Se trata de todo un plan estratégico ya trasladado a los agentes sociales y a las administraciones autonómicas, a fin de que hasta el próximo viernes presenten alegaciones al borrador del Ministerio de Trabajo con el fin de aprobarlo en Consejo de Ministros en las próximas semanas. Sustituirá al anterior plan estratégico de la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuyo objetivo principal ha sido atajar las irregularidades en la contratación temporal y de tiempo parcial y que finalizó el pasado 31 de diciembre.También se centrará la Inspección hasta el 2023 en el mayor control del tiempo de trabajo mediante registros de horarios según las obligaciones introducidas hace variosnaños, en trabajadores inmigrantes o en la habilitación de los inspectores en materia sanitaria con motivo del Covid.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar especialmente las frecuentes e importantes irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. En los últimos meses se ha registrado mayor número de denuncias ante la Inspección deriva de quejas por los sueldos y jornadas por encima de las pactadas. En el tema de salarios se usarán más herramientas informáticas, como una aplicación que detectará incumplimientos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios, lo que facilitará la intervención de la Inspección
La titular de Trabajo se ha comprometido a mantener el ritmo de contratación como en los años anteriores. Alrededor de 600 incorporaciones en los tres próximos años entre inspectores y subinspectores para el área de empleo y de Seguridad Social. En la convocatoria de 2019, salieron 165 plazas, 55 de inspectores y 110 de subinspectores. Unas cifras que se repetirán los próximos años, aunque habrá que ver las convocatorias de cada año.
Las reformas legales para dotar de una mayor legitimidad jurídica a los inspectores incluye cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para castigar los incumplimientos salariales, según el diario ABC que tuvo acceso al borrador del plan estratégico. Según otras fuentes, también se podrían plantear modificaciones en la regulación de la jurisdicción de lo social. Eso permitiría, por ejemplo, que los jueces de lo social pidan informes a la Inspección en materias como la modificación sustancial de las condiciones de Trabajo y en lo referente a ERE o Ertes.
Habra una atención especial al trabajo que prestan las empresas de subcontratas, a aquellas compañías que abusen de los contratos de muy corta duración y a las que se acojan a las cláusulas de descuelgues.
La Inspección continuará las campañas del anterior plan de remisión de cartas a las empresas sugiriendo un cambio de actitud ante ciertas infracciones. Pero si las empresas no modifican su comportamiento, las exigirán responsabilidades y se abrirán actas de infracciones. Además, la Inspección continuará estrechando su colaboración con la Agencia Tributaria, Catastro y otras administraciones.
La campaña inspectora y de sensibilización de empleadas del hogar se dirige a las personas empleadoras, ofreciéndole asistencia técnica e información para que procedan a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la correlativa regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El Plan de Actuación del Organismo Autónomo pone también su foco en la lucha contra la economía irregular, dando prioridad a las denuncias presentadas y comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El objetivo de la campaña es que la remuneración y, por consiguiente, la base de cotización de los trabajadores y trabajadoras que integran este Sistema Especial, altamente feminizado y precarizado, se ajuste a la cuantía actualmente marcada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): para jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagas (1.108,33€/mes con prorrateo de pagas extras), y para jornada por horas el salario mínimo será de 7,43 euros/hora.
Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de las personas trabajadoras del hogar, el titular del hogar familiar habrá de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real actual desde el 1 de enero de 2021, que en ningún caso podrá ser inferior al SMI vigente.
En la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html) se puede encontrar un sitio web, con toda la información detallada sobre las diferentes vías para regularizar los salarios y las cotizaciones: tanto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Sistema RED (graduados sociales, gestorías y profesionales autorizados) o a través del envío de un formulario al que se puede acceder en un QR disponible en la página web.
Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado la comunicación, a través de cartas, con las personas empleadoras de este Sistema Especial, informándoles sobre la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y las respectivas cotizaciones de las personas empleadas de hogar.
