Por otro lado, el Gobierno y comunidades autónomas han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones socio laboral sin la necesidad de interponer denuncia. En este caso, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar la acreditación administrativa en todo el territorio.
El objetivo de esta medida, es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos socio-laborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso.
El Real Decreto ley 9/2018 de 3 de agosto reconoce la validez de los informes de los servicios sociales, especializados o de los de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones socio-laborales previstos en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género.
Cabe señalar que la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.
En referencia al título de habilitante, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida.
Fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género en comunidades autónomas
El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción socio-laboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.
La Conferencia Sectorial ha acordado repartir 9.5 millones de euros, de los cuales 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral, un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores, y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Participación de España en la CSW
La secretaria de Estado ha informado sobre la participación de España en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de ONU Mujeres, donde se debatió como tema prioritario "Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas".
Soledad Murillo, que encabezó la delegación española en la CSW, ha destacado el "relevante papel de España en la defensa de los derechos humanos de las mujeres" y ha informado además de la firma del Marco de Asociación Estratégica (MAE) 2019-2021 con el que España renueva su compromiso con ONU Mujeres, organismo prioritario para la cooperación española y la acción exterior de España en materia de género en el ámbito multilateral.
