El magistrado, tras afirmar la competencia del juzgado mercantil para conocer de la acción colectiva de ADICAE y los aspectos objeto de reclamación, ha resuelto, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizar un llamamiento a sumarse al proceso a “quienes tengan la condición de perjudicados”, para lo cual ha ordenado la publicación de un edicto en el diario El País. Añade el auto que “tratándose de un proceso en el que el hecho dañoso perjudica a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación […] el llamamiento suspende el curso del procedimiento por un plazo de dos meses…”
El auto del Juzgado establece que estamos ante un supuesto contemplado expresamente en la LEC (art. 15.1 y 15.3) en el que la norma dicta que “se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual”
Con este auto se confirman las tesis defendidas por ADICAE sobre el carácter colectivo del fraude y la necesidad de abordarlo mediante la acción judicial colectiva que la LEC contempla para este tipo de casos, y se “tumban” las pretensiones de individualización del fraude que han caracterizado otras reclamaciones al estimar el juezgado la procedencia de abordar el mismo desde la perspectiva global y de abuso masivo que ADICAE ha denunciado junto con otros 3.500 afectados a los que, con este llamamiento, podrán sumarse decenas de miles.
Desde ahora y hasta finales del mes de mayo ADICAE llevará a cabo una intensa campaña de difusión de esta novedad clave en un fraude en el que dos tercios de los 300.000 afectados aún no han visto ninguna solución, y facilitará a los mismos la información necesaria para sumarse a esta acción colectiva en defensa de sus derechos y acreditar el engaño masivo y generalizado de la emisión y colocación de participaciones preferentes.
De esta forma y en toda España ADICAE celebrará Asambleas informativas, llevará a cabo repartos de información ante las sucursales de Bankia y desarrollará campañas de información a pie de calle para hacer llegar a los afectados la posibilidad judicial colectiva que finalmente la Asociación ha logrado abrir a pesar del interesado emplazamiento de abogados, pseudoasociaciones e incluso instituciones públicas a acudir a los tribunales en acciones individuales para probar el engaño concreto e individualizado como única vía de solución.
