En un reciente editorial, EL PAIS señalaba que el PP quiere pedir los votos de los ciudadanos sin aclarar 18 años de financiación irregular: "Al margen de los resultados que tengan el juicio por la trama Gürtel y el de los papeles de Bárcenas, la cuestión de fondo es si los dirigentes de un partido pueden pedir el voto de los ciudadanos dejando en el aire las respuestas sobre quién supo o autorizó un funcionamiento irregular de sus finanzas durante casi dos decenios, como es el caso del PP". "Se trata de un problema de confianza, que es precisamente lo que piden los dirigentes políticos a los ciudadanos cuando les reclaman sus votos". "Es decir, si se puede concurrir tranquilamente a las elecciones sin aclarar 18 años de financiación presuntamente irregular". "Se han confirmado la mayor parte de las anotaciones del exgerente y extesorero del PP, publicadas por EL PAÍS hace algo más de dos años". "Que los políticos en activo queden fuera del juicio no es patente de corso para suponer autorizada la actividad de los partidos a base de cerrar los ojos a la procedencia del dinero que engrosa sus operaciones diarias y sus campañas". "La falta de reacción del PP contribuye a explicar la situación de una fuerza que, en poco más de tres años, ha malgastado parte del enorme depósito de confianza recibido en 2011".
Al margen de las mucho más frecuentes opiniones sobre eventuales vínculos entre la financiación de CIU y concesiones públicas catalanas o negocios de la familia Pujol, otros periódicos, por el contrario, se han centrado desde el 2012 en sugerir conexiones entre las subvenciones a la formación profesional del Gobierno andaluz y la mayoría electoral socialista, ya que no las encuentran con los escándalos de los EREs que tienen a los expresidentes Chaves y Griñán ante el Supremo y han logrado con este motivo bloquear la aceptación por Podemos y Ciudadanos de la investidura de Susana Díaz.
Sí aparece esa sombra de provecho electoral en los casos de formación llevados por la juez Mercedes Alaya, que acusa a la Junta de Andalucía de crear "una red de clientelismo político" a través de los cursos de formación que subvencionó, según los distintos autos de imputación de los altos cargos de la Junta detenidos en el marco de la operación Barrado que declararon tras la redada entre los delegados de empleo en las ocho provincias al inicio de la Semana Santa. Según la juez, desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero". En los autos, la juez precisa que ha llegado a esta conclusión por la "coincidencia en el tiempo" de ocho operativas "idénticas" por parte de ochos cargos "distintos". Asimismo, la juez cifra en 950 millones el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados desde 2009 con fondos públicos. Alaya dejó ayer en libertad con cargos a 14 de los 16 detenidos que comparecieron ayer en sede judicial. Y la Fiscalía Anticorrupción cuenta ya con una denuncia contra Sabalete (la delegada de la Junta en Jaén) por presionar y amenazar a trabajadores que estaban a sus órdenes instándoles a hacer de ´testigos de Jehová´ del PSOE en la campaña de 2012. Así gana el PSOE las elecciones en Andalucía, tituló EL MUNDO.
Entre tanto, la dificultad de formación de Gobierno en Andalucía parece anticipar problemas similares por el mismo motivo para la formación de mayorías tras las municipales y autonómicas e incluso tras las elecciones generales. Díaz necesita el apoyo de ocho diputados para salir reelegida presidenta de la Junta en la primera votación, hipótesis que parece imposible a tenor de las posiciones que han adelantado las distintas formaciones. Para ser elegida en segunda votación por mayoría simple necesitaría la abstención del PP, la de Podemos y Ciudadanos, o la de Podemos e IU. El PP ya ha anunciado que votará en contra de la investidura, mientras que Ciudadanos condicionó su voto a la expulsión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Por su parte, Podemos y Ciudadanos "no quieren comprometer su postura de cara a las autonómicas y generales", aunque el PSOE andaluz sigue mostrando confianza en que Díaz será investida presidenta antes del 24 de mayo. Para ABC, "Susana Díaz ha estrenado su victoria electoral con una nueva oleada de detenciones decididas por la juez Mercedes Alaya por el fraude en los cursos de formación". "Dieciséis arrestados podrían ser el balance de una de tantas operaciones contra la corrupción pandémica en Andalucía, pero en esta última, denominada Operación Barrado, hay algunas singularidades". "La primera de ellas es que los detenidos son o han sido cargos delegados de la Consejería de Empleo en diversas provincias andaluzas, o de la propia consejería que hicieron dejación de sus funciones de control sobre los cursos". "Serían responsables por omisión, por no actuar a tiempo para evitar el fraude", dice en un editorial."La victoria de Susana Díaz, como la de sus predecesores, tiene una versión sociológica que se comprende perfectamente con la figura de Irene Sabalete, exdelegada de Empleo en Jaén y candidata socialista por esta provincia en las pasadas elecciones autonómicas, y su proselitismo intimidatorio ejecutado desde un poder público". "Quienes pacten con el PSOE andaluz la investidura de Díaz se arriesgan a asumir una responsabilidad diferida de perpetuar el ´método Sabalete´ en Andalucía".
