En sus valoraciones del proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), la coordinadora de universidades públicas (CUPUMA) acusa a Ana Patricia Botín y al Banco Santander de intentar acabar con la democracia y la autonomía en las universidades y nombrar a dedo a los rectores. Así lo indica también al valorar el nombramiento de presidente de la Conferencia de Consejos Sociales en favor de Antonio Abril, secretario de Inditex y de CYD, uno de los instrumentos del Santander.
Aquel comunicado de CUPUMA denunciado al Santander por buscar el retorno a campus sin democracia, ha sido complementada ahora con otro que añade algunos nombres y datos y donde se indica que la ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, liderada por la CAM, cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores, para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales ni por supuesto, los directos. Y añade esta uinformación:
"Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.” Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades".
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente. ¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá "reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales" (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), "profesionalizar la gestión"; "mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; "potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento" (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y "mejorar la internacionalización".
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas– nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y trasparencia, y amparado bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Comunicado de CUPUMA
Este polémico proyecto de LEMES (Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior),frente al que PSOE y Unidos Podemos presentaron enmiendas a la totalidad en otoño y hace dos semanas varios cientos de enmiendas parciales cada uno, dotará según el Gobierno del PP a las universidades públicas de un modelo de financiación estable, común y plurianual, para que puedan fijarse las estrategias y los objetivos a largo plazo.
La Coordinadora de Universidades Publicas de Madrid considera que la comunidad universitaria no puede aceptar el recorte producido en las becas ni la nueva subida de tasas, que según las informaciones de Ibercampus.es han encarecido la Universidad para las familias un 52% desde el 2011. La CUPUMA (Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid) agrupa a estudiantes, PAS y PDI en lucha contra los recortes que afectan a la educación pública y el desmantelamiento de las Universidades. La aprobación de la LEMES por parte del Consejo de Gobierno de la CAM y su remisión a la Asamblea, ha supuesto el pistoletazo de salida para que comiencen los trámites para su aprobación y posterior aplicación.
En su previo comunicado de diciembre donde cargaba tambien contra el Banco Santander por promover campus sin democracia, CUPUMA aseguraba que tanto la decisión tomada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) como la complicidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), están vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y sólo puede tener una consecuencia: la destrucción de las universidades públicas madrileñas y su privatización, como está sucediendo con la sanidad. Constituida en el año 2003, la CRUMA está integrada por los rectores de las universidades públicas madrileñas: Alcalá de Henares, Autónoma, Carlos III, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid, que tambien mostraron su oposición a la LEMES y de a Asociacion Transparencia Universitaria, pese a que en sus campus e incluso hasta en la primera página de su web hacen publicidad del Banco Santander o entidades controladas por el mismo, que monopoliza el movimiento de los dineros publicos de la educacióny los ingresos y pagos de estudiantes con sus correspondientes comisiones, sin que las contrapartidas de ese monopolio se conozcan o puedan ser evaluadas publicamente.
Decían entonces CUPUMA que los pilares de la LEMES en su intento de abordaje a las Universidades Públicas se centraban en el control de lo que consideraba los elementos claves para que fuera eficaz el proyectado desembarco. Y estos eran fundamentalmente tres: financiación, profesorado y el más a priori, más complicado: lograr que, de forma simultánea y coordinada, se minimizasen y sustituyesen los órganos que aún mantienen restos de democracia y autonomía, a la vez que se potenciaban los menos democráticos entre los existentes:
La Fundacion CyD (Santander), ausencia de financiación y ANECA, los tres pilares de la LEMES
Así describía el anterior comunicado de CUPUMA, en su denuncia de la LEMES y el Santander, estos tres pilares de la LEMES:
AUSENCIA DE FINANCIACION
Desde que iniciara su andadura, el tema de la financiación ha sido clave en la LEMES. Por un lado, porque es evidente que gran parte de los problemas de las Universidades públicas tienen su origen en la asfixia voluntaria llevada a cabo por las CA para cambiar el modelo de Universidad Pública, y de paso, favorecer a las privadas. Por otro, es indiscutible que la inversión pública es absolutamente esencial para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos.
Como de costumbre, los datos nos proporcionan información irrefutable sobre las verdaderas intenciones de los legisladores: Como ya señaló el Informe UEC en su edición 2015, la universidad pública española había perdido, sólo en el periodo comprendido entre 2011 y 2012, 1.117 millones de euros de financiación neta.
