Aunque el examen resulta bastante positivo para el actual Ejecutivo, dice el diario, Bruselas advierte de los "desequilibrios significativos" que aún existen y reclama completar la reforma laboral para "reducir la segmentación" entre los contratos fijos y los temporales. El informe también alerta de la exposición de la banca a las turbulencias de Latinoamérica.
Bruselas reitera que el próximo Gobierno deberá hacer más ajustes para cumplir el déficit. Reclama una vuelta de tuerca a la reforma laboral para reducir la dualidad entre empleos fijos y temporales. Y critica la efectividad de muchas medidas ligadas al empleo.
La Comisión apunta que la crisis, más allá de la recuperación del PIB, va para largo: el empacho de deuda sigue ahí y hace que España sea "vulnerable a shocks externos".
Aunque el informe aplaude globalmente la actitud reformista del Ejecutivo de Mariano Rajoy, también considera que España ha levantado el pie del acelerador: la reforma de los servicios profesionales "no se ha adoptado" y la "sobrerregulación" de las autonomías en varios sectores pone en peligro "la unidad de mercado", sin que España haya hecho grandes avances.
El PSOE y Podemos han anunciado que derogarán la actual reforma laboral, mientras Ciudadanos plantea un contrato único indefinido. EL PAÍS destaca este martes que el mandato de Bruselas sobre ajustes y reforma laboral "entra en campaña". El responsable económico del programa del PSOE, Jordi Sevilla, abogó por hacer una "nueva política económica y renegociar con la Comisión". Luis Garicano, de Ciudadanos, dijo que su partido coincide en grandes líneas con la Comisión, "salvo en hacer un mayor esfuerzo fiscal". Para Nacho Álvarez, de Podemos, las exigencias de Bruselas supondrían "nuevos recortes del gasto público".
Y, sin embargo, “siguen ahí desafíos significativos”. Bruselas quiere más reformas (en el mercado laboral, por ejemplo), desconfía del cumplimiento de los objetivos fiscales (reclama más ajustes) y ve riesgos en la banca (por la morosidad y la crisis en países emergentes), a pesar de la franca mejoría del sector. Además, castiga al Gobierno en otros asuntos: en especial, acusa a España de no haber resuelto disfunciones en la política de infraestructuras.
Bruselas considera que España ha introducido algunos mecanismos para mejorar la planificación estratégica de las redes de transporte, pero pide más. Madrid “ha dado prioridad a la cohesión geográfica respecto a la mejora de la eficiencia”, reza el texto, que pone como ejemplos más destacados de esos problemas los excesos inversores en trenes de alta velocidad y las autopistas de peaje “en áreas de poco tráfico”.
“La política de inversiones se ha centrado más en la ampliación de las infraestructuras que en su mantenimiento”, y “ha favorecido una extensa red de transporte de pasajeros” en detrimento de las redes para mejorar el transporte de mercancías y las conexiones con los mercados de exportación, en un análisis que coincide, a grandes rasgos, con el de los expertos españoles.
