Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La OIT y sus mandantes –gobiernos, trabajadores y empleadores– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. Además, cumplen una gran labor en la medición de noticias desde su pagina web oficial a través la cual cubren el COVID-19 y en relación con el mundo del trabajo.
El propio Director General de la OIT, Guy Ryder advertía hace unos días que la pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica. Para que nuestra respuesta sea eficaz, debe tener en cuenta todos estos factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada y global. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables. Además, si partimos de la base de que el 40% de la población mundial no tiene un sistema de salud ni acceso a otros sistemas nacionales de salud, concluimos que una gran parte de la gente simplemente carece de los medios para buscar tratamiento, incluso cuando adquieren enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19, lo cual dificulta gravemente las gestiones contra la crisis inicial; la sanitaria.
Las dimensiones humanas de la pandemia del COVID-19 exceden con creces el ámbito de la respuesta sanitaria. Todos los aspectos de nuestro futuro se verán afectados: el económico, el social y el de desarrollo. Nuestra respuesta ha de ser urgente, coordinada y a escala mundial, y debe ofrecer ayuda inmediata a quienes más lo necesitan.
Para hacerlo bien en todos los ámbitos, desde los lugares de trabajo hasta las empresas, en las economías nacionales e internacional, se necesita un diálogo social entre los gobiernos y los que están en primera línea: los empleadores y los trabajadores. Para que 2020 no sea una repetición de los años treinta.
La OIT estima que hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo, y que la pérdida de ingresos de los trabajadores podría llegar a los 3,4 billones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ya se está viendo que el cálculo se quedará corto frente a la magnitud del impacto.
Esta pandemia ha expuesto sin piedad los profundos fallos de nuestros mercados laborales. Empresas de todos los tamaños ya han cesado sus operaciones, han reducido las horas de trabajo y despedido al personal. Muchas están al borde del colapso, a medida que van cerrando tiendas y restaurantes, se cancelan vuelos y reservas de hoteles, y las empresas optan por el trabajo a distancia. A menudo, los primeros en quedarse sin trabajo son aquellos cuyo empleo ya era precario: vendedores, camareros, personal de cocina, limpiadores o los que ayudan con el equipaje.
En un mundo en el que solo una de cada cinco personas tiene derecho a una prestación por desempleo, los despidos son una catástrofe para millones de familias. Al no tener derecho, en muchos casos, a una licencia por enfermedad remunerada, cuidadores y repartidores, de los que todos dependemos ahora, suelen verse presionados a seguir trabajando incluso si están enfermos. Del mismo modo, en el mundo en desarrollo, los trabajadores a destajo, los jornaleros y los comerciantes informales pueden vivir la misma presión ante la necesidad de alimentar a sus familias. Todos sufriremos por esta situación. No sólo aumentará la propagación del virus, sino que a largo plazo amplificará drásticamente los ciclos de pobreza y desigualdad.
Tenemos la posibilidad de salvar millones de puestos de trabajo y de empresas si los gobiernos actúan con determinación para garantizar la continuidad de las empresas, impedir despidos y proteger a los trabajadores vulnerables. Las decisiones que adopten hoy determinarán la salud de nuestras sociedades y nuestras economías en los años venideros.
Es imprescindible aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas sin precedentes para evitar que la actual caída precipitada no se convierta en una recesión prolongada. Debemos asegurarnos de que la gente tenga suficiente dinero en el bolsillo para llegar a fin de mes. Para ello, debemos asegurarnos de que las empresas, que son la fuente de ingresos de millones de trabajadores, puedan mantenerse a flote durante la fuerte recesión y estén en condiciones de volver a funcionar tan pronto como las condiciones lo permitan. En particular, se necesitarán medidas adaptadas a los trabajadores más vulnerables, incluidos los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen un empleo temporal, que tal vez no reúnan los requisitos para obtener un seguro de desempleo o de salud, y a los que es más difícil llegar.
Mientras los gobiernos tratan de aplanar la curva ascendente de la infección, necesitamos medidas especiales para proteger a los millones de trabajadores de la salud y de la asistencia sanitaria que cada día arriesgan su propia salud por nosotros; la mayoría de los cuales son mujeres, y sobre todo en el sistema sanitario español, siendo uno de los sistemas más feminizados de Europa.
Además, el director de la OIT apunta que, se ha de proteger debidamente a los camioneros y la gente de mar, que entregan equipos médicos y otros artículos de primera necesidad. El teletrabajo ofrece nuevas posibilidades para que los trabajadores sigan trabajando y los empleadores continúen sus negocios durante la crisis. Sin embargo, los trabajadores deben poder negociar estas fórmulas laborales para poder mantener el equilibrio con otras responsabilidades, como el cuidado de los hijos (recordemos que éstos permanecen ahora en casa y la labor de algunos progenitores es la de vigilar y controlar sus nuevas vías educativas frente a esta crisis), los enfermos o los ancianos y, por supuesto, de ellos mismos.
Muchos países ya han introducido paquetes de medidas de estímulo sin precedentes para proteger a la sociedad y la economía, y también para mantener el flujo de dinero hacia los trabajadores y las empresas. Para optimizar la eficacia de esas medidas, es imprescindible que los gobiernos trabajen con las organizaciones de empleadores y sindicatos afin de encontrar soluciones prácticas que preserven la seguridad de la población y protejan los puestos de trabajo. En el caso español, el pasado 12 de marzo el gobierno aprobó una serie de medidas laborales plasmadas en el Real Decreto-ley 7/2020, y con el fin de prestar una respuesta urgente frente a la crisis del COVID-19. Dicho Decreto responde además a las demandas y propuestas ofrecidas desde los sindicatos y patronal.
Estas medidas incluyen el apoyo a los ingresos, las subvenciones salariales y subvenciones para los despidos temporarios a quienes tienen un empleo más formal, créditos fiscales a los trabajadores autónomos, y ayuda financiera a las empresas.
Además de aplicar fuertes medidas nacionales, una actuación multilateral decisiva debe ser la piedra angular de una respuesta mundial a un enemigo mundial. La Cumbre virtual extraordinaria del G20 sobre la respuesta de COVID-19 del 26 de marzo fue una primera medida mundial para poner en marcha esta respuesta coordinada, mientras que por otro lado, el Consejo de Europa desaprovechó la oportunidad de luchar conjuntamente contra la mayor crisis sanitaria que ha vivido el mundo y Europa en los últimos años.
En estos tiempos sumamente difíciles, cabe recordar un principio establecido en la Constitución de la OIT: La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos. Nos recuerda que, en los años venideros, la eficacia de nuestra intervención ante esta amenaza existencial posiblemente sea juzgada no solo por la amplitud y la rapidez de las inyecciones de efectivo, o por la curva de recuperación, sino por lo que hicimos por los más vulnerables.
Mientras tanto, en España el Gobierno amplía sus medidas de confinamiento y paraliza toda la actividad no esencial asegurando la no suspensión del sueldo y la recuperación de dichas horas de trabajo en el futuro tras la crisis del COVID-19. Atendiendo a El Economista, estas medidas se pusieron en marcha tras registrarse en el paro más de dos millones de trabajadores por el coronavirus.
