La patronal tecnológica DigitalEs rechaza que se grave "indiscriminadamente" al sector, que ya está hipertasado y no necesita más fiscalidad, sino un mejor reparto de la misma."No parece de recibo que para hacer que paguen impuestos los que no pagan, tenga que haber una doble imposición a los que ya pagan", ha señalado la directora general de DigitalEs, Alicia Richart.
En este sentido, ha apuntado que las empresas tecnológicas reunidas en DigitalES ya pagan 8.000 millones de euros al año en impuestos. Por ello, ha calificado de injusto gravar al sector independientemente de qué empresas están ya tributando en España. Ello supondría un castigo para las compañías que ya pagan sus impuestos aquí, ha señalado la directiva.Sin embargo, ha señalado Richart, si el proyecto del Gobierno se suscribe a la propuesta de Directiva que hizo la Comisión Europea la patronal estaría de acuerdo con dicho planteamiento porque ya participan en él.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado hoy que su Gobierno hace suya la propuesta de su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, para poner en marcha la llamada "tasa Google", el impuesto sobre los servicios digitales.
La directora de Finanzas de Telefónica, Laura Abasolo, ha dicho hoy que su compañía no ve "con malos ojos" la llamada "tasa Google", por considerar que puede servir como "catalizador" para adaptar la fiscalidad al mundo digital, pero ha defendido que se aplique de forma coordinada en la Unión Europea.
Por su parte, el presidente de la patronal Ametic, Pedro Mier, ya se mostró en marzo partidario de que las grandes multinacionales tecnológicas tributasen en los países en los que generasen valor, aunque no se pronunció sobre si la fórmula debe ser un nuevo impuesto."Defendemos lógicamente que la generación de valor en España pague sus impuestos en España y defendemos los derechos y los intereses de nuestros asociados. Y creemos que todo eso es compatible", aseguró entonces en una entrevista con Efe.
DigitalES integra las principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España. En conjunto, estas compañías, emplean a más de 105.000 personas y facturan el equivalente al 4% del PIB nacional.Entre sus asociados destaca Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, ZTE, Ericsson, Cellnex, IBM, Huawei, Indra, IBM, Nokia, Siemens, HP, Euskaltel, Cisco, Everis o EY, entre otros.
Por su parte, Ametic representa al sector de la industria tecnológica digital en España y entre sus asociados figuran grandes empresas globales de TI, telecomunicaciones, electrónica, servicios y contenidos digitales.
La cuestión fiscal es crucial en el intento de las autoridades europeas de poner bajo control la actividad de los nuevos amos de la economía. Mientras proliferan las iniciativas de diversos Estados miembros, Bruselas propuso en marzo establecer un tributo del 3% sobre los ingresos –no sobre los beneficios– de aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros. La Comisión persigue un bocado de los ingresos por espacios publicitarios en Internet –Facebook, Twitter, Google–, intermediación digital –Airbnb, Uber, Deliveroo– y venta de datos. La UE pretende recaudar 5.000 millones de euros al año, en un intento de garantizar la tributación equitativa en el seno del club comunitario. La Comisión calcula que las grandes empresas de la economía digital pagan un tipo efectivo del 9,5%, lejos del 23,2% del resto de compañías. En 2016 Bruselas obligó a Apple a devolver 13.000 millones por ayudas fiscales ilegales en Irlanda.
"El problema fiscal siempre se ha conocido, pero sólo levantó ampollas cuando en 2015 Irlanda sacó sus datos y se vio que el PIB había aumentado un 26%. Claro, aquello saltó a la prensa y se activaron todas las alarmas", explica Matilde Mas, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. El problema es que los nuevos colosos digitales tienen una gran cantidad de capital intangible y les basta un cambio de asiento contable para hacerse indetectables. "Acaban localizándose donde mejor les interesa. Ahora la Comisión está negociando una tasa común a las empresas tecnológicas, pero ahí no se van a poner de acuerdo, porque hay países como Irlanda u Holanda que se benefician de la actual situación. Por la vía de los beneficios, van a ser difíciles de coger. Es técnicamente complejo. Hay un problema metodológico en la definición de su residencia, por sus pocos empleados y su capital intangible. Por eso han ido a la vía de las ventas", señala Mas, que ve "muy optimista" al Gobierno de España vinculando el pago de las pensiones a impuestos a las empresas tecnológicas, que tienen "muy buenos abogados" para afrontar leyes y sortear coacciones, especialmente si llegan de los Estados y no de la UE, con una pegada mucho más poderosa.