En lo que respecta a la LEMES, se asegura que ha habido un cuarto borrador que prácticamente nadie de la comunidad educativa universitaria ha tenido oportunidad de consultar con algún detenimiento, y posteriormente, la intervención del Ministerio de Hacienda parece que ha sido notablemente relevante. En algún momento de la recta final del proceso, – se afirma que Montoro ha tenido bastante que ver- los “ajustes económicos” se han reproducido con especial intensidad e importancia. No disponemos, en este momento, de datos ni cifras fidedignas, pero existen indicios lo suficientemente significativos, como para temernos lo peor. Los Rectores -que se han dado por satisfechos con mantener el reparto y equilibrio de poderes en el Consejo Social, abandonando su amenaza de plante- parece que ahora andan divididos y molestos, a la vista de unas perspectivas de financiación tan magras y escuálidas, como insuficientes.
Hasta la versión de septiembre aparecía, en la exposición de motivos, pág. 17, el siguiente párrafo: ”es objetivo de la financiación de las universidades públicas madrileñas, el alcanzar un 1,22% del PIB de la CAM.” No se especificaban los motivos de la elección de ese porcentaje, pero se corresponde con la media de lo que invierten, en educación superior, los países de la OCDE. Si nuestro punto de referencia son los países de la OCDE, parece razonable que dispongamos de un presupuesto equivalente al que ellos disponen.
El problema es que 1,22% del PIB de la CAM se acerca a los 2.000 millones de euros y el presupuesto para educación superior en la actualidad apenas alcanza los 900 millones de euros, algo menos de la mitad. Solo se trata de una cifra de referencia, que carece de fuerza normativa, pero el hecho de que haya desaparecido hasta su sola mención,-para evitar pillarse los dedos- es indicativo de que las dificultades presupuestarias serán enormes, sobre todo teniendo en cuenta que la LEMES plantea unos gastos adicionales de notable envergadura, que nunca estuvo claro cómo se iban a sufragar.
El problema es que, sin financiación adecuada, la LEMES o carece totalmente de sentido y viabilidad, o será en breve plazo el brazo ejecutor de una rápida desaparición de las universidades que no sean de “excelencia” a juicio de la CAM. Por si fuera poco, la insuficientemente aclarada financiación de las infraestructuras, supone la perfecta guinda del pastel.
En semejantes condiciones todo aquello que conlleve un cierto gasto de dinero-por mínimo que éste sea- está condenado a no ponerse en marcha jamás. El objetivo de que, con suerte, logremos alcanzar en un plazo más o menos breve, un nivel equivalente al de 2011-cuando aumentaron brutalmente las tasas y disminuyó la inversión pública- puede darnos una idea bastante aproximada del porvenir que nos aguarda.
En este punto aparecen dos subtemas que aparentemente no tienen excesiva relación con lo que nos ocupa. Pero como las apariencias engañan, un estudio más detenido y cuidadoso, demuestra que eso sólo se puede mantener si nos conformamos con un análisis superficial de los acontecimientos.
LA ANECA
El primero es la ANECA: “La ANECA es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.”
El funcionamiento de la agencia de evaluación ha sido tan demencial, que parece inconcebible que haya podido sobrevivir pese a los desaguisados que ha perpetrado tan continua como reiteradamente. En muy poco tiempo la ANECA ha sido capaz de ponerse a la cabeza de todos males -corporativismo, amiguismo, enchufismo, etc., etc.- que tradicionalmente han aquejado a las universidades españolas.
El actual consejero de Educación de la CAM ha sido -y obviamente no por casualidad- el anterior director de la ANECA. En 2014 cuando Rafael Van Grieken era el responsable de la agencia de evaluación, explicaba y defendía, con tanto descaro como rotundidad, los criterios “científicos” que se utilizaban en la ANECA:
“Para poder valorarlas, (…las aportaciones e investigaciones) desgraciadamente, hay que dejar de lado los contenidos, y fijarse, como le decía antes, en la editorial, que está detrás de la publicación….. (Es decir, que lo que se valora siempre es la vía en la que se publican los trabajos científicos) …. Sé que nos cuesta aceptar esto. Pero hay una correlación: las mejores editoriales van a querer publicar los mejores contenidos científicos. En eso nos basamos. Desde mi punto de vista, habría que compensarlo y de hecho tenemos alguna idea para modificar los criterios de evaluación del profesorado virando algo hacia los contenidos. Pero, actualmente, se hacen miles de valoraciones de profesores universitarios y se buscan vías que hagan más fácil la evaluación. (…) Esta pauta no es española, es mundial. Y esta pauta mundial dice que, en lugar de evaluar los contenidos, en esa primera valoración que realiza ANECA para acreditar los requisitos mínimos del profesorado que quiere acceder a plazas de funcionarios públicos, hay que valorar más la calidad de la vía de difusión, que el contenido del trabajo en sí.” (1).
