende que la compañía no es responsable de los contenidos a los que enlaza y solo se limita a indexarlos. Por este motivo, siempre ha mantenido que son los editores de las informaciones los responsables de su retirada en cualquier caso. Además, asegura que esta situación sólo se ha producido en España.
La valoración del Tribunal Europeo será vinculante y tendrá que ser tomada en cuenta por la Audiencia Nacional de España. Tras la vista, las agencias europeas de protección de datos se reunirán, pero pasará un tiempo hasta que se emita la decisión del abogado general y el caso finalice, pero esta audiencia es fundamental para el futuro del derecho al olvido.
El español deshonrado que puso en jaque la libertad de expresión de Google
Google acumula en España 180 procesos abiertos de personas que han denunciado al buscador por ‘indexar’ información sensible que hace referencia a su vida privada. Uno de ellos, el caso de Mario Costeja González, es ya histórico. En un proceso sin precedentes en Europa, este español ha logrado llevar al gigante tecnológico hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo, donde este martes se celebró una vista en que las partes del conflicto han expuesto sus argumentos.
En juego está la preeminencia del derecho a la
protección y cancelación de datos y el llamado
derecho al olvido de las personas físicas; o al contrario, el triunfo del
derecho de libertad de expresión de Google a la hora de recopilar la información ya publicada en la red, de la que la compañía se considera un mero intermediario. De momento, no se ha retirado ningún enlace del buscador. La sentencia europea, que creará jurisprudencia, se hará esperar hasta finales de este año; pero el 25 de junio se emitirán las primeras recomendaciones judiciales, en este caso no vinculantes.
"Se cambió su apellido en las tarjetas de visita"
El origen de la odisea de Mario Costeja se sitúa en 1998, cuando el diario
La Vanguardia publicó, en su edición en papel, y a instancias del
Ministerio de Trabajo,
una relación de subastas judiciales públicas derivadas de distintos embargos, entre las que figuraba el nombre de Mario Costeja González. "Cuando
La Vanguardia digitalizó su hemeroteca comenzaron a aparecer el nombre y los apellidos de nuestro cliente en el buscador", explica a
Teknautas el abogado de Costeja,
Joaquín Muñoz.
"Cada vez que se busca su nombre en Google le causa un perjuicio, hasta tal punto que se cambió su apellido en las tarjetas de visita para evitar que le relacionasen con esta información”, apunta el letrado. "La Agencia Española de Protección de Datos ha dicho que el contenido de La Vanguardia está publicado lícitamente, y considera que no hace falta eliminarlo. Sin embargo, el buscador sí tiene responsabilidad".
"Por un lado, el editor realiza el tratamiento de una información, y eso es lícito. Pero Google recoge esa información, la organiza y la muestra. Ese tratamiento es lo que está en duda que sea lícito. El objetivo es que salga la información en La Vanguardia, pero no en otros sitios. Reclamamos un derecho de cancelación de datos, porque toda persona tiene derecho a decidir dónde aparecen sus datos”, añade Muñoz.
Según el abogado, "Google dice que no trata los datos que recibe y sólo ofrece la información. Además, la compañía dice que no le es aplicable la
ley europea porque tienen sede en EEUU y no utilizan medios en Europa. Sólo reciben información y la exhiben sin hacer tratamiento de ella".
Google: "Ésto sólo pasa en España"
El gigante tecnológico se muestra firme en su postura, considerando que lo único que hace el buscador es hacerse eco de la información que se publica en internet. En ese sentido, traslada la responsabilidad a los editores de los medios de comunicación, y critica las decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyas resoluciones ha recurrido.
"Hablamos de información lícita. Lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos es permitir que el periódico siga publicando ese dato, es decir, avala que es correcto; pero en cambio prohíbe a Google, como buscador, que ´indexe´ esa información, pidiéndole que retire el ´link´", explican a Teknautas desde el departamento legal de Google en España.
En referencia al caso concreto de Mario Costeja, apuntan que "él pide que se retire el enlace porque le dejan en evidencia por un impago de deudas de la Seguridad Social. Sobre este caso decidirá el Tribunal Europeo de Justicia, que creará jurisprudencia; y la Audiencia Nacional decidirá sobre el resto".
Sobre el total de 180 peticiones de retirar ´links´ del buscador, el equipo legal de Google afirma que se trata de un conflicto que "sólo pasa en España", y confirma que el buscador "no ha retirado ningún enlace".
"La mayoría de periódicos están implementando medidas no para retirar la información de sus páginas, sino para que no aparezca ´indexada´ en Google. El editor tiene control sobre lo que aparece ´indexado´ en el buscador. Un editor puede ordenar qué se rastrea y qué no", añaden.
En general, las peticiones de retirada de ´links´ tienen que ver con entradas del Boletín Oficial del Estado (BOE) donde a alguien se le impone una multa o sanción; u otros casos, como el de Costeja, en los que aparecen ´indexadas´ noticias publicadas en medios de comunicación donde se hacen referencias negativas a una persona, con el consiguiente escarnio público.