El impuesto del 3% sobre los ingresos debería estar sólo vigente, según la hoja de ruta comunitaria, hasta que Bruselas consiga aprobar la reforma del impuesto de sociedades, que es la verdadera estación fiscal de destino. José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que lo que hace excepcionales a los nuevos gallos digitales no es la voluntad de elusión de obligaciones impositivas a gran escala, que es marca común a cualquier multinacional. "Esto pasa siempre y con todas. Tributan allí donde la fiscalidad es más baja. La única forma de afrontarlo es de forma transnacional. El impuesto de sociedades debe pensarse a nivel global. Pero esto está muy lejos aún, aunque deberemos dirigirnos hacia eso porque cada vez hay más factor capital y menos factor trabajo", señala.
Lo que hace diferentes a estas empresas, lo que eriza a las autoridades comunitarias, es el comercio electrónico y su impacto en los canales tradicionales, opina Conde-Ruiz. Los esfuerzos de la UE son, a juicio del también profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Complutense de Madrid, "un intento de frenar o al menos de ralentizar un tipo de negocio digital que quieren que venga un poco más despacio", en referencia al fenómeno Amazon y similares.
Una de las dimensiones del fenómeno menos abordadas por la CE es la laboral. Su posición oficial es que los "nuevos modelos de negocio" de la economía de plataformas, con empresas tipo Uber que trabajan con autónomos, "pueden aportar una importante contribución al crecimiento y el empleo en la Unión Europea". Así que en lo relativo a los derechos de los trabajadores de momento hay manga ancha, aunque Bruselas apela a la "responsabilidad" y prepara una directiva que ofrezca alguna certidumbre a los eslabones más precarios de las nuevas cadenas laborales.
El ministro de Economía, Román Escolano, anunció ayer que el Gobierno quiere presentar "cuanto antes" el nuevo impuesto digital a las empresas tecnológicas para que entre en vigor en el año 2019, y pidió el apoyo a esta nueva tributación del resto de grupos parlamentarios. En una rueda de prensa celebrada en Sofía (Bulgaria), tras la celebración del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, Escolano señaló que la nueva área de tributación, que es uno de los temas "más importantes" para la "inmensa mayoría" de los estados miembros, tiene que ser "objeto de soluciones a corto plazo" en el marco de la Unión Europea. En este sentido, hizo hincapié en que con esta nueva tributación España se sumaría a los principales países europeos como Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, que "ya tienen estas figuras". En su opinión, "no tiene sentido que la tributación y el sostenimiento de las cargas públicas sólo recaiga en la vieja economía". Escolano avanzó que el Ministerio de Hacienda ha empezado a trabajar en la definición de la nueva figura impositiva "a la mayor brevedad". "Nuestra idea es que tenga una tramitación los más rápido posible, que durante este año se produzca la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria", precisó el titular de Economía, tras apuntar que "no debería haber divisiones políticas importantes", apelando al "mayor consenso político posible".
No dice este diario que en Europa y toda Iberoamérica estas grandes digitales pagan muchos menos impuestos que en los Estados Unidos, pese a existir detalladas estadísticas comparativas como las publicadas hace meses por Ibercampus (tipos medios del 2% al 4% sobre los beneficios, frente a otros del 50% o superiores en los Estados Unidos), el país de origen de todas las polémicas multinacionales (además de las citadas, otras como Microsoft, Verizon, IBM, Oracle, e incluso no digitales como General Electric, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pficer, Coca- Cola, Merck, Pepsico, Exxon Mobil, Chevron, JPMorgan, Bank of America o Citigroup). Así su efecto gafe contribuye igualmente a mermar con su actividad las ya exiguas recaudaciones fiscales de los Estados donde operan a raíz de la actual crisis, además de generar en casos como los de Uber acusaciones de competencia desleal por parte de los taxis o transportes regulados y que sí pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social por sus empleados, sean autónomos o asalariados.
Las "gafas" (Google, Apple, Facebook, Amazon) y otras grandes corporaciones digitales como Uber fueron defendidas este primero de 2015 por un editorial de Financial Times contra los intentos de regulación y de hacerlas tributar por parte de las autoridades europeas, donde apenas tributan de media un 4% como publicó Ibercampus.es, con el argumento de que aportan tecnología y si se persiste en ello "los mejores días de Internet en Europa podrían tocar a su fin" (Europe´s best days on the internet could lie ahead).
