jueves,18 agosto 2022
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Aprobado por la comisión de Educación

La LOMCE llega al Pleno del Congreso con el único apoyo del PP

Redacción
La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con el único apoyo de PP, reforzando en su articulado el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado y dotando al profesorado de la condición de autoridad pública. El texto ha contado con el rechazo de PSOE, CiU, , la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, BNG y la abstención de Foro de Asturias.

Al tratarse de una ley de carácter orgánico es de obligado cumplimiento que también sea aprobada por el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado. Según estiman fuentes parlamentarias, está previsto que la ley sea aprobada en sesión plenaria el próximo 10 de octubre, para ser directamente enviada al Senado, donde también deberá revisarse por los parlamentarios, para su aprobación definitiva a finales de noviembre o comienzos de diciembre.

Al texto presentado inicialmente por el Gobierno se presentaron un total de 770 enmiendas parciales. Al dictamen de la normativa se incluyeron en fase de ponencia las 42 presentadas por el Grupo Popular, así como otras 13 propuestas de Foro de Asturias, BNG y UPN, a las que habría que sumarles 21 pactadas con UPyD, UPN, Foro de Asturias, ERC y Coalición Canaria. Durante la votación, no se ha aprobado ninguna de las enmiendas parciales de PSOE, CiU y PNV y se han incluido dos parciales de UPyD.

En las tres sesiones que la Comisión de Educación ha celebrado esta semana para debatir las aportaciones al texto, la mayoría de la oposición ha manifestado su rechazo a la reforma educativa. En concreto, PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PNV han leído el manifiesto que firmaron en julio, renovando así su compromiso de derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria.

Además, este rechazo de la oposición quedó reflejado con la presentación de once enmiendas a la totalidad, pidiendo la devolución al Gobierno del texto presentado, propuestas que fueron rechazadas por PP, UPN y Foro de Asturias el pasado 16 de julio.

Lengua Vehicular

Entre las enmiendas aprobadas, destaca la pactada entre PP y UPyD, que refuerza el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado, un texto que ha generado malestar en las filas de CiU, que ha acusado al PP de "predemocrático" y de querer "tirar por tierra" el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, pese a contar con el "respaldo de la mayoría de la sociedad catalana". Esta enmienda ha contado en la votación con el respaldo de Foro.

Los ´populares´ y UPyD han alcanzado también un acuerdo en torno a la incorporación de una disposición adicional para que el equipo directivo y los profesores sean considerados autoridad pública. Este aspecto ha suscitado el malestar en el Grupo Socialista, que esperaba el debate sobre la autoridad en la elaboración del Estatuto Docente.

La Comisión ha dada luz verde a otra de las enmiendas pactadas entre los ´populares´ y UPyD que establece que el nombramiento de los directores pueda renovarse por periodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios de esta evaluación serán públicos e incluirán las evaluaciones individualizadas, es decir, dependerá de los resultados de los alumnos en estos exámenes nacionales.

También ha salido adelante otra enmienda pactada entre PP y ERC para que en la organización de estudios de bachillerato, los procedimientos de admisión a la Universidad y en la FP se preste especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Otro de los textos transaccionados entre PP y Foro, aprobado en la Comisión de Educación, establece que se tenga en cuenta la insularidad, dispersión y despoblación geográfica de las zonas rurales para la distribución territorial de recursos económicos.

En declaraciones a los medios, la portavoz del PP en la Comisión de Educación, Sandra Moneo, ha mostrado su "satisfacción" por las aportaciones de los grupos al texto, que, a su juicio, "lo mejoran" y ha afirmado que ha existido una "perfecta interlocución" con muchos de ellos, excepto con el PSOE.

"Nos sentimos decepcionados porque el principal partido de la oposición, que representa a un gran número de ciudadanos haya dicho no al cambio", ha aseverado Moneo, que ha indicado que socialistas quieren mantener un modelo que "no ha permitido una mejora del sistema educativo".

Asimismo, frente a las críticas y las protestas contra el texto normativo, ha pedido "tranquilidad" y ha asegurado que el PP y el Gobierno no quieren un "enfrentamiento" entre la escuela pública y la privada y concertada, sino que apuestan por la libertad.

Por su parte, el portavoz socialista Mario Bedera ha dicho que la LOMCE ha "empeorado" en el trámite parlamentario y "el esqueleto" de la norma, que llevó a la comunidad educativa a la calle y a la mayoría de la oposición a comprometerse a derogarla, sigue "igual". Asimismo, ha advertido de que da una "vuelta de tuerca a las obsesiones del PP", como "españolizar, subordinar la pública a la concertada, y el cuadro de valores que el PP lleva con tufo a Conferencia Episcopal".

Claves de la LOMCE

La LOMCE supone la modificación de la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por el Gobierno socialista en 2006. Entre las novedades de la nueva norma, destaca la introducción de evaluaciones nacionales al final de cada etapa, diseñadas por el Gobierno. Además, las asignaturas estarán agrupadas en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración. El horario y currículo de las primeras lo definirá el Ejecutivo, mientras que las comunidades autónomas se encargarán de las específicas.

Para garantizar la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial, el texto establece que las administraciones educativas paguen una plaza en un centro privado a los alumnos cuyos padres quieran que estudien en esta lengua. Además, el cuarto curso de la ESO contará con dos opciones, una de iniciación al bachillerato y otra de iniciación a la Formación Profesional. Se introduce también la FP Básica para alumnos de 15 años y de dos cursos obligatorios.

La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se elimina del currículo y se crea Valores, una alternativa a la materia de Religión, que también será calificada. Además, blinda los conciertos a los centros de educación diferenciada y propone una mayor autonomía de los centros, cuyos directores tendrán que ser acreditados.

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