Valorar un trabajo científico, -sin llegar siquiera a tenerlo en ningún momento en las manos-, no por la calidad de su contenido, sino, única y exclusivamente, por la editorial que lo publica, es la mejor manera de dar por válida una monstruosidad desde el punto de vista científico, que solo tiene justificación a partir de la consideración de la arbitrariedad y la comodidad como criterios decisorios.
El pasado 1 de diciembre, el BOE publicó los nuevos criterios de valoración por parte de la ANECA. En teoría debería ser el resultado de una negociación con los sindicatos y la CRUE, para reformar los criterios de acreditación a Profesor Titular y a Catedrático de Universidad, pero la realidad demuestra -una vez más- que estamos ante una nueva imposición.
Los criterios antiguos tuvieron que ser suspendidos ante la repulsa y el rechazo de la mayoría de las personas afectadas, que los calificaban de injustos y desproporcionados, pero los recientemente publicados además de adolecer de idénticos defectos que los precedentes, han suscitado una ola de indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables las nuevas condiciones de acreditación, y que en la actual situación por la que atraviesa la Universidad pública española, semejante planteamiento puede suponer decir adiós definitivamente a la ineludible necesidad de estabilidad del profesorado universitario, a la vez que contribuirá a reforzar la precarización, y aplazar, sine die, la promoción del profesorado universitario.
Anteriormente se había producido un lamentable parón durante más de un año que se ha llevado a cabo sin la menor justificación, lo que evidentemente ha contribuido a colmar la paciencia del profesorado y a agravar el permanente desacuerdo con una agencia que acumula error tras error, y que es totalmente incapaz de corregir sus numerosas equivocaciones.
Uno de los casos más escandalosos y aberrantes, es el de las especialidades de Letras, ya que como regla general se siguen aplicando criterios y baremos copiados, establecidos por -y para- otras Universidades foráneas de características notablemente distintas, y en las escasas ocasiones en que se utilizan baremos más o menos autóctonos, éstos están concebidos para otras áreas que presentan características marcadamente distintas, tanto en lo referente a la investigación como en lo que atañe a las publicaciones.
Por si no fuera suficiente, existe una total ausencia de transparencia en el nombramiento de los comités, cuyos integrantes, en numerosas ocasiones, incumplen, ellos mismos, los criterios que dicen aplicar a los demás, y su trabajo carece del menor control, ni parlamentario ni por parte de los Rectores. Una auténtica joya que “misteriosamente” cada vez aumenta su poder y sus atribuciones.
LA FUNDACION CYD
“La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) se constituyó a finales del año 2002 con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades concretas de la universidad española. A partir de estos planteamientos, la misión de la Fundación CYD es analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España.”(2).
En verdad CYD es la Fundación del Banco de Santander, dirigida por Ana Botín, que colabora habitualmente con el ministerio y la comunidad, para encontrar el camino que debe llevar la Universidad española con objeto de que los bancos, y muy especialmente el Banco de Santander, resulten favorecidos. Además de sus informes anuales, es la principal responsable de textos tan significativos y determinantes como el denominado Estrategia Universidad 2015.Hace escasas fechas, el CYD ha publicado su informe anual sobre la universidad española.
El texto es tan clarificador como inequívoco, pero tiene la ventaja -respecto a la LEMES- de que al tratarse de una empresa privada no necesita disimular sus verdaderas intenciones, por lo que sus planteamientos, propósitos y objetivos no están enmascarados.
El máximo responsable del texto, ha tratado de resumir lo esencial de la publicación, en un artículo. Dos temas parecen preocuparle particularmente. Apoyándose y utilizando -una vez más- los presuntos malos resultados en los rankings anglosajones de la universidad española, se pregunta por las razones de semejante “fracaso”. Como no puede obviar la incidencia de la limitada e insuficiente financiación de las Universidades públicas, alude a ella, pero, a continuación aclara: ” Sin embargo cometeríamos, en mi opinión, un error notable si atribuyésemos exclusivamente a una mayor dotación de recursos públicos, la posibilidad de mejorar nuestra competitividad internacional.”
