El martes de la semana pasada finalizó el plazo para que los grupos del Congreso presentaran sus enmiendas o aportaciones al articulado de la nueva ley que dirige el ministro José Ignacio Wert. Se presentaron en total 770 enmiendas, de las que 42 eran del PP.
Los diputados quedaron en analizar las distintas propuestas una semana para, este pasado miércoles, reunirse a puerta cerrada en fase de ponencia, y decidir cuáles iban a incluirse al texto presentado por el Ejecutivo español. En esa reunión a puerta cerrada se añadieron al texto de la futura normativa las 42 enmiendas parciales formuladas por el PP, así como otras nueve de la oposición, de las que tres pertenecen al BNG, otras tres a UPN y otras tres a Foro de Asturias, con quien también ha pactado una enmienda transaccional. Las 42 presentadas por el Grupo Vasco fueron rechazadas.
Las aportaciones de los nacionalistas gallegos versan sobre adaptar las pruebas de evaluación a los alumnos con necesidades especiales. En cuanto a los regionalistas navarros, dos de las enmiendas se corresponden con correcciones de errores y otra sobre alumnos con altas capacidades intelectuales.
De las aportaciones realizadas por Foro de Asturias destaca la aceptación de una de sus enmiendas, coincidente con el PP, para unificar en tres las modalidades del Bachillerato: Artes, Ciencias y Tecnología y, por otro lado, Humanidades y Ciencias Sociales. El texto del Gobierno español proponía cuatro, separando las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Dado el calado de la normativa, los grupos parlamentarios han pactado seguir discutiendo la ley en comisión, aunque en abierto, decidiendo así tres reuniones de la Comisión de Educación para la semana que viene: el martes, miércoles y el jueves la última donde, previsiblemente, se aprobaría el dictamen de la LOMCE.
Al tratarse de una ley de carácter orgánico es de obligado cumplimiento que sea aprobada por el pleno del Congreso. Ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario, la ley será aprobada el 10 de octubre, para ser directamente enviada al Senado, donde también deberá revisarse por los parlamentarios. Fuentes parlamentarias estiman que su aprobación definitiva pueda producirse a finales de noviembre o comienzos de diciembre.