Según informa ABC, la oposición de casi una decena de países de la Unión Europea, la mayoría pequeños, capitaneados por Irlanda y Luxemburgo, bloquea por el momento las posibilidades de acuerdo para introducir un impuesto sobre las ventas de las grandes empresas digitales, conocidas como GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), cuya negociación a nivel político comenzó ayer en Sofía.
Apoyo del PSOE
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, señaló desdela oposición, a finales del pasado mes de abril, que el nuevo impuesto digital anunciado por el Gobierno es "un paso adecuado" hacia la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero reclamó la apertura de un "debate sobre la fiscalidad justa" en el marco del Pacto de Toledo. "Sin lugar a dudas, que se plantee un impuesto a grandes empresas tecnológicas, que no pagan, no contribuyen conforme a los beneficios que tienen en nuestro país, nos parece un paso adecuado", señaló el líder socialista tras ser preguntado por la nueva fiscalidad a las grandes empresas tecnológicas anunciada por Cristóbal Montoro tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.
"Estamos planteando, en el Pacto de Toledo, llevar adelante iniciativas que son de naturaleza europea, y que se van a abordar en el Ecofin este fin de semana", indicó. Y precisó que "no es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios", sino un impuesto a las grandes empresas digitales "que no pagan suficiente en los Estados donde realizan un importante volumen de negocios". "Eso permitirá financiar mejor al Estado y desde el Estado financiar las propuestas de otros grupos políticos en el Pacto de Toledo", explicó.
Los diarios recordaban tambien a finales de abril pasado que el acuerdo con el PNV de apoyo a las cuentas públicas se concretó a través de una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos presentada ayer por el grupo vasco. Así, tras la entrada en vigor de los Presupuestos las pensiones subirán un 1,35% adicional este año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que sumado al 0,25% ya aplicado equivale al incremento previsto del IPC. En 2019 el alza del 1,6% se aplicará desde el 1 de enero. Los periódicos estiman que el pacto con el PNV costará este año 1.500 millones y 1.800 el que viene."Mientras desaparece el déficit de la Seguridad Social, será el Estado el que atienda los incrementos de pensiones que ahora se están tramitando", señaló Montoro, que precisó que los nuevos recursos provendrán del ahorro en intereses de deuda y de la reducción "considerable" del coste del rescate de las autopistas de peaje. La intención del Gobierno es "reactivar" el Pacto de Toledo y aprobar medidas para lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social en 2021 y superávit a partir de esa fecha.
Plan de Estabilidad: crear 1,6 millones de empleos hasta 2021 y caída del déficit
El Plan de Estabilidad 2018-2021 que el Gobierno del PP pensaba enviar a finales de abril a Bruselas antes del lunes es, según coinciden los diarios, más "prudente" que el esbozado hace un año. Así, prevé un crecimiento del PIB del 2,7% este año, 2,4% en 2019 y un 2,3% en los dos años siguientes, fundamentado en el tirón de la inversión empresarial, el crecimiento de la demanda nacional y la aportación positiva del sector exterior.
La estimación es que el empleo crezca hasta superar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social en 2020, con la creación de 1,6 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años y una bajada paulatina del paro hasta el 10,7% en 2021.En cuanto a la deuda, se reducirá al 89,1% en 2021, y el déficit también bajará gracias al aumento de la presión fiscal y la reducción de los gastos, hasta obtener superávit en 2021.
EL MUNDO hablaba de "preocupación en la UE con las cuentas españolas" y de "estupor" en Bruselas por el acuerdo de revalorizar las pensiones como parte de la negociación para la aprobación de los Presupuestos.
El PIB crece al 0,7% en el primer trimestre y gran banca gana un 15,5%
En esas mismas fechas, la economía española crecía un 0,7% entre enero y marzo, según el avance de los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un crecimiento del PIB igual al de los dos trimestres precedentes, aunque en variación interanual arroja un recorte de dos décimas y se sitúa en el 2,9%. Y se conocía también el dato adelantado del IPC de abril, que subió el 1,1% en tasa interanual tras reducirse una décima con respecto a marzo debido a la bajada de los precios de los paquetes turísticos y del gas, según el INE. Otras noticias destacadas eran:
- La gran banca gana un 15,5% más en el primer trimestre, un total de 4.729 millones
- BBVA eleva su beneficio a 1.340 millones, un 12% más, por las menores dotaciones y por el aporte del área inmobiliaria
- CaixaBank gana un 75% más tras rebajar las provisiones
- Bankia gana un 24,5% menos por los gastos de la fusión con BMN
- PRISA reduce su deuda y mejora su resultado de explotación tras ganar 9,9 millones hasta marzo. Juan Luis Cebrián abandona la presidencia de El País