Y a continuación explicita los males que aquejan a la Universidad española y que impiden que encabece los rankings anglosajones: “Los países de nuestro entorno disponen, en general, de unas dotaciones presupuestarias superiores a las nuestras pero no es esta la única diferencia. Lo que también es común a todos ellos es que han llevado a cabo durante estas dos últimas décadas cambios muy notables en el modelo de regulación de sus universidades. En un estudio reciente promovido por la Fundación CYD, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas y la Cámara de España se pone de relieve que hay países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Francia y Portugal que han coincido en establecer en sus universidades un consejo de gobierno con presencia de personalidades externas a la propia universidad, reducido, y con capacidad de designar al Rector.
El Rector, además, tiene capacidad, en la mayoría de los países mencionados, de designar a los decanos facilitando así, el alineamiento del conjunto de la universidad a las prioridades estratégicas acordadas.”
Parece evidente que el tema del Gobierno -gobernanza lo denominaba Estrategia Universidad 2015- es una de las preocupaciones prioritarias de CYD. Y deja muy clara su solución. Acabar de una vez por todas con la elección democrática de los rectores, que deberían ser nombrados a dedo por un consejo de gobierno reducido con presencia de personalidadesexternas. Pero como se trata de facilitar por encima de todo las prioridades estratégicas acordadas, sería muy conveniente que el Rector tuviera la capacidad para designar -igualmente a dedo, a los decanos.
El segundo tema que preocupa a CYD aparece a continuación: ”Además, se ha producido una progresiva sustitución de un profesorado funcionario público por otro que es contratado laboralmente, con lo que la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos –captación, definición de la carrera académica y la política retributiva-ha aumentado muy notablemente”.
La pregunta pertinente que se impone es: ¿Qué relación tiene todo esto con la LEMES? Veamos. Parece bastante obvio que una de las formas de reducir la autonomía de las Universidades, es acabar, de una vez y para siempre, con las votaciones a Rector por parte de la comunidad universitaria. La cuestión es si la “sugerencia” de los “agentes económicos”, sobre una base tan rigurosa como la que supone argumentar que ya se ha utilizado en otros países, apostando explícitamente por una solución tan drástica como los nombramientos a dedo, tiene alguna posibilidad de ser impuesta a corto plazo, o tendrá que conformarse con un intento de ser implantado paulatinamente.
Pero lo que no parece discutible es que, entre dentro, y vaya en la misma dirección de lo que CUPUMA denomina “control de los órganos de Gobierno por parte de la CAM”, utilizando la LEMES como instrumento. Igualmente demuestra que los “agentes económicos” no sólo coinciden, sino que dan su explícito apoyo a la modificación del modelo de Universidades Públicas que propugnan. Dado que, históricamente, las sugerencias del Santander, siempre se han revelado como adelantos de la legislación gubernamental y autonómica, conviene que estemos preparados.
CUPUMA también se ha referido al control del profesorado, pero evidentemente el planteamiento es perfectamente aplicable al resto de estamentos, PAS y estudiantes. La CAM parece muy particularmente preocupada por el profesorado, y la LEMES le dedica numerosos artículos, todo lo contrario que a PAS y estudiantes. A los primeros, apenas les confiere atención, y los estudiantes reciben, fundamentalmente, la consideración de clientes a los que hay que vender un producto. Como su número les convierte en potencialmente peligrosos, cuidan especialmente que los órganos de representación a los que tengan acceso sean siempre de carácter consultivo.
Por su parte el control del PAS es explícito en el artículo 93.3: “La Comunidad de Madrid fomentará, a través de los contratos programa, la selección, formación y especialización del personal de administración y servicios”. Es decir que otra vez más, la LEMES es partidaria de la contratación a dedo, y la Comunidad de Madrid pretende tener igualmente la potestad de contratar directamente a los PAS.
La “flexibilización” del profesorado es uno de los objetivos prioritarios, tanto de la LEMES, como de los planteamientos neoliberales. La precarización de cada vez mayor número de profesores contratados era bienvenida, pero el predominio del profesorado funcionario, hacía muy difícil conseguir una solución duradera, sobre todo si se trataba de encontrar una fórmula que fuera, a la vez, económicamente atractiva, y perdurable.
