El ministro ha destacado que es el "primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública" y que tiene como objetivo "mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)". Añadió que se trata además de una "apuesta por dignificar la función pública" y su "importante contribución a la completa recuperación económica del país".

El acuerdo va dirigido a fortalecer los efectivos existentes en las diferentes Administraciones Públicas y establece una tasa de reposición de empleados públicos del 100% en aquellos sectores considerados prioritarios hasta ahora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, e incrementa al 100 % la tasa a otros servicios públicos que se consideran esenciales para atender a las necesidades de los ciudadanos.

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los que se prevé una tasa de reposición del 100% son, entre otros: sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias. Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50 %.

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales.

Reducción de la interinidad

El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.

Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de enseñanza y justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

Por último, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, impulsar su formación y potenciar la profesionalización y cualificación específica de los mismos, analizar los criterios en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género, la situación de las mutualidades y el seguimiento de la implantación de la Administración Digital.

El ministro ha destacado que "la filosofía básica del acuerdo que hemos firmado aquí ya se contemplaba en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero".

En aquella reunión, se pedía analizar la situación de interinidad laboral en la función pública, y singularmente en educación y sanidad, para buscar fórmulas que dieran estabilidad a las plantillas de personal de estos sectores. Asimismo se pedía garantizar un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en las Administraciones Públicas, especialmente en los sectores prioritarios.

Justicia anuncia un registro civil digital y gratuito  

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, se ha reunido con representantes de los sindicatos de la Administración de Justicia, CSI-F, STAJ, CC.OO., FSP-UGT, ELA y CIG para exponerles las líneas maestras con las que el Ministerio de Justicia tiene intención de desarrollar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

Ministerio de Justicia

El ministro ha reiterado su compromiso de preservar los tres grandes activos del Registro Civil: su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el mismo.

Para lograr este objetivo, el Ministerio de Justicia pretende consensuar con grupos políticos, representantes de trabajadores y comunidades autónomas un ajuste de la Ley 20/2011 que fortalezca estos valores y así garantice que los nuevos servicios del Registro Civil digital sean compatibles con la continuidad del modelo territorial actual y su progresiva adaptación a las nuevas circunstancias que se deriven de la implantación y avance de la digitalización que va a ofrecer el nuevo Registro Civil.

En esa línea, Catalá ha manifestado su voluntad de que este servicio sea digital y centrado en el ciudadano, al que debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios públicos del siglo XXI con mayor accesibilidad (24 horas al día los siete días de la semana), que permita ahorrar desplazamientos y facilite a las Administraciones públicas compartir información para evitar trámites a los ciudadanos.

Un ejemplo de ese nuevo modelo son las comunicaciones de nacimientos desde los centros sanitarios al Registro Civil, que desde su puesta en marcha se ha implantado ya en un 90% de la sanidad pública y ha permitido comunicar de forma electrónica desde los hospitales cerca de 153.000 nacimientos.

Durante este año se irán poniendo en marcha nuevos servicios que hagan más fácil la vida a los ciudadanos, como la expedición de certificaciones en cualquier oficina del Registro Civil, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos, a diferencia de como funciona en la actualidad.

Todo ello pensando en proporcionar un servicio público de Registro Civil de carácter único y configuración estatal que pueda responder de manera adecuada y eficiente a la demanda generada en la sociedad por las personas físicas y jurídicas que tengan que hacer uso de sus servicios, independientemente de su localización geográfica.