Una vez se resuelvan estas elecciones el próximo Ejecutivo tendrá que hacer frente a innumerables retos, entre ellos uno a destacar es la ingente deuda pública que ha venido creciendo año tras año.
Como bien asevero el presidente Pedro Sánchez, sin presupuestos no hay política, y es ese uno de los puntos fundamentales por los que se ha visto incrementada la deuda desde hace bastantes años y que seguirá creciendo si no se le pone limitación al gasto público.
Fácilmente se puede observar como la deuda publica que permeancia estable entre los años 2000-2007 se ha visto incrementado año a año hasta alcanzar su máximo histórico ente pasado 2018 con 1,170 billones de euros o lo que es lo mismo un endeudamiento de casi el 100% del PIB.
Fuente: INE – Banco de España
La respuesta se traslada a las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo en los meses anteriores y a la no aprobación de los PGE, ya que sin estos los impuestos que se tenían que aplicar para sufragar este gasto desmedido no se darán y con ello se da un empujón al vacío a la economía española y al objetivo de déficit.
¿En qué partidas se ha aumentado el gasto público?
En el caso de las pensiones el aumento medio es del 1,6% exceptuando los casos de las pensiones no contributivas y de las mínimas que se verán incrementadas en un 3%, además hay que añadir el aumento de la base reguladora de las pensiones por viudedad con un aumento de 6 puntos porcentuales pasando del 54% al 60%. Todo esto tendrá un coste de 3.700 millones de euros aproximadamente.
También hay que hacer mención a los parados puesto que el subsidio por desempleo para las personas de mayor edad pasa de los 55 años a los 52 años, lo que, junto con otras medidas de lucha contra el desempleo, aumentará el gasto un 4%, hasta llegar a los 18.401 millones de euros.
Por otro lado, aprobó por decreto una subida salarial a los funcionarios y una equiparación salarial a los cuerpos de seguridad del estado, lo que supone un aumento del gasto del 3,89% incrementado esta partida en 867 millones de euros, situando el gasto en un total de 23.372 millones de €.
De entre los gastos que se han quedado fuera han sido el aumento de las ayudas a familias para combatir la pobreza con un coste de 321 millones, la eliminación del copago a 6,8 millones de pensionistas y colectivos más vulnerables, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas con un coste de 825 millones o uno de los puntos más polémicos como es el aumento de la inversión en Cataluña por mas de 900 millones de euros.
¿Con que impuestos se preveía aumentar el ingreso público?
Para llevar a cabo semejante desembolso público, el gobierno tenia impuestos de todo tipo preparados, algunos que afectasen a las grandes empresas u otros transversales que afectasen a todos los ciudadanos por igual.
Hacienda por un lado planteaba la reducción de la exención del 100% de los dividendos en el exterior al 95%. Ese 5% de diferencia suponía un incremento de la recaudación superior a 1.000 millones de euros.
Por otro lado, para beneficio de todos los ciudadanos, el impuesto más importante de los que decae es el del diésel, con el que Hacienda pretendía recaudar 670 millones de euros, siendo este un impuesto desigual puesto que afecta principalmente a los autónomos y ciudadanos con vehículos de diésel sin distinción entre la renta que dispongan.
En lo que respecta a las subidas de IRPF, en las cuentas venia recogido que sería de 2 puntos para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para bases superiores a 300.000 euros.
Además de estas que, si ya de por si fuesen poco polémicas, cabe añadir la tasa Tobin o la tasa Google en la cual decía ser pionero a nivel europeo el gobierno, sin embargo, una vez puestos los presupuestos encima de la mesa dejaba entrever que el fin ultimo de estas tasas era la recaudación de aproximadamente 2.100 millones de euros para poder equilibrar unos presupuestos poco realistas.
¿Qué escenario y que alternativas tiene el próximo gobierno?
Frente a una situación nada favorable, con la más que posible irrupción de nuevos partidos en el parlamento y la evidente necesidad de unos presupuestos, se plantean preguntas con difícil solución en cuanto a la deuda española.
La respuesta ha venir dada por bajos impuestos tanto a las empresas como a los ciudadanos, una mayor cohesión fiscal con el norte de Europa para hacer más competitivas a nuestras empresas, justamente lo contrario de lo que propugnan la Tasa Tobin o la Tasa Google y una reducción del gasto publico equilibrando la balanza de ingresos y gastos que nos permitan tener el suficiente “superavit” para poder reducir la deuda, es decir menos impuestos y más liberalizar la economía.
