La resolución del organismo de la Organización de Naciones, anticipada hace año y medio por Ibercampus.es, es vinculante para España y concluye que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia de Garzón al no observar las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en el 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la ‘trama Gürtel’ con sus abogados. La noticia de la admisión a trámite de la demanda contra la vulneración de derechos humanos en España no fue recogida en su momento por asociaciones de la prensa que a veces denuncian violaciones similares relativas a la información.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas critica que el magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Así, exige al Estado español una «reparación integral» a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione «una compensación adecuada por el daño sufrido».
El dictamen da a España seis meses para «garantizar una reparación efectiva» por los derechos lesionados al juez Baltasar Garzón, quien estos años de inhabilitación -además de publicar diversos libros- ha trabajado entre otros casos en asuntos vinculados a denuncias de corrupción no siempre probadas en el caso Odebrech, que ha salpicado desde Brasil a más de otra decena de países latinoamericanos: «Hemos visto una persecución sistemática de líderes de gobiernos populares latinoamericanos», declaró Garzón al anunciar su reingreso en 2021 y visitar en la cárcel a Lula da Silva, quien luego ha vuelto a la política en Brasil tras ser desplazado por Bolsonaro con el escándalo Odebrecht. Antes, le devolvieron con gran polémica en Brasil un doctorado Honoris Causa quitado al encarcelarle por la Universidad Estatal de Alagoas (Uneal). También México inició hace poco más de dos años el primer proceso judicial por Odebrecht, grupo que corrompió a políticos de 14 países (12 países americanos y 2 africanos acusados de sobornos).
«El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida», detalla el escrito, que aboga por una «reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados».
«En consecuencia, el Estado parte tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido durante la década de separación efectiva de su carrera judicial. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro», concluye. Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que le de publicidad.
