Esta derrota de la Abogacía del Estado se conoce a las pocas semanas de que el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez defendiera ante la justicia europea trampas en un millón de hipotecas por parte de la banca española, a la que PP, PSOE y Ciudadanos pedirán adelantos de crédito para financiar su actual campaña electoral, los dos primeros 60 millones de euros que se sumarán a sus 65 millones de deuda actual, año y medio después de saberse que los bancos perdonaron deudas a los partidos incumpliendo la obligación de informar al Banco de España.
La noticia de la victoria de la sargento Maria Serrano, difundida por la agencia Efe y recogida por diversos medios, indica que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia que declaraba nula la decisión de un Juzgado de Sevilla de desahuciar a la sargento primero de la Guardia Civil María Serrano, una mujer que está siendo presuntamente represaliada por haber denunciado por denunciar la supuesta corrupción de un subordinadoen referencia al uso indebido de fondos europeos. Por tanto, la Guardia Civil deberá devolver su vivienda a la sargento Serrano.
Diario16 ya había contado en detalle el caso de esta suboficial que, tras detectar los comportamientos irregulares de un cabo, hizo lo que se espera de una suboficial de la Benemérita y denunció el asunto ante sus superiores presentando informes. Pero antes una de las personas que se pusieron en su contra en su denuncia de la corrupción, el coronel Fernando Mora Moret, fue promocionado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez a la categoría de General de Brigada, nombramiento firmado por el Jefe del Estado, Felipe de Borbón.
Todo ello iliustra la destrotección que sufren los denunciantes de corrupción en España, que es uno de los cuatro países miembros de la UE entre 28, junto Bulgaria, Chipre y Lituania, donde el nivel de protección de los denunciantes es más bajo. Así lo recogía uno de los más famosos alertadores, Hervé Falciani, tras presentar alegaciones en nombre de su Asociación Tactical Whistleblower tanto al proyecto de directiva europea para mejorar la protección (por entender que el fraude, la corrupción y otras irregularidades dentro de organizaciones o empresas públicas o privadas amenazan gravemente el interés público) como al proyecto español de Ley de seguridad de las redes y sistemas de información que debatía a finales de año el Congreso, cuyo principal objetivo es otro: defender sobre todo las principales infraestructuras, preservando en especial la “seguridad y los intereses comerciales de los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales, así como la confidencialidad de la información que recaben” (artículo 15).
José Antonio Gómez, el periodista de Diario16 que más ha informado sobre la heroina de la Guardia Civil, fue testigo directo de cómo, durante unas jornadas celebradas en el Parlamento Europeo sobre el maltrato y la persecución que sufren en España los denunciantes de corrupción, la sargento y su abogado salían de la sala de manera apresurada y con la expresión del rostro demudada. Al regresar anunciaron que la acababan de comunicar que la iban a precintar su vivienda en la Comandancia de Montequinto, Sevilla, y que estaba pendiente de ser desahuciada. Además, se le comunicaba que no se le concedía un aplazamiento para poder sacar sus pertenencias del piso. Las casualidades no existen y que este hecho se realizara durante la estancia de la suboficial en Bruselas no deja de ser paradigmático de los comportamientos de quienes están viven en esas otras cloacas que es aparato corrupto del Estado. Por suerte para la ciudadanía son pocos, pero siguen teniendo mucho poder e influencia.
La falta de protección de los alertadores de casos de fraude y corrupción en España fue tratada también como un problema que afecta a la integridad de los mercados causando multimillonarias pérdidas para todos (sobre todo para los consumidores) por parte de la autoridad española de Competencia, tras informar que la transparencia ahorraría 20.000 millones anuales en contratos públicos y reunir hace dos semanas a los principales expertos, entre ellos el famoso alertador Hervé Falciani y la directora general de la Agencia de Protección de Datos, Mar España. Jornada donde esta anunció que alegar protección de datos no obstaculizará las denuncias de corrupción (cuyo coste anual para el conjunto de la economía española es estimado en 90.000 millones ). El problema solo afecta a relevantes ámbitos como el de la contratación pública u otros también lejos de la transparencia, sino al propio fútbol,donde siguén protegiendo a los alertadores en lugar de protegerlos, como puso de relieve esta semana de nuevo Falciani en declaraciones a La Ser de Cataluña. "Es una penaque la primera reacción del mundo del fútbol ante futbolistas, o periodistas que tienen el coraje de denunciar sea, a menudo, "destruir al alertador, negar los hechos, y luego a ver si tienen que adaptarse", dice al denunciar persecución a Football Leaks:
El desalojo de la vivienda fue ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla y esa decisión fue anulada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del TSJA. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario16, se indica que el desahucio de la sargento no cumplió con los requisitos marcados por la ley, sobre todo, por haber sido dictaminado por un organismo que no era competente para ello. Sin embargo, a María Serrano consiguieron dejarla sin la vivienda a la que tiene derecho porque la sargento sigue perteneciendo a la Guardia Civil. Por esta razón, el abogado que la representa, Fermín Vázquez, anunció el pasado mes de enero que pediría una indemnización por el daño psíquico y el perjuicio económico que le causó la decisión del desahucio.
Por otro lado, la propia sentencia que ahora ha sido declarada firme, no incluye condena de ningún tipo. ¿Quién es responsable de ello? En la sentencia no se condenaba, por ejemplo, al pago de las costas del proceso a quienes tomaron la decisión, es decir, que para el Estado una injusticia de este tipo no tiene ningún tipo de coste, más allá del reputacional.
El teniente Luis Gonzalo Segura, en declaraciones a Diario16, explicó de manera muy clara cómo el acoso contra las personas que han denunciado la corrupción en el aparato del Estado se convierte en un modelo de ejemplarización para evitar que otros que puedan ser conocedores de corrupción institucional den el paso y lo denuncien ante la Justicia: «Ejemplarizar con nosotros es algo muy beneficioso para el sistema. De alguna manera sirve de advertencia a todos los demás. Por eso, es muy importante que los denunciantes seamos socialmente protegidos, que nos vaya bien, porque esto incentivará a otras personas a que denuncien. Por ejemplo, el Pequeño Nicolás cobró más de 200.000 euros por los programas de televisión en los que contó su historia. Esto genera que haya personas que quieran hacer lo mismo que el Pequeño Nicolás. A los denunciantes de corrupción nos pasa lo contrario. Al pícaro se le da altavoz mediático, al denunciante de corrupción, se le silencia»
