jueves,18 agosto 2022
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La UAM es la única de las 6 universidades públicas que no cumple con sus jubilados

Jubilados de la Universidad Autónoma de Madrid se han concentrado frente a la Asamblea para reclamar la paga que la UAM les adeuda

El colectivo mantendrá la concentración todos los días que haya pleno en la Asamblea de Madrid, las próximas citas será los días 9 y 16 de junio. Varios diputados se han acercado a saludar a los manifestantes e informarse de la situación: Mónica García, Agustín Moreno, Antonio Sánchez, Jaime M. de Berenguer, Teresa Zurita, entre otros, han mostrado su intención de realizar una acción conjunta para apoyar la reivindicación.

Desde el año 2013, la Universidad Autónoma de Madrid NO abona a sus trabajadores del personal de Administración y Servicios la paga por jubilación, que sí abonan el resto de las universidades públicas de Madrid a pesar de que comparten el mismo Convenio colectivo y el mismo Acuerdo (Universidad Complutense, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá de Henares).

La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, en 2012, a raíz de la crisis económica, estableció una suspensión del abono de los beneficios sociales a todo el personal de organismos públicos para el año 2013. Desde ese momento, la UAM dejó de pagar a sus trabajadores del PAS la remuneración que establecen los acuerdos por jubilación forzosa. Sin embargo, las cinco universidades restantes, aunque en un principio dejaron de pagarlo, procedieron inmediatamente a reanudar el abono por ser un derecho de sus trabajadores explicitado en el Convenio Colectivo y en el II Acuerdo de Funcionarios y defendido por los sindicatos, las gerencias, los rectorados y los consejos sociales.

En las universidades Carlos III, Complutense, Rey Juan Carlos, Politécnica y de Alcalá, durante todos estos años, esta paga ha sido aceptada por la Comunidad de Madrid y la Cámara de Cuentas por lo que nunca se ha valorado como ilegal ni ha generado problemas jurídicos a las universidades que la han pagado, pero la ilegalidad del pago es el   argumento que emplea la UAM como justificación de su negativa a pagar.

Las universidades públicas de Madrid durante esos primeros años de crisis vieron mermada su financiación por parte de la Comunidad, pero posteriormente han ido recibiendo las cantidades adeudadas con los beneficios de compensación, en estos momentos las están recibiendo. Sin embargo, ante la misma situación precaria, todas las universidades menos la UAM han cumplido con los derechos de sus trabajadores en el momento de la jubilación.

La mala gestión económica de una universidad y/o su autonomía universitaria no pueden ser motivo para anular el derecho de sus trabajadores a cobrar la paga de jubilación, de la cual aclara el II Acuerdo de Funcionarios que es una remuneración que no se pagará con los fondos previstos para beneficios sociales.

 Los beneficios sociales contemplan ayudas con un fin concreto y beneficioso para los trabajadores que lo soliciten, como es el pago por atención sanitaria odontológica, oftalmológica, o bien la ayuda al transporte etc., pero la paga de jubilación, en cambio,  supone un finiquito por años de servicio para todos los trabajadores del PAS en el momento de su jubilación forzosa,  regulado por convenio y por el II Acuerdo de Funcionarios y por consiguiente es una remuneración con la que todos los trabajadores han contado por derecho, para hacer frente a sus necesidades ya como pensionistas.

Atendiendo a estas normas, cinco universidades de la Comunidad entendieron que tenían el deber de terminar la relación laboral de sus trabajadores con la paga de jubilación mientras que la UAM jamás ha intentado acercarse a las propuestas de las demás universidades para hacer efectivos los pagos. Que la Comunidad de Madrid haya aceptado el presupuesto de las 5 universidades que cumplen con sus jubilados y a la vez acepte la negativa al pago de la UAM, además de incomprensible y contradictorio deja “a nuestro colectivo en total indefensión, y nuestra vida laboral en la Comunidad de Madrid se ve penalizada por el solo hecho de haber trabajado en la UAM frente a nuestros compañeros de otras universidades”.

La UAM tiene una deuda con sus trabajadores a la que debe hacer frente sin pretender utilizar el dinero que les debe para otros asuntos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no se pueden limitar. La propia Universidad en el acta de la junta de gobierno del día 5 de octubre de 2018 en intervención del Secretario General por indicación del Rector expone que “Dado que la ley solo ha establecido la suspensión del ejercicio del derecho, es necesario reconocer que el derecho existe en latencia hasta que se proceda al levantamiento de la prohibición de su ejercicio, momento en el que podrá ser ejercitado plenamente conforme a las lógicas exigencias de un plan de presupuestario”.

Ante la falta de intención del rectorado y gerencia de la UAM para negociar un plan de pagos, “nuestro grupo solicitó una intervención de mediación al Defensor del Pueblo para tratar de desbloquear el problema. Su actuación ha consistido en dejar que la UAM defina nuevamente como ilegal el abono de la paga y expone de nuevo la necesidad de que la Comunidad levante la suspensión de la norma”.

Por todo lo expuesto, el colectivo de jubilados exige “que la UAM haga frente a su deuda con nuestro colectivo en el menor tiempo posible; que la Consejería de Educación y la de Hacienda precisen que el pago no es ilegal, pues lo realizan las restantes 5 universidades; o que levanten la suspensión al pago del finiquito por jubilación con efectos retroactivos, para que la UAM no ponga más excusas legales”

 

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