Tras el patinazo de intentar retomar para ello la denominación de profesores agregados, que se confirmó inequívocamente ilegal, la LEMES pretende utilizar la figura preexistente del profesor visitante, más tarde denominado “profesor visitante distinguido”. El objetivo era -y sigue siendo- conseguir una contratación a dedo, y que no tuviera que pasar los controles de los funcionarios. Como CUPUMA explicó (3), las dificultades eran notables, porque para poder conseguir sus objetivos, tenían que resolver dos problemas fundamentales y de distinta importancia:
1.- Por su sentido y sus características propias, la figura de profesor visitante es temporal, y es difícil que, manteniendo la denominación, pueda llegar a dejar de serlo. Quizá por ello han añadido lo de “distinguido”, pero de momento con la legislación actualmente en vigor -que muchas Universidades incumplen con absoluto descaro- la duración máxima del contrato de visitante no puede superar el 1+1.
2.- Para poder ser una verdadera alternativa a los funcionarios, los visitantes necesitan no solo que sus sueldos sean equiparables, algo que la LEMES ya prevé- art 83.4- sino que también en el tema de la estabilidad puedan ser equiparados a profesores permanentes. Pero para lograr la consideración de profesor permanente, actualmente resulta imprescindible la acreditación. Dejar ese tema en manos de la ANECA, seria extremadamente peligroso, primero porque la CAM perdería el control, y segundo, porque con su demostrada lentitud e incompetencia, dilatarían lo suficientemente el proceso como para convertirlo en inservible.
Para solucionar el problema Torralba y Van Greiken han previsto que la LEMES convierta la fundación Madrid+d en su ANECA autonómica, que poniendo en marcha una “acreditación exprés”, completara la cuadratura del círculo: permitir que la CAM contrate a dedo a los visitantes distinguidos, y que su ANECA autonómica, la fundación Madrid + d, les acredite rápida y cómodamente, por cinco años renovables, de tal forma que todo se quede en casa, alcanzando así las tan ansiadas flexibilización y equiparación con los funcionarios, a los que en un futuro no muy lejano pretenden sustituir y suplantar. Además, por el conocido procedimiento de remitir todas las especificaciones a un reglamento posterior, se consigue la ventaja adicional de no tener que dar explicaciones incómodas y molestas en la Asamblea de Madrid.
Es muy posible que ahora ya estemos en condiciones de apreciar en toda su trascendencia la casual coincidencia de criterios entre la LEMES y la Fundación CYD, que señalaba las innegables ventajas de sustituir cuanto antes “a los funcionarios por contratados, para mejorar la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos”.
Y si uno es suficientemente mal pensado puede plantearse incluso la posibilidad de que dado que los efectos tanto del parón de trabajos de la ANECA, como el “extraño y sorprendente” endurecimiento abusivo de los criterios para conseguir la acreditación, han supuesto -y van a suponer en el futuro- una disminución notable de funcionarios, ¿eso puede influir en que sea más rápida y más fácil esa progresiva desaparición del profesorado funcionario, que defienden con descaro los agentes económicos, y de forma más sibilina los responsables de la LEMES?.
Frente al grueso del ejército invasor de la LEMES, flanqueado a ambos lados por los refuerzos reclutados por ANECA -agenda de dependencia estatal- y la Fundación CYD -brazo ejecutor y avanzadilla de los agentes económicos- ¿ que nos podemos encontrar?
Si estamos firmemente decididos a defender la Universidad pública al servicio de todos los ciudadanos, reivindicar el modelo de Universidad como servicio público, frente a una universidad gerencial que prioriza la rentabilidad económica, colocar la rentabilidad social muy por encima de la rentabilidad crematística, lograremos aglutinar a la comunidad universitaria que, tras muchos años de desencuentro ha logrado que en mayo pasado se organizara una Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, al que se han incorporado y adherido organizaciones como Marea Verde, sindicatos, partidos, agrupaciones ciudadanas, etc., con el objetivo común de ¡¡Paremos la LEMES!!, conscientes de que lo que está en juego es nuestro porvenir y el futuro de nuestro país.
Pero dado que como la razón está de nuestra parte, -aunque la CRUMA siga deshojando la margarita- si nos empeñamos de verdad, es muy posible que este desigual enfrentamiento, pueda resolverse con un desenlace inesperado.
¡¡PAREMOS LA LEMES ENTRE TODOS!!
( 1 ) Une libros nº 28 Primavera 2014 pág.. 10.
( 2 ) Copiado de la presentación de la página web de la fundación.
( 3 ) Comunicado de CUPUMA ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la LEMES? 27-6
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