“Lamentamos las palabras de la ministra de Educación, que dan un paso atrás en la búsqueda del consenso para alcanzar un Pacto Social en materia educativa, que tan necesario es”, declara por Twitter la plataforma por la enseñanza concertada constituida por Escuelas Católicas y Cece, los sindicatos FSIE y USO y las familias de la Concapa y la Cofapa, que tras reunirse el viernes informaron que van a pedir una entrevista urgente con la ministra y también que convoque a la Mesa de Enseñanza Concertada, que nunca se ha reunido y que tiene entre sus fines determinar el precio del puesto escolar. También van a emprender una "campaña de concienciación" sobre "las consecuencias" de las medidas propuestas por el Gobierno, que también quiere que la asignatura Religión deje de contar para la nota media.
Las organizaciones, que van a solicitar una reunión urgente con la ministra, defienden "la libertad de enseñanza basada en una complementariedad real entre la educación pública y la concertada, tal y como establece la LOE".El Gobierno insiste en que esa libertad de elección no está amenazada. Su ministra Celaá negó que exista un "ataque" a la concertada. En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros del viernes, como portavoz también del Gobierno . Defendió, como durante su polémica comparecencia parlamentaria del miércoles, que "la inmensa mayoría de la red concertada cumple sus fines" y ensalzó la "extraordinaria función social" que cumple. Pero indicó también que la escuela pública "ha de ser el referente del sistema educativo", porque "es la obligación de la Administración pública y, por tanto, tiene que estar", mientras que "la enseñanza concertada es libre de estar".
El Gobierno sostiene que la Lomce ha convertido a la escuela pública en "subsidiaria" de la concertada, pero los representantes de esta dicen que "eso no es cierto". "Lo que hace la Lomce es protegernos cuando comunidades como Aragón o la Comunidad Valenciana han intentado quitarnos aulas concertadas para dárselas a la escuela pública. Con la redacción actual, hemos ganado todos los recursos. Pero si se quita el criterio de la demanda social, las comunidades autónomas van a tener vía libre para quitar los conciertos para llenar las aulas de la escuela pública", explicó Centeno.
Varios obispos usaron las redes sociales antes que este domingo sus púlpitos para la crítica.El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recordó a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que son "los padres" quienes "eligen la enseñanza de sus hijos", mientras "el Estado la garantiza y sirve". Así lo remarcó en un comentario publicado en su cuenta de Twitter, en la que, sobre una fotografía de la titular de Educación y portavoz del Gobierno, pregunta a la ministra si recuerda los artículos 16 y 27 de la Constitución española, relativos a la libertad religiosa, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza."Los hijos son de los padres antes que del Estado. Los padres eligen la enseñanza de sus hijos, el Estado la garantiza y sirve. La subsidiariedad es del Estado, no de los padres. ¿O suprimirán esta libertad?", pregunta en su tuit.
"Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Vuelve la dictadura totalitaria", escribió el viernes en Twitter el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Sanz Montes, causó revuelo tras publicar un mensaje en el que atacó la propuesta del Gobierno central para modificar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En el citado mensaje, el arzobispo de Oviedo lamenta que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez afecte a la «libertad» de los católicos. «Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo ellos una ética de Estado», subrayó sobre los socialistas en el Gobierno en su mensaje. Durante la comparecencia del pasado miércoles, la ministra de Educación también anunció que la asignatura de Religión dejará de ser «computable a efectos académicos».
Las declaraciones de Sanz Montes han generado rechazo entre varios sectores de la sociedad asturiana. Izquierda Unida expresó su descontento con las palabras del religioso y reclamó su «inmediata salida de la región». «Este hombre es un extremista de derechas y por ello tiene que abandonar su puesto. Los arzobispos se han ganado históricamente el respeto del Principado a través de sus actos y ahora vemos cómo Sanz Montes lo está dilapidando todo», denunció Alejandro Suárez, secretario de Organización de esta formación en Asturias.
Las palabras del arzobispo suponen una «frivolidad indignante», en opinión de Suárez, que no concibe que una medida política pueda ser tachada de dictadura «por mucho que no estés de acuerdo con ella». «Su puesto no tendría que servir para hacer política, eso está claro. Todavía tenemos a muchos muertos de la dictadura sin reconocer y no es de recibo que venga con esto», apostilló.
Izquierda Unida reclama que el arzobispo abandone estas «salidas de tono» por el bien de la comunidad católica asturiana, que «en su mayor parte no se siente representada con su parecer».
Promover un Pacto nacional —social y político—, que asegure la estabilidad en el ámbito educativo; alejando la educación de vaivenes políticos.
Determinar el coste real del puesto escolar y elevar los módulos económicos del concierto hasta llegar a su completa financiación, en un plazo razonable.
Asegurar el concierto económico a los colegios en los que haya una demanda por parte de los padres y que cumplan con las condiciones exigidas por la Ley.
Renovar automáticamente los conciertos cada 6 años si no han dejado de cumplirse las condiciones que dieron lugar a su suscripción.
Promover la existencia de diferentes modelos educativos para garantizar la libertad de elección de las familias de acuerdo con sus propias convicciones.
Llegar a una analogía retributiva del profesorado de la escuela concertada, en relación al de la red pública, y prestigiar la figura del docente.
Flexibilizar los criterios prioritarios de admisión de alumnos de modo que tengan en cuenta, fundamentalmente, la existencia de hermanos en el centro, su situación socioeconómica y la sintonía de los padres con el Proyecto educativo del mismo.
Incrementar las becas y ayudas para comedor, libros y transporte escolar a las familias que lo necesiten, estén los alumnos escolarizados en centros de naturaleza pública o privada. Impulsar las prácticas sociales en la vida diaria de las escuelas como modo de concienciar a todos en una responsabilidad social educativa
Financiación pública para todas las etapas: de 0 a 3 años, Bachillerato y Formación Profesional, evitando el cambio de proyecto educativo a mitad de la edad escolar.
La variedad de enfoques educativos supone una riqueza cultural y humana.
La variedad en educación es garantía de pluralidad ideológica y lo que corresponde a una sociedad democrática.
La educación concertada favorece la libertad de elección a familias con pocos recursos. Si no existiera, la posibilidad de elección de un modelo educativo estaría supeditada a la renta.
La existencia de diversos modelos aviva la competencia y la capacidad de mejora entre centros educativos.
Los padres son los responsables de la educación de los hijos y el Estado es responsable de crear un marco que favorezca esta tarea. Cada uno tiene su espacio de actuación, todos deben ser respetados y todos deben trabajar para responder a la demanda existente de manera efectiva.
La educación concertada defiende la libertad de elección de los padres entre diferentes modelos educativos y favorece la diversidad.
Con la concertación, el Estado no subvenciona empresas sino a personas para que puedan ejercer sus derechos.
Existen otros servicios públicos en los que se aplica el modelo de concierto económico. Si un sistema es viable y justo, es lógico que sirva como modelo e inspiración.
La educación concertada es un apoyo para el sistema educativo de un país. Sin ella no se podría cubrir la demanda educativa con la misma inversión.
La variedad de modelos educativos es síntoma y requisito de madurez democrática
Integran la Plataforma Concertados, junto a las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos). También los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y USO, que igualmente han mostrado su "preocupación por las declaraciones de la ministra", consideradas por todos ellos "un ataque a la libre elección de las familias".
