Hasta ahora, estas instituciones eran los máximos órganos de gobierno en colegios e institutos. En ellos se debatía y aprobaban temas que tuviesen relación con el funcionamiento y la organización de las escuelas. Entre sus muchos temas, sobre la mesa siempre ha estado el proyecto educativo, el plan de mejora, la carta de compromiso educativo que tienen que firmar todos los padres, las normas de convivencia, los presupuestos y la rendición de cuentas y la propuesta y cese del director.
Está formado por representantes de toda la comunidad educativa: la dirección del centro, profesores, alumnos, familias, personal de administración y servicios y representantes de la administración local. Estos son escogidos por un periodo de cuatro años, pero cada dos años se convocan elecciones para renovar la mitad de los miembros.
Sin embargo, con la LOMCE la única aprobación vinculante que les deja es la aprobación de los presupuestos. Así, el proyecto educativo pasa a ser responsabilidad única del director, y los padres tampoco podrán incidir como hasta ahora en las líneas maestras del centro ni promover una posible moción de censura. En el caso de los centros concertados, la ley Wert elimina además la presencia del representante municipal.
Un análisis del papel de los consejos escolares de la Fundació Jaume Bofill señala que la Lomce "los vacía de competencias decisorias" y advierte que "raya la inconstitucionalidad" en cuanto a la participación de la comunidad educativa, según explica La Vanguardia. Los artículos 27.5 y 27.7 de la Constitución reconocen el derecho a la "participación efectiva de todos los sectores afectados" en la educación y precisan que "profesores, padres y, en su caso, alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos". El estudio de la Fundació Jaume Bofill, dirigido por la investigadora Marta Comas, matiza que en general las decisiones más relevantes de una escuela se consensúan con las familias, pero ¿quién garantizará el derecho de estas a discrepar y a que su opinión sea efectiva cuando haya cuestiones de debate? Cuando un acuerdo no sea tan obvio, ¿quién hará de portavoz de sus opiniones?, se pregunta esta entidad. La situación actual no es idílica.
"No hemos sacado todo el partido a los consejos escolares, la ley actual da más margen de maniobra a las familias del que se acaba aprovechando", señala al respecto Àlex Castillo, presidente de la principal federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Catalunya, Fapac. El análisis de Comas insiste en que la ley Orgánica de Educación (LOE) y la ley de Educación de Catalunya (LEC) proponen un buen modelo "ideal" de participación de la comunidad educativa, calcado de la democracia representativa de los años de la transición, "pero en la práctica su potencial no se ha desarrollado al cien por cien". El desconocimiento de las familias, la falta de tiempo o de ganas y el corporativismo de algunos equipos docentes lastran en muchas ocasiones una participación más activa de los padres en la vida del centro escolar.
En total, un 67% de las familias de la escuela pública y un 44% de las de la concertada participan en el funcionamiento del centro educativo o del consejo. En la ciudad de Barcelona, casi todos los centros aprueban el proyecto educativo, el reglamento de régimen interno o el presupuesto a través del consejo. En general, "la participación es poco dinámica, pero existente", señala la Fundació Jaume Bofill. Pero como mínimo, sigue, las leyes actuales garantizan el derecho de las familias a incidir en el sistema educativo. Las bases están ahí, otra cosa es que su participación real sea más o menos compleja.
"La Lomce neutraliza esta posibilidad de participación; profesores y administración pública nos dicen que tenemos que implicarnos más en la educación de los hijos, pero luego nos niegan este derecho y cortan nuestra capacidad de decisión", lamenta Pere Farriol, presidente de la federación de ampas Fapaes -mayoritaria en la secundaria-. La familia pasaría a ser una mera consumidora de educación en lugar de actora. Los comedores escolares, las actividades extracurriculares, la acogida matinal o la reutilización de libros son tareas que han recalado en las asociaciones de padres de alumnos en la mayoría de las escuelas. "En total, se calcula que las ampas aportan 6.000 euros a los centros a través de material o actividades extraescolares", explica Farriol. Ahora bien, la Lomce "nos aparta del núcleo central de la educación", sigue este representante escolar. El nuevo escenario que dibuja la ley Wert se añade a la pérdida de apoyo institucional que han sufrido las ampas. La Generalitat ha eliminado casi por completo las ayudas a estas instituciones.
