El alto tribunal inicia esta semana el estudio de la ponencia redactada por el magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la LOMCE y de los cinco apartados más polémicos de esta norma educativa que fueron recurridos por mas de 100 diputados del Grupo Parlamentario Socialista. La ponencia, que será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del tribunal, no ve obstáculos constitucionales a que los colegios que programan una educación diferenciada por sexo puedan recibir ayudas públicas. El texto precisa que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo.
La sentencia supondrá un espaldarazo para medidas como la segregación por sexos en colegios concertados al hilo de la 'coletilla' que incluyó en la ley el Gobierno del PP o la selección de alumnos para el trazado de 'itinerarios académicos' por considerar que entran en el terreno de la libertad de los centros. Asimismo, respaldaría la limitación del papel de los padres en los consejos escolares y considerará adecuado que se ofrezca una asignatura obligatoria como alternativa a Religión.
Así lo refleja la ponencia del magistrado Alfredo Montoya de la que informa la 'Cadena Ser' y que será estudiada a partir de esta semana. Montoya, siguiendo la línea marcada por el Consejo de Estado, habría avalado la constitucionalidad de la ley, proponiendo así el rechazo del recurso del grupo parlamentario socialista. Un rechazo que se da por asegurado gracias al bloque conservador mayoritario en el tribunal.
El PSOE había recurrido ante el Alto Tribunal la LOMCE, al considerar que "contraviene" el derecho a la educación de todos y en igualdad de condiciones. La Junta de Andalucía había denegado subvenciones públicas a colegios que separaban a los niños de las niñas.
La ley Wert avala este tipo de prácticas, al establecer que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza. Ahora, el magistrado Montoya considera que este punto no es inconstitucional, ni tampoco que se pueda seleccionar alumnos en función de "itinerarios académicos".
Según Leticia Cardenal, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), estamos ante un "varapalo más a la escuela pública" que servirá para reforzar los "recortes" del PP y sus políticas para favorecer a la enseñanza privada.
