Según la cadena SER, tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción centran sus esfuerzos en seguir el rastro de los sobrecostes de la empresa pública CIEGSA, constituida por la Consejería de Educación de la Generalitat valenciana en 2001, para la construcción de centros educativos en esa comunidad.
Fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER afirman que han hallado indicios de que varias consejerías del Gobierno valenciano han podido contribuir a la financiación ilegal del PP en esa comunidad, pero concluyen que ningún caso es tan claro, ni hubo tanto dinero en juego, como con la edificación de colegios, que en algunos casos ni se han llegado a construir y los alumnos aún permanecen en barracones.
Un reciente informe de la Intervención General de la Generalitat valenciana ha cifrado los sobrecostes de CIEGSA en el periodo 2001-2013 en algo más de 1.000 millones de euros. Ese informe ha servido a los investigadores como herramienta de trabajo que han cotejado con las pruebas recabadas en los registros practicados y los testimonios recogidos.
Las mismas fuentes consideran acreditado que CIEGSA, que actuaba sin control administrativo alguno y fuera de la ley, según el mismo informe, amañaba los concursos para adjudicar las obras a empresarios amigos como las imputadas Construcciones Luján o Cleop entre otras. Las empresas presentaban ofertas a la baja, en ocasiones temerarias, y después de obtener el contrato, lograban que la Generalitat modificase al alza un 20% su precio. Esos modificados, que son de un 20% anual de media aunque con picos del 42% y del 43% en los años 2004 y 2005 respectivamente, contenían tanto el beneficio para la empresa como el pago para el Partido Popular valenciano, según los investigadores.
En el caso de los empresarios, los incrementos de presupuesto no implicaban una mejora en las construcciones educativas, sino que por regla general, intentaban lograr el máximo beneficio con la inversión mínima, según las fuentes del caso, ya que era habitual el empleo de "malas calidades", la edificación "sin garantías" y los acabados "chapuceros".
La etapa de mayor "expolio" en la construcción de colegios, afirman las fuentes consultadas, coincidió con el periodo 2004-2007, siendo secretario autonómico de Educación y consejero delegado de CIEGSA, Máximo Caturla.
Caturla, que está imputado en la causa y es considerado como uno de los cargos intermedios clave de la "organización criminal", recaudaba el dinero y lo entregaba a Gerardo Camps, quien según los investigadores "manejaba y controlaba" la caja B regional del partido, con el beneplácito del presidente, Francisco Camps, quien era la conexión con la caja negra nacional. Camps ha negado de forma categórica cualquier implicación en la trama.
En el año 2007, Máximo Caturla se llevó a todo su equipo de CIEGSA a la Diputación de Valencia de Alfonso Rus, donde fue nombrado vicepresidente, y trasladó el sistema de actuación a la empresa pública Imelsa de la institución provincial, donde "no hicieron otra cosa que robar", en palabras del arrepentido Marcos Benavent.
Rajoy tuvo que pagar casi 500 millones a CIEGSA para evitar su quiebra
El desfalco de CIEGSA, con unos costes a 31 de diciembre de 2014 de 2.706 millones de euros que en parte ha podido servir para financiar al PP de forma ilegal, no solo está siendo asumido todavía por los valencianos, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que destinar 486.300.746,38 euros a la empresa pública para "asegurar su liquidez y poder atender sus compromisos de pago" en el periodo 2012-2014 mediante distintos mecanismos extraordinarios de financiación.
Así lo concluye el informe de la Intervención General de la Generalitat, que en sus 124 páginas realiza un análisis desolador de la situación de la empresa y muy duro con su metodología de trabajo. El informe sostiene que las actuaciones encomendadas "carecían de presupuesto y control" por parte de la Consejería de Educación, de quien dependía la sociedad pública.
Los contratos "se efectuaron en base a un convenio de colaboración irregular" entre GIEGSA y la Consejería "que no se tramitó conforme a la ley", y fueron "vulneradas las garantías establecidas en la normativa en materia de contratación y financiación" públicas.
CIEGSA, a pesar de su dependencia de la Consejería, "decidía el adjudicatario", así como "abusaba del procedimiento negociado sin publicidad" en las contrataciones. La "ausencia de control", según el informe, le permitía pagar más caro que el resto de la administración valenciana. El interventor lo resume de forma gráfica: "El precio por metro cuadrado de dos institutos construidos en la misma época, en la misma localidad y con superficies construidas semejantes, era de 670,45€ si era ejecutado por la Consejería, y de 912,31€ si su construcción era encomendada a CIEGSA".
Muchos de los institutos y colegios aún no han sido construidos y los alumnos continúan en aulas prefabricadas o barracones, que han supuesto un gasto de 92.006.124€.
Los costes financieros del "derroche" que en parte encubren la "actividad criminal de financiación ilegal del PP", según las fuentes del caso, son de 393,33 millones que aún purgan los valencianos, y también el resto de los españoles.
Últimos defectos de los recortes educativos
El Consejo Escolar Municipal de Valencia debate este lunes la propuesta del ayuntamiento de dividir la ciudad en 21 zonas a efectos de admisión en los colegios. Es la planificación derivada de la derogación del distrito único decretada por la Conselleria de Educación, y en la práctica hará que algunas familias de la capital sólo puedan optar realmente a cinco centros, pues si eligen uno de una zona distinta se les penalizará en caso de baremación. Es decir, sólo podrán entrar si hay plazas libres, algo que no pasa en los centros más demandados, sean públicos o concertados. Para hacerse una idea, hasta este curso las opciones se ampliaban a 182, que son todos los sostenidos con fondos públicos que ofrecen el Segundo Ciclo de Infantil, etapa habitual de acceso, según el diario regional Las Provincias.
El planteamiento municipal implica volver tres años atrás, si bien la primera propuesta sólo hablaba de diez áreas, según fuentes de la comisión que ha trabajado en la nueva distribución. Uno de los casos más extremos es el de la zona 10.A, comprendida entre las calles Peris y Valero, Ausias March, el nuevo cauce y la vía ferroviaria. Las familias que vivan en este distrito sólo tendrán posibilidades reales de entrar en los centros Fernando de los Ríos (municipal), Pablo Neruda y Rafael Mateu Cámara (públicos), Academia Jardín y Martí Sorolla (concertados).
